Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | Ene – Mar | 2026 pág. 74
Evaluación del conocimiento sobre instrumentos jurídicos para
combatir el cambio climático en estudiantes de la Universidad
Nacional de Chimborazo
Assessment of knowledge about legal instruments to combat climate
change in students of the National University of Chimborazo
Herrera-Acosta, Carlos Ernesto
1
Macias-Moyano, Gloria Sthifany
2
https://orcid.org/0000-0002-1446-9788
https://orcid.org/0009-0002-7743-8636
ceherrera@unach.edu.ec
gloria.macias@unach.edu.ec
Ecuador, Riobamba, Universidad Nacional de
Chimborazo
Ecuador, Riobamba, Universidad Nacional de
Chimborazo
Yépez-Pavez, María Emilia
3
Mena-Aguayo, Mireya Belén
4
https://orcid.org/0009-0007-7672-3255
https://orcid.org/0009-0001-1920-6573
emilia.yepez@unach.edu.ec
mireya.mena@unach.edu.ec
Ecuador, Riobamba, Universidad Nacional de
Chimborazo
Ecuador, Riobamba, Universidad Nacional de
Chimborazo
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n1/231
Resumen: El presente artículo examina de manera crítica
y sistemática las herramientas jurídicas disponibles para
combatir los efectos del cambio climático, desde una
perspectiva internacional, nacional y local. A nivel global, el
fenómeno del cambio climático representa uno de los
desafíos más apremiantes del siglo XXI, amenazando
ecosistemas, economías y comunidades humanas.
Mediante un diseño metodológico mixto que combina
análisis documental sistemático de instrumentos jurídicos
internacionales (Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, Protocolo de Kyoto, Acuerdo de
París) y legislación nacional ecuatoriana, junto con una
encuesta aplicada a 370 estudiantes universitarios de la
Universidad Nacional de Chimborazo, esta investigación
identifica las brechas existentes entre los marcos
normativos establecidos y su implementación efectiva. Los
resultados evidencian que, si bien existe un robusto
andamiaje jurídico internacional y nacional para enfrentar el
cambio climático, persisten deficiencias significativas en
términos de conocimiento ciudadano, mecanismos de
justicia climática accesibles y coordinación entre diferentes
niveles de gobierno. El estudio revela que el
constitucionalismo ecológico ecuatoriano ofrece una
perspectiva innovadora pero requiere mayor desarrollo en
su exigibilidad.
Palabras clave: cambio climático, derecho ambiental,
legislación nacional, política ambiental, desarrollo
sostenible.
Research Article
Receptado: 26/Nov/2025
Aceptado: 30/Dic/2025
Publicado: 31/Ene/2026
Cita: Herrera-Acosta, C. E., Macias-Moyano,
G. S., Yépez-Pavez, M. E., & Mena-Aguayo, M.
B. (2026). Evaluación del conocimiento sobre
instrumentos jurídicos para combatir el cambio
climático en estudiantes de la Universidad
Nacional de Chimborazo. Journal of Economic
and Social Science Research, 6(1), 74-
93. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n1/2
31
Journal of Economic and Social Science
Research (JESSR)
https://economicsocialresearch.com
jessr@editorialgrupo-aea.com
info@editoriagrupo-aea.com
Nota del editor: Editorial Grupo AEA se
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Artículo Científico
Enero – Marzo 2026
Abstract:
This article critically and systematically examines the legal tools available to combat
the effects of climate change from an international, national, and local perspective.
Globally, climate change represents one of the most pressing challenges of the 21st
century, threatening ecosystems, economies, and human communities. Using a
mixed-methods approach that combines systematic documentary analysis of
international legal instruments (United Nations Framework Convention on Climate
Change, Kyoto Protocol, Paris Agreement) and Ecuadorian national legislation, along
with a survey of 370 university students from the National University of Chimborazo,
this research identifies the gaps between established legal frameworks and their
effective implementation. The results show that, while a robust international and
national legal framework exists to address climate change, significant shortcomings
persist in terms of public awareness, accessible climate justice mechanisms, and
coordination among different levels of government. The study reveals that Ecuadorian
ecological constitutionalism offers an innovative perspective but requires further
development in its enforcement mechanisms.
Keywords: climate change, environmental law, national legislation, environmental
policy, sustainable development.
1. Introducción
La atención administrativa es un factor de la calidad global de los servicios de salud,
siendo el primer contacto formal del usuario con el sistema; esta dimensión
administrativa, a menudo descuidada en comparación con los aspectos clínicos,
define en gran medida la satisfacción del paciente y la eficiencia del sistema sanitario,
y conocer cómo la valoran los usuarios permite identificar aspectos a mejorar y
desarrollar estrategias para mejorar la experiencia del usuario y los indicadores de
calidad institucional.
A nivel mundial, la comunidad internacional ha reaccionado creando un régimen
jurídico sofisticado que se inició con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), continuó con el Naciones Unidas ( 1998)
y se consolidó con el Acuerdo de París (CMNUCC, 2015). Pero detrás de estos
compromisos internacionales sigue existiendo una gran distancia entre la palabra y la
obra, que revela los límites estructurales de las vías jurídicas internacionales para
generar transformaciones efectivas en las economías extractivistas.
América Latina y en especial Ecuador son vulnerables al cambio climático, generando
la paradoja de que la región es responsable de solo el 8% de las emisiones mundiales
de CO₂ (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022), pero
enfrenta amenazas desproporcionadas a su biodiversidad y tiene desigualdades
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socioeconómicas estructurales que restringen las capacidades adaptativas de los
grupos más vulnerables.
Ecuador, país megadiverso con ecosistemas altamente vulnerables como la
Amazonía, los Andes y Galápagos, se convirtió en el primero en el mundo en
consagrar los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008, influyendo en el
constitucionalismo ecológico o "nuevo constitucionalismo latinoamericano". Pero esta
revolucionaria innovación jurídica ha encontrado grandes dificultades para hacerse
realidad y choca una y otra vez con el modelo extractivista de desarrollo económico
que siempre ha prevalecido en el país y que crea una tensión irresoluble entre los
preceptos constitucionales de protección ambiental y las políticas económicas
aplicadas.
En las universidades ecuatorianas existe una desconexión preocupante entre el
conocimiento académico sobre cambio climático y el manejo de las herramientas
jurídicas para combatirlo. Las universidades, como productoras de los futuros
profesionales, legisladores y tomadores de decisiones tienen la responsabilidad social
de fomentar el conocimiento integral de los marcos legales climáticos más allá de la
información técnica. La evidencia inicial indica que la formación ambiental en las
instituciones de educación superior ecuatorianas se centra en las dimensiones
científico-técnicas del cambio climático, excluyendo las dimensiones jurídicas,
políticas y éticas, las cuales son necesarias para abordarlo integralmente.
El planeta ha pasado por diversos cambios climáticos a lo largo de la historia por
causas cósmicas o naturales, pero el actual se suele vincular con la actividad humana
por lo que es fundamental conocer las consecuencias jurídicas de este fenómeno
global para sensibilizar a la población sobre el perjuicio de ignorar el deterioro
ambiental; el artículo trata sobre las medidas jurídicas para luchar contra el cambio
climático, uno de los mayores problemas de nuestro tiempo que exige una respuesta
urgente, concertada y multisectorial.
Desde la perspectiva jurídica e institucional, es necesaria una comprensión profunda
de la adaptación al cambio climático como concepto esencial para asegurar su
implementación exitosa debido a que, estas problemáticas amenazan la vida humana
y los ecosistemas, causando la desaparición de la biodiversidad, lo que hace
imprescindible el establecimiento de marcos normativos sólidos que faciliten
soluciones eficaces (García, 2024).
Asimismo, la lucha contra el cambio climático tiene implicaciones jurídicas que deben
examinar perspectivas nacionales e internacionales, con la participación del sector
privado y el Estado como actores en la elaboración de soluciones sostenibles. La
magnitud del fenómeno climático requiere trascender abordajes fragmentados y
asumir miradas sistémicas que reconozcan la interdependencia entre crisis climática,
crisis de biodiversidad, desigualdades socioeconómicas y modelos de desarrollo
insostenibles.
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Por otra parte, el Acuerdo de París ha supuesto un punto de inflexión al conseguir un
marco mundial que intenta equilibrar ambición y eficacia en la lucha contra el cambio
climático y demuestra el papel de los instrumentos jurídicos internacionales como
herramientas de coordinación y compromiso (Iglesias, 2020). En ese marco, las
medidas que se implementen para la mitigación y adaptación deberán de estar
alineadas con los marcos internacionales y articularse con las prioridades nacionales
y en cumplimiento de la legislación nacional.
Para De La Sala & Pérez (2019), el suelo y el derecho urbanístico son armas
urbanístico-fiscales con potencial para luchar contra el cambio climático y, además, el
enfoque holístico reconoce que la respuesta jurídica al cambio climático debe ser
pluridimensional y afectar a las diferentes ramas del ordenamiento jurídico:
constitucional, administrativa, penal, tributaria, civil.
El objetivo es analizar las herramientas jurídicas para combatir el cambio climático,
explorar cómo el derecho puede servir para reducir el riesgo de desastres, proteger
ecosistemas vulnerables y promover modelos de desarrollo sostenible; así mismo, la
investigación se fundamenta en materiales que ayuden a la ética, eficacia y eficiencia,
que están en constante actualización o cambio para mejorar, cuidar y concienciar, por
lo tanto, debe de apoyarse en fuentes documentales confiables y verdaderas.
En el panorama actual, según Sandoval, (2023) donde el cambio climático no es
solamente un asunto técnico o científico, sino principalmente un reto de gobernanza
que demanda soluciones jurídicas adaptadas a las especificidades de cada contexto
territorial, se vuelve claro la necesidad de reforzar los marcos normativos existentes y
crear nuevos instrumentos legales para ofrecer una respuesta más sólida y
coordinada frente a los desafíos del calentamiento global.
En ese sentido, la investigación hace uso de un enfoque metodológico de análisis
documental para explorar las herramientas jurídicas vigentes en materia de cambio
climático en el ámbito nacional e internacional. Su propósito es develar las lagunas
normativas entre lo que se promete y lo que se hace. La investigación se organiza en
cuatro partes fundamentales: primero, se examina el entorno legal internacional del
cambio climático y su desarrollo a lo largo de la historia; segundo, se estudia cómo
estos instrumentos han sido adaptados al sistema legal nacional ecuatoriano; tercero,
se analizan los métodos para exigir justicia climática; y por último, se sugieren
recomendaciones específicas para robustecer la estructura jurídica actual, con énfasis
en mecanismos de implementación, monitoreo y rendición de cuentas que puedan
traducir los compromisos normativos en acciones concretas y medibles.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI y el
derecho es una de las maneras de enfrentarlo, creando así abundante literatura que
analiza desde diferentes perspectivas la agencia de las herramientas jurídicas en la
acción climática y cómo son vehículos necesarios para la transformación hacia
sociedades sostenibles y resilientes.
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A. El derecho internacional y su desarrollo histórico
El régimen internacional para hacerle frente al cambio climático, que se puso en
marcha en 1992 con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, ha representado uno de los mayores retos de la acción internacional
contemporánea, echando mano de diversas técnicas negociadoras y arreglos jurídicos
con resultados diversos (Encarnación, 2022). Pero el Acuerdo de París supone un
punto de inflexión al definir un marco global para intentar conciliar ambición y eficacia
por medio de soluciones híbridas que tiran de la caja de herramientas del derecho
internacional, en la práctica producto de equilibrios políticos frágiles.
La investigación de Córdova (2021) sobre México ante el cambio climático desde la
mirada de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales aborda cómo los
Estados deben armonizar sus obligaciones internacionales con sus marcos
normativos internos, mientras que Bran (2024) reconoce ciertos desafíos jurídicos que
deben analizarse desde perspectivas internacionales y nacionales, donde el sector
privado y el Estado son actores relevantes para desarrollar soluciones sustentables.
B. Instrumentos jurídicos locales y territoriales
La escala territorial de la respuesta jurídica al cambio climático es cada vez más
relevante en la literatura científica (Simou, 2021) con los instrumentos jurídicos locales
de cambio climático y las ciudades inteligentes, mostrando cómo los gobiernos
subnacionales pueden desarrollar marcos regulatorios adaptados a sus contextos
locales, complementado por Falcón (2023) y las comunidades energéticas como
nuevas formas emergentes de lucha contra el cambio climático desde espacios
locales de gobernanza participativa. Por su parte, Alenza (2022) estudia los objetivos
y principios de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como ejemplo de
cómo la legislación sectorial puede integrar distintas dimensiones de la acción
climática, mientras que De La Sala & Pérez (2019) muestra cómo las políticas de suelo
y el derecho urbanístico se han convertido en mecanismos urbanístico-tributarios con
potencial para luchar contra el cambio climático, evidenciando la necesidad de
enfoques multidimensionales que involucren diversas áreas del ordenamiento jurídico.
C. Mecanismos justicia climática y litigación
La justicia climática y la litigación estratégica son mecanismos para responsabilizar a
los Estados y las empresas por sus obligaciones climáticas; en ese sentido, la justicia
climática reconoce que el cambio climático afecta con mayor intensidad a los países
en desarrollo, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y los grupos vulnerables
que menos han contribuido al calentamiento global.
Las últimas decisiones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señalan que los Estados deben disminuir emisiones, eliminar
combustibles fósiles y financiar la adaptación Política Exterior (García, 2024); un giro
paradigmático sobre los deberes estatales frente al cambio climático. Estas decisiones
innovadoras han sentado precedentes en los que la inacción climática puede violar
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los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la
alimentación y a un medio ambiente saludable.
En ese contexto, Gómez (2024) examina la litigación estratégica para mujeres y niñas
migrantes climáticas, donde los tribunales pueden defender a poblaciones vulnerables
desplazadas por el clima, mientras que De Paz González (2021) identifica tendencias
globales de justicia ambiental y litigio climático, pero que evidencian la judicialización
de las demandas climáticas. La litigación climática se ha convertido en una
herramienta en jurisdicciones tan dispares como Países Bajos (caso Urgenda),
Colombia (caso Amazonía), Estados Unidos (caso Juliana) o Pakistán (caso Leghari),
demostrando que los tribunales pueden ser foros de exigibilidad cuando los poderes
ejecutivos y legislativos incumplen sus obligaciones climáticas. Por su parte, Aguilar
et al. (2021) se refieren al acceso a la justicia climática como el derecho de acceso a
la justicia ambiental como un mecanismo de control del cambio climático y de rendición
de cuentas de actores públicos y privados.
D. Transición justa y aspectos sociolaborales
La transición hacia economías bajas en carbono ha ido integrando dimensiones de
justicia social; así, Álvarez (2020) examina la transición justa y la lucha contra el
cambio climático en el Pacto Verde Europeo y en el Proyecto de Ley de Cambio
Climático en España y juzga que las transformaciones económicas necesarias deben
garantizar la protección de los trabajadores y las comunidades dependientes de
sectores intensivos en carbono.
Esta mirada se adentra en futuras investigaciones del mismo autor (Álvarez, 2022)
para analizar si la Ley de Cambio Climático española es una apuesta por una
transición justa en sus medidas sociolaborales y cómo concretan sus obligaciones
climáticas para las empresas en el marco internacional de cambio climático, en el que
el sector privado tiene obligaciones específicas bajo marcos de derechos humanos y
empresas.
Entre cambio climático y ordenamiento territorial se ha desarrollado literatura científica
sobre instrumentos de planificación como herramientas de adaptación y mitigación,
por ejemplo, Currie y Pérez (2021), quienes analizan cambio climático y planificación
urbana en Chile, con desafíos para la Evaluación Ambiental Estratégica en la
incorporación de factores climáticos en las decisiones de desarrollo territorial.
Por otra parte, Belloso et al., (2024) analizan una Nueva Agenda Urbana como
herramienta de renaturalización frente al cambio climático, mostrando cómo algunas
de las políticas urbanas pueden fortalecer la resiliencia de las ciudades con soluciones
basadas en la naturaleza, complementando los enfoques de eficacia normativa que
Rodríguez et al., (2024) estudian en la efectividad de los marcos legales para proteger
la naturaleza.
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E. Del constitucionalismo ecológico ecuatoriano
El constitucionalismo ecológico ecuatoriano es una revolución jurídica que va más allá
del antropocentrismo del derecho ambiental para reconocer a la naturaleza como
sujeto de derechos. La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce en sus arts. 71-74
que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y se mantengan y regeneren
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Este reconocimiento
implica un cambio paradigmático en la relación sociedad-naturaleza, de una relación
de dominio y explotación a una de respeto, convivencia y reciprocidad, principios de
las cosmovisiones indígenas andinas del Sumak Kawsay.
Los mecanismos de mercado son instrumentos jurídico-económicos de mitigación,
como analizan Peñaherrera (2024) en compensaciones de carbono en el
ordenamiento jurídico ambiental ecuatoriano, para establecer cómo pueden
incorporarse armónicamente en la legislación nacional (p.128), o como estudia Flores
(2023) en cambio climático y mercados de carbono en Ecuador: un balance crítico de
potencialidades y limitaciones.
El caso ecuatoriano es único al reconocerle derechos a la naturaleza en la
Constitución; en ese contexto, Sánchez (2023a) examina el cambio climático en
Ecuador desde las competencias ambientales constitucionales del Gobierno
Autónomo Provincial de Morona Santiago desde el pluralismo jurídico y los derechos
de la naturaleza, mostrando tensiones y complementariedades entre sistemas
jurídicos. En otro artículo, el mismo autor (Sánchez, 2023b) trata sobre el pluralismo
jurídico y los derechos de la naturaleza como mecanismo de lucha contra el cambio
climático desde Ecuador, ya que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de
derechos es una nueva figura jurídica capaz de cambiar la forma de pensar en la
relación sociedad-naturaleza; en cambio, Pineda y Vilela (2020) analizan a la
naturaleza como sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico ecuatoriano desde
perspectivas dogmáticas.
2. Materiales y métodos
La investigación utilizó un diseño metodológico mixto, combinando el análisis
documental sistemático con instrumentos cuantitativos, para reconocer y valorar las
herramientas jurídicas destinadas a combatir el cambio climático y establecer el nivel
de conocimiento que posee la comunidad universitaria ecuatoriana sobre estas
herramientas jurídicas.
Diseño
La investigación siguió un diseño no experimental, descriptivo-analítico de corte
transversal, en dos fases metodológicas complementarias. La primera parte consistió
en una revisión documental sistemática de carácter cualitativo para identificar el marco
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normativo internacional y nacional en materia de cambio climático. La primera,
cuantitativa, encuestando de forma estructurada a estudiantes universitarios para
medir su conocimiento, percepción y familiaridad con las herramientas jurídicas
climáticas (Rodríguez et al., 2024).
Población y muestra
La población de estudio fueron estudiantes matriculados en la Universidad Nacional
de Chimborazo (UNACH) en el periodo académico 2024, según datos oficiales de la
universidad, que corresponden a 10.061 estudiantes de pregrado. Para el cálculo del
tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de muestreo aleatorio simple para
poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% (Z=1.96) y un margen de error
del 5% (e=0.05), asumiendo una proporción esperada del 50% (p=0.5 y q=0.5) que
maximiza el tamaño muestral y garantiza la representatividad en ausencia de estudios
previos de la variable (Arias-Odón, 2023). Estos estadísticos delimitaron una muestra
de 370 estudiantes de las diferentes facultades de la institución.
Instrumento de recolección de datos
El instrumento fue un cuestionario estructurado en base a la matriz de
operacionalización de variables, que desagregó el constructo "conocimiento de
instrumentos jurídicos climáticos" en las dimensiones: marco jurídico internacional,
marco jurídico nacional y mecanismos de justicia climática. El cuestionario contenía
preguntas de opción múltiple y escalas tipo Likert para evaluar el conocimiento sobre
algunas herramientas jurídicas y la percepción sobre la eficacia de las herramientas
jurídicas climáticas. La recolección de datos se realizó mediante Google Forms,
garantizando el anonimato de las respuestas y la participación voluntaria de los
estudiantes.
Análisis de datos
Los datos recolectados se exportaron a Microsoft Excel para organizar y analizar de
forma estadística descriptiva; consecuentemente, se calcularon frecuencias absolutas
y relativas para cada variable, cuyos resultados se plasmaron en tablas de frecuencias
y porcentajes, así como gráficos de barras que muestran el nivel de conocimiento y
percepción de los estudiantes universitarios sobre las herramientas jurídicas para
luchar contra el cambio climático. Esta presentación permitió reconocer patrones de
conocimiento y brechas formativas en la comunidad universitaria estudiada.
Tabla 1
Matriz de operacionalización de variables
Variable
Dimensión
Conceptualización
Indicador
Conocimiento de
instrumentos
jurídicos climáticos
Marco jurídico
internacional
El conocimiento que tienen
los actores sobre los
principales instrumentos
jurídicos internacionales
sobre cambio climático y sus
mecanismos de
implementación.
Conocimiento y
comprensión de la
Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático, el Protocolo
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de Kioto y el Acuerdo de
París.
Marco legal
nacional
Conocimiento de leyes
ambientales
Identificación de normas
constitucionales, leyes o
ambientales
Mecanismos de
justicia climática
Conocimiento de las
herramientas legales para
responsabilizar por el clima a
entidades públicas y
privadas.
Conocimiento de litigio
climático, medidas de
protección, garantías
jurisdiccionales y otros
mecanismos de defensa
ambiental.
Eficacia de las
herramientas
jurídicas
Marco normativo
Opinión sobre el grado de
implementación y
cumplimiento real de la
normativa climática en el
marco institucional.
Análisis entre el marco
normativo y su aplicación
y la eficacia de los
mecanismos de control.
Accesibilidad
institucional
Percepción de la facilidad
con la que la ciudadanía
puede hacer uso de
mecanismos legales de
participación y exigibilidad
climática.
Percepción de barreras
de acceso a la justicia
climática y de
disponibilidad de
información jurídica
ambiental.
Nota: (Autores, 2026).
3. Resultados
3.1. Caracterización de la población de estudio
La muestra de 370 estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo es
representativa de las diferentes disciplinas; predominan estudiantes de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administrativas (39.1%), Ingeniería (20.9%), Ciencias de la Salud
(20.6%) y Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías (18%). Esta estructura
es adecuada para evaluar el conocimiento jurídico-ambiental, porque estas facultades
egresan futuros profesionales que incidirán en la gestión ambiental, las políticas
públicas, la educación ciudadana, las decisiones técnicas sobre cambio climático.
La dispersión más o menos homogénea entre los niveles académicos (desde primer
semestre con 18.2% hasta octavo semestre con 6.5%) permite evidenciar si hay
progresión de conocimientos jurídico-ambientales a medida que avanzan en su
formación profesional. El grupo de edad predominante entre 18 y 21 años (60.5% de
la muestra) es la generación que más sufrirá los efectos del cambio climático y que
deberá llevar a cabo las políticas de mitigación y adaptación en las próximas décadas.
La distribución por género, ligeramente mayoritariamente femenina (50.9%), sigue las
tendencias actuales de acceso a la educación superior en Ecuador y posibilita analizar
las percepciones desde una perspectiva de género, ya que las mujeres se ven
afectadas de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático, de
acuerdo con la evidencia internacional.
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3.2. Resultados
3.2.1. Conocimiento de instrumentos jurídicos internacionales
El estudio del conocimiento sobre las herramientas jurídicas internacionales para
luchar contra el cambio climático arrojó resultados alarmantes. Cuando se les
preguntó si conocían los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el
Acuerdo de París, el 29.8% se mostró "ni de acuerdo ni en desacuerdo" y el 25.5%
"de acuerdo" en conocer dichos instrumentos (Tabla 2).
Tabla 2
Conocimiento de instrumentos jurídicos internacionales
Indicador
Calificación promedio
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
2.9
Protocolo de Kyoto
2.7
Acuerdo de París
3.0
Nota: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta, (Autores, 2026).
Los resultados del primer indicador de la matriz de operacionalización (conocimiento
y comprensión de la CMNUCC, Protocolo de Kioto y Acuerdo de París) muestran una
gran deficiencia en la alfabetización jurídico-ambiental de los futuros profesionales
ecuatorianos. Las calificaciones promedio entre 2.7 y 3.0 en una escala de 5
evidencian un conocimiento insuficiente-bajo de los principales instrumentos del
régimen climático internacional. Resulta alarmante que el 34.6% de los estudiantes
afirme conocer poco o nada sobre estos instrumentos vitales, más aún cuando
Ecuador forma parte de estos tratados internacionales desde su inicio y estos marcos
crean obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado. Esta distancia entre los
compromisos internacionales del Estado ecuatoriano y el dominio que tienen los
futuros profesionales sobre estos instrumentos es una restricción estructural para
implementar políticas climáticas nacionales, porque estos estudiantes trabajarán en
pocos años en posiciones gerenciales en instituciones públicas, privadas, ONG y
espacios de decisión donde tendrán que aplicar estos marcos normativos.
El desconocimiento de los mecanismos de estos tratados (Mecanismo de Desarrollo
Limpio del Protocolo de Kioto, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del
Acuerdo de París, mecanismos de financiamiento climático, sistemas de monitoreo,
reporte y verificación) dejará a los egresados sin las herramientas conceptuales y
procedimentales para involucrarse en procesos de política climática, negociaciones
internacionales, diseño de proyectos de mitigación y adaptación o evaluación de
cumplimiento de compromisos internacionales. Esto se agrava en Latinoamérica, que
genera apenas el 8% de las emisiones globales, pero sufre de manera
desproporcionada los efectos del cambio climático, y necesita profesionales que
sepan moverse en el entramado de la justicia climática internacional para exigir
responsabilidades diferenciadas y acceder a mecanismos de compensación y
financiamiento climático. La falta de educación formal sobre estas herramientas
legales internacionales en las universidades ecuatorianas continúa sosteniendo la
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desigualdad de poder en las negociaciones climáticas globales y restringe la
capacidad del país para defender sus derechos en escenarios internacionales.
3.2.2. Familiaridad con legislación ambiental ecuatoriana
Sobre el conocimiento de la legislación ambiental ecuatoriana en materia de cambio
climático y derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de 2008, los
resultados reflejan la misma situación de desconocimiento. El 32.2% de los
estudiantes se mostró "de acuerdo" con conocer esta ley, el 27.6% se mostró "ni de
acuerdo ni en desacuerdo" (Tabla 3).
Tabla 3
Familiaridad con la legislación ambiental ecuatoriana
Indicador
Calificación
promedio
Constitución de la República del Ecuador (derechos de la naturaleza)
3.2
Leyes orgánicas ambientales
2.9
Reglamentos climáticos
2.8
Nota: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta, (Autores, 2026).
Los datos del segundo indicador de la matriz (identificación de normas
constitucionales de derechos de la naturaleza, leyes ambientales y reglamentos
específicos) muestran una paradoja en el caso ecuatoriano. Si bien Ecuador fue el
primer Estado en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su
constitución en 2008, convirtiéndose en un modelo mundial del constitucionalismo
ecológico, el 26.8% de los estudiantes universitarios encuestados manifiesta tener
poco o ningún conocimiento sobre este marco constitucional y legal. Las notas
promedio entre 2.8 y 3.2 señalan que incluso quienes dicen conocer estos
instrumentos tienen un conocimiento superficial que probablemente no les permite
activar realmente estos derechos o entender sus implicaciones legales. Esta falla
institucional es un gran fracaso en la difusión al mundo de uno de los mayores
aportes jurídicos de Ecuador al mundo, como son los derechos de la naturaleza, un
nuevo paradigma de relación jurídica entre humanidad y naturaleza que supera al
antropocentrismo del derecho ambiental (García & Vargas, 2023).
El desconocimiento del marco legal nacional influye en la justiciabilidad de los
derechos ambientales y climáticos en Ecuador, así pues, si los futuros profesionales
desconocen las normas constitucionales que consagran a la naturaleza como sujeto
de derechos, las leyes orgánicas ambientales que las desarrollan y la normativa
específica en materia de cambio climático, no estarán en condiciones de reconocer
violaciones a estos derechos, promover acciones judiciales para su defensa o actuar
como peritos técnicos en juicios ambientales. Esto es preocupante, ya que Ecuador
está permanentemente asediado por actividades extractivistas (minería, petróleo) que
ponen en riesgo ecosistemas sensibles como la Amazonía o el Chocó Andino, y
porque la vigencia de los derechos de la naturaleza depende de que haya actores
sociales y profesionales capaces de movilizarlos jurídicamente (Pita-Arizaga, 2025).
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3.2.3. Conocimiento de herramientas jurídicas territoriales y sectoriales
Sobre el conocimiento de instrumentos jurídicos territoriales y sectoriales, como
políticas de suelo, planificación urbana y mercados de carbono para luchar contra el
cambio climático, los hallazgos muestran un conocimiento entre bajo y medio. El
29.8% de los estudiantes estuvo "de acuerdo" en conocer estas herramientas y el
23.9% se mostró "ni de acuerdo ni en desacuerdo" (Tabla 4).
Tabla 4
Conocimiento de herramientas jurídicas territoriales y sectoriales
Indicador
Calificación promedio
Políticas de suelo y ordenamiento territorial
2.8
Planificación urbana con enfoque climático
2.9
Mercados de carbono
2.6
Compensaciones ambientales
2.7
Nota: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta, (Autores, 2026).
Los resultados asociados al tercer indicador de la matriz acerca del reconocimiento
de litigio climático, medidas de protección, garantías jurisdiccionales y mecanismos
de defensa ambiental muestran que el 36% de los estudiantes conoce poco o nada
sobre las herramientas jurídicas territoriales y sectoriales para hacer frente al cambio
climático. Las notas promedio entre 2.6 y 2.9 para políticas de suelo, planificación
urbana climática, mercados de carbono y compensaciones ambientales muestran un
desconocimiento preocupante sobre las herramientas más prácticas de gobernanza
climática. Este descubrimiento es importante porque estos instrumentos son las
herramientas concretas a través de las cuales los marcos jurídicos abstractos
(constitucionales, internacionales) se concretan en medidas prácticas sobre el terreno.
El desconocimiento de litigio climático impide exigir responsabilidades a empresas y
gobiernos por daños ambientales o incumplimiento de compromisos climáticos, y el
desconocimiento de garantías jurisdiccionales constitucionales (acciones de
protección, medidas cautelares) obstaculiza la activación de mecanismos urgentes
para detener actividades que pongan en riesgo ecosistemas sensibles.
Esta falta de conocimiento sobre mecanismos de justicia climática no se limita al
contexto nacional ecuatoriano, sino que se inscribe en tendencias regionales y
globales. En Latinoamérica, el litigio climático estratégico se está aprovechando para
exigir acciones gubernamentales frente al cambio climático, con casos de alto impacto
en Colombia, Brasil y Argentina que han creado jurisprudencia para proteger
ecosistemas y derechos de comunidades vulnerables. Pero si los futuros
profesionales ecuatorianos no conocen estos mecanismos, el país se quedará atrás
en esta ola de activismo jurídico climático que está redefiniendo las relaciones de
poder entre ciudadanos, empresas y Estados en la región.
3.2.4. Opinión sobre si la formación universitaria es suficiente.
Cuando se les preguntó si consideran que su actual formación universitaria trata sobre
cambio climático y herramientas jurídicas ambientales, las respuestas fueron diversas.
El 30.3% se mostró "ni de acuerdo ni en desacuerdo", el 22.8% "de acuerdo", el 21.2%
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"de acuerdo", el 13.9% "totalmente de acuerdo" y el 11.8% "totalmente en desacuerdo"
(Tabla 5).
Tabla 5
Opinión sobre si la formación universitaria es suficiente
Indicador
Calificación promedio
Cambio climático
3.1
Herramienta ambiental jurídica
2.9
Integración espacios jurídicos climáticas
3.0
Nota: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta, (Autores, 2026).
Los datos sobre la percepción estudiantil sobre si su formación universitaria los ha
preparado lo suficiente en cambio climático y herramientas jurídicas ambientales
(30.3% neutral, 35.1% positiva y 25.7% negativa) muestran una valoración mixta que
se ajusta al cuarto indicador de la matriz de operacionalización: la brecha entre el
marco jurídico formal y su aplicación. Esta dispersión de opiniones muestra que no
hay uniformidad en la calidad y profundidad de la formación, lo que indica que la
incorporación de contenidos jurídico-ambientales en las mallas curriculares es
heterogénea entre facultades y carreras. El elevado número de estudiantes neutros
(30.3%) es particularmente revelador, ya que esta indecisión puede indicar que
consideran que los contenidos son superficiales o alejados de la realidad, dudando de
su aplicabilidad a la vida laboral. Y eso demuestra lo que la literatura identifica como
"educación climática descontextualizada": enseñar hechos científicos sobre el cambio
climático sin conectarlos con los marcos legales, políticos e institucionales que dan
forma a la efectividad de las respuestas sociales al cambio climático.
Esta sensación de falta de preparación que expresa el 25.7% de los estudiantes cobra
relevancia cuando se compara con las bajas notas promedio obtenidas en el manejo
de instrumentos jurídicos concretos (entre 2.6 y 3.2), lo que muestra que hay
coherencia entre la autopercepción estudiantil y el conocimiento efectivo evaluado.
Esta laguna formativa en la UNACH seguramente se replica en otras universidades
ecuatorianas cuyos currículos universitarios se ajustan a moldes semejantes y
enfrentan las mismas presiones institucionales. Para Latinoamérica esto se suma a
diagnósticos anteriores que ya advertían de una educación ambiental universitaria
muy tecnocentrista y poco integrada con las dimensiones jurídicas, éticas y políticas
del cambio climático. Y las consecuencias no son menores: si desde las
universidades, como formadoras de capacidades transformadoras, no están
egresando profesionales con altas capacidades jurídico-ambientales, se sigue
reproduciendo un círculo vicioso en el que marcos normativos avanzados quedan
infrautilizados por falta de actores sociales capacitados para implementarlos.
3.2.5. Opinión sobre la futura contribución profesional.
Finalmente, cuando se les preguntó si consideraban que desde su profesión podían
contribuir a dar solución al cambio climático, las respuestas fueron positivas. El 37.8%
se mostró "de acuerdo", el 24.4% "ni de acuerdo ni en desacuerdo", el 18% "totalmente
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de acuerdo", el 12.6% "en desacuerdo" y el 7.2% "totalmente en desacuerdo" (Tabla
6).
Tabla 6
Percepción sobre la contribución profesional futura
Indicador
Calificación promedio
Capacidad de contribuir
3.6
Disposición para soluciones climáticas
3.8
Confianza en conocimientos adquiridos
3.2
Nota: Datos obtenidos de la aplicación de encuesta, (Autores, 2026)
Los resultados del quinto indicador de la matriz (percepción de poder aportar
profesionalmente a la acción climática) muestran una paradoja: el 55.8% de los
estudiantes se siente capacitado para aportar desde sus disciplinas a la acción
climática, obteniendo las notas promedio más altas de todo el estudio, entre 3.2 y 3.8.
Esta actitud se contrapone con el escaso conocimiento sobre instrumentos jurídicos
concretos que se ha detectado en las dimensiones anteriores, creando lo que podría
llamarse la "paradoja de la voluntad sin medios": hay voluntad y conciencia de
responsabilidad profesional ante el cambio climático, pero no se dispone del
conocimiento técnico-jurídico para transformarla en medidas efectivas.
Esta contradicción tensiona en cierta forma a las políticas educativas en Ecuador y
América Latina y a su vez, evidencia de que el problema no es falta de motivación
estudiantil o falta de interés por cuestiones ambientales, sino deficiencias curriculares
específicas que se pueden abordar con ciertas intervenciones precisas. La alta
disposición encontrada de los estudiantes a favor de la acción climática (3.6 y 3.8)
muestra que los estudiantes están dispuestos a integrar contenidos jurídico-
ambientales en su formación, una oportunidad para reformas curriculares que
incorporen el análisis de instrumentos jurídicos climáticos en todas las carreras
universitarias, más allá de las carreras de derecho o ciencias ambientales.
A nivel nacional, esta brecha entre voluntad y capacidad real puede explicar la
ineficacia de las políticas climáticas en Ecuador: aunque haya personas con
motivación en instituciones públicas y privadas, su margen de acción está restringido
por el desconocimiento de las vías jurídicas para exigir el cumplimiento de
compromisos, abrir litigios estratégicos, desarrollar normativas eficaces o incidir en
procesos de justicia climática. En América Latina, como un todo, es una problemática
que requiere de la articulación regional para fortalecer la formación jurídica ambiental
de alto nivel aprovechando la voluntad existente en las nuevas generaciones de
profesionales para desarrollar capacidades transformadoras reales
4. Discusión
Los resultados de esta investigación muestran una contradicción en la educación
superior ecuatoriana sobre cambio climático y las herramientas jurídicas para
enfrentarlo. Por un lado, hay una gran disposición de los estudiantes a involucrarse
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profesionalmente en la acción climática (55.8% con percepción positiva), pero a la vez
hay poco conocimiento sobre los marcos legales internacionales (34.6% poco o nada
de conocimiento) y nacionales (26.8% poco conocimiento).
El desconocimiento de instrumentos jurídicos internacionales como la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el
Acuerdo de París (con notas promedio entre 2.7 y 3.0) coincide con lo que
Encarnación (2022) y Córdova (2021) señalan sobre que, a pesar de existir un marco
jurídico internacional, hay desconocimiento de estos marcos normativos a nivel local,
situación preocupante ya que en ellos se establecen obligaciones y procedimientos
que los futuros profesionales deberán aplicar en sus prácticas profesionales.
El desconocimiento de la legislación ambiental ecuatoriana y los derechos de la
naturaleza es paradójico, esto considerando que el Ecuador fue el primer país en el
mundo en reconocer estos derechos en su Constitución en 2008; así, estos datos
confirman lo que ya alertaban Sánchez (2023a) y Pineda y Vilela (2020) sobre el
constitucionalismo ecológico ecuatoriano en la realidad, ya que la innovación jurídica
no se ha incorporado en las mallas curriculares universitarias. La distancia entre el
texto constitucional avanzado y el conocimiento real de sus derechos por los futuros
profesionales es una barrera para la justiciabilidad de sus derechos.
En cuanto a las herramientas jurídicas territoriales y sectoriales (notas medias entre
2.6 y 2.9), los datos coinciden con la investigación de Simou (2021) y Falcón (2023),
que identifican en los instrumentos locales de cambio climático y en las comunidades
energéticas nuevas formas participativas de gobernanza. El desconocimiento sobre
mercados de carbono, políticas de suelo y planificación urbana climática muestra que
la educación universitaria se queda en teorías abstractas, pero sin preparación para
usarlas en políticas climáticas (Llanos-García et al., 2025).
La dispersión de opiniones sobre si la capacitación universitaria es suficiente (30.3%
ni satisfecho ni insatisfecho, 35.1% satisfecho, 25.7% insatisfecho) demuestra que se
deben fortalecer los contenidos jurídico-ambientales en los currículos. Este hallazgo
se alinea con lo que García (2024) advierte sobre el deber de las universidades, como
formadoras de futuros profesionales y legisladores, de desarrollar el conocimiento
comprensivo de los marcos jurídicos climáticos. La falta de formación jurídica, política
y ética del cambio climático imposibilita a los egresados participar en procesos de
justicia climática y litigación estratégica.
5. Conclusiones
La investigación abordó el conocimiento y percepción de estudiantes universitarios
ecuatorianos sobre las herramientas jurídicas para luchar contra el cambio climático,
encontrando lagunas entre la norma y su aplicación por la comunidad universitaria y
cabe destacar que los resultados indican que, si bien existe un marco jurídico
internacional y nacional robusto para enfrentar el cambio climático, aún existen vacíos
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significativos en el conocimiento ciudadano, la formación universitaria y el
conocimiento de los mecanismos de exigibilidad.
La encuesta reveló que casi el 34.6% de los estudiantes encuestados dice conocer
poco o nada sobre los principales instrumentos jurídicos internacionales sobre clima
(Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Protocolo de Kyoto,
Acuerdo de París), una carencia preocupante teniendo en cuenta que definen
obligaciones vinculantes y mecanismos de cumplimiento que los futuros profesionales
deberán implementar en sus respectivos ámbitos. Esta ausencia es especialmente
preocupante en la crisis climática global, donde el cumplimiento de los acuerdos
internacionales depende de la capacidad de los actores nacionales y locales para
implementarlos.
A nivel nacional, el estudio encontró que el 26.8% de los estudiantes universitarios
tiene poco conocimiento del marco constitucional y legal ecuatoriano sobre cambio
climático y derechos de la naturaleza, a pesar de que Ecuador fue el primer país en el
mundo en reconocer estos derechos en la constitución en 2008. Este hallazgo revela
una desconexión preocupante entre la innovación jurídica ecuatoriana en
constitucionalismo ecológico y su permeabilidad en la educación superior, limitando el
potencial transformador de este modelo jurídico avanzado y debilitando los
mecanismos para hacer efectivos los derechos de la naturaleza.
El poco manejo de instrumentos jurídicos territoriales y sectoriales (políticas de suelo,
planificación urbana, mercados de carbono) que demuestra conocer poco o nada el
36% de los estudiantes evidencia que la enseñanza universitaria se centra más en
nociones teóricas y abstractas que en las herramientas prácticas, concretas e
interdisciplinarias para implementar políticas climáticas a escala local y sectorial. Esta
brecha entre teoría y práctica deja a los futuros profesionales sin capacidad para crear
e implementar soluciones innovadoras contextualizadas en territorios específicos.
La sensación de poder marcar la diferencia profesional en la acción climática (55.8%
de los estudiantes) y el desconocimiento sobre herramientas jurídicas específicas
evidencian la brecha entre la predisposición actitudinal y la capacidad técnico-jurídica
para lograrlo.
Finalmente, las universidades ecuatorianas deben generar políticas integrales para
fortalecer la formación jurídica ambiental, incorporando en todas las mallas
curriculares contenidos sobre instrumentos jurídicos climáticos, generando espacios
de litigio climático estratégico desde las clínicas jurídicas universitarias, capacitando
continuamente a docentes en derecho ambiental y climático, y desarrollando alianzas
interinstitucionales para vincular la academia con la práctica. La creación de una
cultura de justicia climática requiere el compromiso institucionalizado y la participación
de todos los actores del sistema de educación superior para cerrar la brecha entre los
marcos normativos y su apropiación por las nuevas generaciones de profesionales.
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CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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