Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 121
Bioética y equidad en el acceso a los servicios de
salud en Ecuador y América Latina
Bioethics and equity in access to health services in Ecuador and
Latin America
Mendoza-Falcones, Luis Miguel
1
Guida-Acevedo, Guido Nino
2
https://orcid.org/0009-0004-0403-6067
https://orcid.org/0000-0002-3721-9618
Lmmendozaf@pucesd.edu.ec
gnguida@pucesd.edu.ec
Ecuador, Santo Domingo, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Ecuador, Santo Domingo, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Herrera-Esquivel, Carlos Anibal
3
Herrera-Sánchez, Priscila Jaqueline
4
https://orcid.org/0009-0007-3849-2097
https://orcid.org/0000-0002-6537-3743
caherrerae@pucesd.edu.ec
pjherreras@pucesd.edu.ec
Ecuador, Santo Domingo, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Ecuador, Santo Domingo, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n1/234
Resumen: Este estudio sitúa la inequidad en el acceso a la
salud como un problema estructural asociado a sistemas
segmentados; su propósito es analizar, desde la bioética,
cómo tales arreglos institucionales perpetúan o corrigen
desigualdades y qué estándares procedimentales pueden
legitimarlas. Se aplicó un diseño no experimental,
transeccional y exploratoriodescriptivo, alineado con
PRISMA/PRISMA-S, con búsquedas en Scopus, WoS,
SciELO y Latindex (20202025), doble verificación y
codificación de dimensiones de equidad, marcos bioéticos
y resultados. Los hallazgos muestran gradientes “pro-ricos”
en acceso efectivo y calidad percibida en varios países; en
Ecuador disminuyó la desigualdad de uso, pero persisten
barreras geográficas, financieras indirectas, organizativas y
culturales que afectan a poblaciones rurales, indígenas y
migrantes. La discusión interpreta estas asimetrías como
violaciones de la justicia distributiva y resalta la utilidad de
la “Accountability for Reasonableness” para transparentar y
revisar decisiones de priorización. Se plantean líneas
operativas: redistribución de talento humano y
abastecimiento, fortalecimiento de referencia
contrarreferencia, mediación intercultural, y mitigación de
costos no médicos con monitoreo de equidad. En
conclusión, convertir cobertura nominal en acceso
equitativo exige combinar acciones organizativas y de
protección financiera con estándares procedimentales que
aseguren legitimidad ética y mejora continua.
Palabras clave: Equidad en salud; Acceso a salud;
Bioética, justicia distributiva; Sistemas de salud.
Research Article
Receptado: 01/Dic/2025
Aceptado: 06/Ene/2026
Publicado: 31/Ene/2026
Cita: Mendoza-Falcones, L. M., Guida-
Acevedo, G. N., Herrera-Esquivel, C. A., &
Herrera-Sánchez, P. J. (2026). Bioética y
equidad en el acceso a los servicios de salud
en Ecuador y América Latina. Journal of
Economic and Social Science Research, 6(1),
121-
140. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n1/
234
Journal of Economic and Social Science
Research (JESSR)
https://economicsocialresearch.com
jessr@editorialgrupo-aea.com
info@editoriagrupo-aea.com
Nota del editor: Editorial Grupo AEA se
mantiene neutral con respecto a las
reclamaciones legales resultantes de
contenido publicado. La responsabilidad de
información publicada recae enteramente en
los autores.
© 2026. Este artículo es un documento de
acceso abierto distribuido bajo los términos y
condiciones de la Licencia Creative
Commons, Atribución-NoComercial 4.0
Internacional.
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 122
Artículo Científico
Abstract:
This study identifies inequality in access to healthcare as a structural problem
associated with segmented systems. Its purpose is to analyze, from a bioethical
perspective, how such institutional arrangements perpetuate or correct inequalities and
what procedural standards can legitimize them. A non-experimental, cross-sectional,
exploratory-descriptive design was applied, aligned with PRISMA/PRISMA-S, with
searches in Scopus, WoS, SciELO, and Latindex (2020–2025), double verification, and
coding of equity dimensions, bioethical frameworks, and results. The findings show
“pro-rich” gradients in effective access and perceived quality in several countries; in
Ecuador, inequality of use has decreased, but geographical, indirect financial,
organizational, and cultural barriers persist, affecting rural, indigenous, and migrant
populations. The discussion interprets these asymmetries as violations of distributive
justice and highlights the usefulness of “Accountability for Reasonableness” to make
prioritization decisions transparent and review them. Operational lines are proposed:
redistribution of human talent and supply, strengthening of referral-counterreferral,
intercultural mediation, and mitigation of non-medical costs with equity monitoring. In
conclusion, converting nominal coverage into equitable access requires combining
organizational and financial protection actions with procedural standards that ensure
ethical legitimacy and continuous improvement.
Keywords: Health equity; Access to health care; Bioethics, distributive justice; Health
systems.
1. Introducción
En América Latina, el debate bioético sobre la equidad en el acceso a los servicios de
salud se presenta como una cuestión estructural que atraviesa sistemas segmentados
y fragmentados, donde la cobertura formal no siempre se traduce en acceso efectivo
y de calidad. La literatura regional identifica disparidades persistentes por estatus
socioeconómico, territorio y tipo de subsistema (público, seguridad social o privado),
con consecuencias directas sobre continuidad del cuidado y resultados en salud
(Roberti et al., 2024; Ruano et al., 2021). En Ecuador, estas tensiones se expresan
con particular fuerza en poblaciones rurales, indígenas, migrantes y hogares con
menores ingresos, para quienes el derecho a la salud convive con barreras
financieras, estructurales y cognitivas que restringen usos oportunos (Quizhpe et al.,
2022; Brusnahan et al., 2022). Desde la bioética, este escenario plantea obligaciones
positivas de remover obstáculos injustificados y de asegurar procesos de priorización
legítimos y transparentes (Daniels, 2000).
La región avanza hacia la cobertura universal con reformas que invocan solidaridad y
acción colectiva, pero el diseño institucional sigue modulando quién accede, cuándo
y cómo, con implicaciones éticas en justicia distributiva y no maleficencia (Atun et al.,
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 123
Artículo Científico
2015). Los sistemas cercanos al modelo Beveridge reportan, en promedio,
desigualdades menores que los bismarckianos, lo que visibiliza el papel de las reglas
de financiamiento y de la arquitectura de la oferta sobre la distribución de beneficios
en salud (Bancalari et al., 2025). En Ecuador, la expansión del gasto público y el
fortalecimiento de la atención primaria durante la década de reforma se asocian con
reducciones de brechas por ingreso, aunque persisten inequidades por ruralidad,
educación y etnicidad (Quizhpe et al., 2022). No abordar estas brechas perpetúa
pérdidas evitables de bienestar, incrementa eventos adversos y empuja costos
catastróficos que, a su vez, retroalimentan la exclusión sanitaria (Roberti et al., 2024).
Una lectura crítica de la literatura muestra vacíos consistentes como la falta de
estudios que integren, en un mismo modelo, barreras financieras, geográficas y
culturales con resultados clínicos y de calidad percibida; predominan análisis
descriptivos con escasa comparación entre subsistemas y poca atención a
mecanismos procedimentales de legitimidad (Ruano et al., 2021; Roberti et al., 2024;
Salazar-Villegas et al., 2023). En Ecuador, la evidencia cualitativa documenta
obstáculos cotidianos, pero rara vez enlaza dichas experiencias con marcos de
razonabilidad pública o con criterios explícitos de priorización en redes de servicios
(Brusnahan et al., 2022). También se reportan resultados heterogéneos sobre el
efecto de las reformas; mientras ciertos indicadores de uso mejoran, la persistencia
de segmentación limita la equidad en oportunidad y continuidad (Atun et al., 2015;
Quizhpe et al., 2022). Estas inconsistencias importan porque dificultan diseñar
intervenciones éticas y costo-efectivas de alcance meso (gestión) y micro (clínica).
La pertinencia de una revisión teórica, cualitativa y deductiva radica en su valor para
consolidar un andamiaje conceptual que conecte principios bioéticos como la
Accountability for Reasonableness, con arreglos institucionales y prácticas clínicas,
generando orientaciones operativas para decisiones bajo escasez (Daniels, 2000).
Socialmente, la síntesis es relevante porque ilumina rutas para reducir desigualdades
que afectan de modo desproporcionado a grupos vulnerables; teóricamente, articula
justicia distributiva con enfoques de capacidades y con criterios de sostenibilidad que
preservan valor intertemporal del sistema (Atun et al., 2015; Roberti et al., 2024).
Metodológicamente, la revisión aprovecha disponibilidad razonable de literatura
indexada (Scopus/WoS, SciELO, Latindex) y evidencia cualitativa reciente en Ecuador
y países comparables, lo que hace viable el análisis en términos de fuentes, recursos
y tiempo, con consideraciones éticas generales centradas en el respeto a
comunidades y en la prudencia al extrapolar hallazgos (Ruano et al., 2021; Brusnahan
et al., 2022).
Con este trasfondo, la investigación se orienta a analizar desde la bioética las
dinámicas que sostienen o corrigen inequidades de acceso en Ecuador y América
Latina. De manera específica, se propone describir las barreras financieras,
estructurales y cognitivas que condicionan el uso efectivo de servicios; comparar
patrones de desigualdad por tipo de subsistema y por características socioeconómicas
clave en la región; y relacionar marcos procedimentales de justificación pública con
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 124
Artículo Científico
decisiones de asignación y de organización de redes, identificando condiciones que
favorecen legitimidad y mejora continua (Daniels, 2000; Roberti et al., 2024;
Brusnahan et al., 2022). Esta agenda se nutre de estudios comparativos y de
experiencias locales, articulando niveles macro, meso y micro para generar
recomendaciones útiles a clínica, gestión y política (Atun et al., 2015; Bancalari et al.,
2025).
En suma, la contribución esperada consiste en una síntesis analítico–sintética que
integra evidencia regional y ecuatoriana con marcos bioéticos aplicables, ofreciendo
una ruta interpretativa para pasar de diagnósticos dispersos a criterios normativos y
operativos de acción. La originalidad radica en enlazar, en una misma lectura,
resultados de cobertura y calidad con procesos de razonabilidad pública, subrayando
cómo el diseño institucional y la práctica clínica pueden cerrar brechas injustas de
acceso. Al clarificar por qué y cómo ciertas decisiones promueven equidad, y bajo qué
condiciones lo hacen, de esta manera se pretende orientar a investigadores, docentes
y decisores hacia intervenciones viables y moralmente justificables, acordes con el
derecho a la salud en contextos de recursos limitados (Ruano et al., 2021; Roberti et
al., 2024; Quizhpe et al., 2022).
2. Materiales y métodos
El estudio se configura como revisión bibliográfica con enfoque cuantitativo, diseño no
experimental y transeccional, de alcance exploratorio–descriptivo. Se observa y
caracteriza el corpus documental sin manipulación de variables, con el objetivo de
mapear patrones y tendencias sobre bioética y equidad en el acceso a servicios de
salud en América Latina y Ecuador. Para asegurar transparencia y replicabilidad, el
reporte se alinea con PRISMA 2020 y su extensión PRISMA-S para documentar
estrategias de búsqueda y decisiones de selección (Rethlefsen et al., 2021).
La cobertura temporal comprende los últimos cinco años (2020 - 2025) y el alcance
geográfico se circunscribe a América Latina con foco explícito en Ecuador. Las fuentes
consultadas son revistas científicas publicadas en Scopus, Web of Science (WoS),
SciELO y Latindex Catálogo con artícylos de libre acceso. La estrategia integra
términos controlados y palabras clave libres en español e inglés, se utilizaron como
palabras clave "bioética", "ética médica", "equidad", "accesibilidad a servicios de
salud", "cobertura universal de salud", "Latino America" y “Ecuador”. El procedimiento
utilizado consta de cuatro etapas primero se procedió a la identificación de registros
en las bases especificadas; posteriormente se utilizó el cribado de títulos y resúmenes
con base en pertinencia temática, periodo e indicador geográfico; una vez
determinados los títulos y palabras clave, se evaluaron los textos completos de
candidatos elegibles; y se consideró como inclusión final para extracción y análisis el
rastreo de citas hacia atrás y hacia adelante en Scopus/WoS para ampliar la cobertura.
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Artículo Científico
La unidad de análisis son documentos científicos (artículos publicados) y, por tratarse
de una revisión, no existe población ni muestra de personas. Los criterios de inclusión
son revistas indexadas en WoS, Scopus, SciELO o Latindex Catálogo 2.0, con
enfoque en equidad de acceso en América Latina y/o Ecuador; publicados en los
periodos 2020–2025 en español o inglés; y que el texto completo se encuentre
disponible. Se excluyen editoriales, cartas, reseñas breves, notas periodísticas y
duplicados y se eliminan registros sin libre acceso a texto completo al momento de la
selección por impedir la verificación de métodos y resultados. La extracción se realiza
con doble verificación y se codifican variables para análisis descriptivo: año,
país/ámbito, tipo de artículo, nivel asistencial, población/escenario, dimensiones de
equidad (financieras, geográficas, culturales, procedimentales), marcos bioéticos,
resultados e implicaciones (Aria & Cuccurullo, 2017; Donthu et al., 2021).
El análisis emplea estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas) y
tabulación cruzada simple para explorar patrones entre dimensiones de equidad y
contextos reportados. La síntesis se apoya en mapas conceptuales y matrices
comparativas que vinculan marcos bioéticos con arreglos institucionales y resultados
en acceso. No se realizan pruebas inferenciales, en coherencia con el objetivo
exploratorio-descriptivo del diseño transeccional (Setia, 2016). En términos éticos, no
se involucran seres humanos ni animales, por lo que no se requiere aprobación de
comité; se observan principios de citación responsable y reporte transparente de la
búsqueda (PRISMA/PRISMA-S).
3. Resultados
3.1. Panorama regional de desigualdades en acceso y calidad
El mapeo de evidencia mostró que, pese a mejoras en cobertura formal, persisten
gradientes pro-ricos en acceso efectivo y calidad percibida en varios países
latinoamericanos. En análisis comparativos de cuatro países de la región, solo una
fracción de los usuarios informó disponer de una fuente de atención de alta calidad,
mientras que necesidades de salud mental y preventiva permanecieron insatisfechas,
con diferencias notables por nivel socioeconómico y subsector de atención (público,
seguridad social, privado) (Roberti et al., 2024). Estos hallazgos convergen con
evaluaciones regionales que atribuyen a la segmentación y fragmentación del sistema
la reproducción de inequidades por ingreso, educación y territorio (Ruano et al., 2021).
La consistencia de resultados en encuestas poblacionales y estudios cualitativos
sugiere que la ampliación de cobertura, por sí sola, no asegura equidad sustantiva sin
intervenciones organizacionales y culturales específicas (Houghton et al., 2020;
Roberti et al., 2024).
A fin de sintetizar los patrones más consistentes observados en la literatura 2020–
2025, se presenta la Tabla 1, donde se comparan indicadores de acceso y calidad por
subsector (público, seguridad social y privado) en cuatro países con evidencia reciente
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 126
Artículo Científico
y comparable: Colombia, México, Perú y Uruguay (Salazar-Villegas et al., 2023). La
organización por subsector permite visualizar la contribución diferencial de cada
arreglo institucional a las brechas “pro-ricas” en acceso oportuno, experiencia del
usuario y necesidades no satisfechas, tal como fue reportado en encuestas
poblacionales y análisis de desigualdad por quintiles de ingreso (Roberti et al., 2024).
El enfoque evita promedios nacionales agregados que ocultan heterogeneidades
subnacionales y de segmentación (Ruano et al., 2021). Dado que los estudios
emplean métricas y marcos distintos, se ofrece una síntesis cualitativa comparativa
(relativa) por indicador para no sobreinterpretar magnitudes no estrictamente
comparables (Houghton et al., 2020). En conjunto, la tabla aporta una lectura operativa
para priorizar intervenciones desde la bioética aplicada a la gestión de sistemas
segmentados.
Tabla 1
Indicadores de acceso y calidad por subsector
País
Subsec
tor
Acceso
oportuno
(tendencia
por quintil
de ingreso)
Fuente
de
atención
de alta
calidad
(prevale
ncia
relativa)
Necesida
des no
satisfech
as
(tendenci
a)
Contribu
ción a la
desiguald
ad
(síntesis)
Comentario analítico
Colom
bia
Público
(gobiern
o)
Q1≈Q5 pero
con rezagos
en
oportunidad
Baja
media
relativa
Media
alta en Q1
Media
Cobertura amplia; experiencia
variable; listas de espera
afectan grupos de menor
ingreso
Colom
bia
Segurid
ad
social
Q5>Q1
(barreras
administrativ
as para Q1)
Media
Media
Media
Mejor continuidad; cuellos de
botella en derivaciones y
autorización de procedimientos
Colom
bia
Privado
Q5>>Q1
Alta
relativa
Baja en
Q5
Alta
Concentra mejor experiencia
reportada y tiempos menores;
contribuye a brecha pro-rica
México
Público
(gobiern
o)
Q1≈Q5 con
heterogeneid
ad
subnacional
Baja
media
relativa
Media
alta en Q1
Media
Cobertura extensa; desabasto
intermitente impacta
percepción de calidad
México
Segurid
ad
social
Q5>Q1
Media
Media
Media
alta
Mejor percepción de
competencia técnica; trámites
y tiempos de espera generan
barreras
México
Privado
Q5>>Q1
Alta
relativa
Baja en
Q5
Alta
Mayor satisfacción y
oportunidad; incrementa
desigualdad entre quintiles
Perú
Público
(gobiern
o)
Q1≈Q5 con
rezagos
rurales
Baja
media
relativa
Alta en Q1
Media
Limitaciones de disponibilidad
en periferias; afectación de
continuidad
Perú
Segurid
ad
social
Q5>Q1
Media
Media
Media
alta
Mejor infraestructura; barreras
de acceso administrativo
Perú
Privado
Q5>>Q1
Alta
relativa
Baja en
Q5
Alta
Concentración urbana y en
altos ingresos; mejora
experiencia pero amplía
brechas
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Artículo Científico
Urugu
ay
Público
(gobiern
o)
Q1≈Q5
(menor
brecha
relativa)
Media
Media-
baja
Baja
media
Sistema integrado con menor
segmentación efectiva;
desempeño más homogéneo
Urugu
ay
Segurid
ad
social
Q5≥Q1
(brecha
acotada)
Media
alta
Baja
media
Media
Buenas métricas de
experiencia; contribución
moderada a desigualdad
Urugu
ay
Privado
Q5>Q1
Alta
relativa
Baja en
Q5
Media
alta
Alta calidad percibida; menor
impacto desigual que en otros
países
Nota: La clasificación “baja/media/alta” y las tendencias por quintil (Q1= más pobre; Q5= más rico)
condensan hallazgos de Roberti et al. (2024) para Colombia, México, Perú y Uruguay, y de Houghton
et al. (2020) sobre barreras en Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú; se privilegia la direccionalidad
de las brechas antes que magnitudes puntuales. La síntesis busca comparabilidad conceptual entre
estudios con métodos distintos; se recomienda complementar con estimaciones específicas por
indicador y subsector cuando la revista requiera valores numéricos exactos por país (Autores, 2025).
3.2. Ecuador: reducción de desigualdades de uso y persistencia de barreras
Para Ecuador, los análisis de series transversales antes-después durante el ciclo de
reformas (2007–2017) mostraron disminución de necesidades no satisfechas y
reducción de desigualdades absolutas y relativas por ingreso, etnicidad, residencia y
educación, atribuibles a la gratuidad y al énfasis en la Atención Primaria de Salud
(APS) (Quizhpe et al., 2022; Villa-Feijoó, A. L., 2022). Sin embargo, los progresos en
utilización no se tradujeron plenamente en acceso oportuno ni en continuidad del
cuidado para grupos históricamente excluidos. Persistieron tiempos de espera,
escasez intermitente de medicamentos y costos indirectos (transporte, ausentismo
laboral), que limitaron el aprovechamiento de servicios, especialmente en zonas
rurales y periféricas (Quizhpe et al., 2022). Esta tensión entre expansión de oferta y
fricciones de acceso se reitera en estudios cualitativos nacionales y regionales
(Brusnahan et al., 2022; Houghton et al., 2020).
3.3. Barreras geográficas y disponibilidad: El eje ruralidad–periferia
Los estudios cualitativos en zonas rurales del sur de Ecuador (Loja y áreas
colindantes) documentaron barreras geográficas (distancias, topografía) y de
disponibilidad (déficit de ambulancias, turnos, laboratorio, especialistas) que elevaron
el costo de oportunidad de la atención y desincentivaron la búsqueda de servicios
(Brusnahan et al., 2022). Se reportaron itinerarios de cuidado fragmentados, con
referenciación débil y alta dependencia de soluciones informales (remedios caseros,
farmacias, curandería), reflejo de una accesibilidad funcional limitada a la APS
resolutiva. La concentración urbana de talento humano intensificó los diferenciales de
acceso oportuno y resolutividad, impactando más a mujeres, adultos mayores y
cuidadores principales. En términos bioéticos, estas falencias vulneran los principios
de justicia distributiva y no maleficencia, al perpetuar riesgos evitables vinculados al
territorio (Brusnahan et al., 2022; Ruano et al., 2021).
Para dimensionar la relación entre equidad territorial y capacidad operativa, la Tabla
2 presenta una matriz de disponibilidad y accesibilidad geográfica de servicios
esenciales por nivel de atención (primer, segundo y tercer nivel) y zona (urbana/rural)
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 128
Artículo Científico
en Ecuador (Valarezo-Bravo et al., 2023). La selección de dominios, consultas,
abastecimiento de medicamentos, capacidad de laboratorio, transporte sanitario y
referenciación/contrarreferencia, responde a los cuellos de botella identificados por la
evidencia reciente en el país: déficits de insumos y transporte en áreas rurales,
externalización de pruebas y tiempos de espera elevados en especialidades, así como
retroalimentación clínica irregular tras la derivación (Brusnahan et al., 2022; Quizhpe
et al., 2022). El enfoque comparativo permite observar cómo la concentración urbana
de recursos sanitarios amplifica la carga de costos indirectos (traslados, tiempos
muertos) y prolonga el intervalo necesidad–atención efectiva, afectando sobre todo a
mujeres, cuidadores y población trabajadora informal (Houghton et al., 2020). La tabla,
por tanto, ofrece un insumo operativo para priorizar acciones positivas en clave de
justicia distributiva (Ruano et al., 2021).
Tabla 2
Disponibilidad y accesibilidad geográfica
Nivel de
atención
Zona
Consultas
(dispon)
Medicame
ntos
(dispon)
Laboratori
o (cap)
Transport
e
sanitario
(acce)
Referenci
ación/con
trarrefere
ncia
Tiempo
de espera
típico
Primer
nivel
(APS)
Urbano
Alta (cupos
regulares;
sobrecarg
a en picos)
Mediaalta
(desabasto
intermitent
e)
Media
(básico
disponible;
externaliza
pruebas
especializa
das)
Media
(traslado
urbano
disponible;
ambulanci
a limitada)
Media
(derivación
estable;
retroalime
ntación
irregular)
3090 min;
variabilida
d por
demanda
Primer
nivel
(APS)
Rural
Media
(cupos
limitados;
jornadas
itinerantes)
Media
baja
(quiebres
de stock
frecuentes
)
Baja
(muestras
se envían;
demoras
por
transporte)
Baja
(pocos
vehículos;
barreras
de
distancia/t
opografía)
Baja
media
(referencia
sí;
contrarrefe
rencia
débil)
60180
min;
dependient
e de
traslado
Segundo
nivel
Urbano
Alta
(especialid
ades
básicas)
Media
(mayor
consumo;
sustitución
por
compra
externa)
Alta
(paneles y
pruebas de
mediana
complejida
d)
Mediaalta
(red de
ambulanci
as y
traslados
programad
os)
Mediaalta
(circuitos
formales;
congestión
en horas
pico)
60180
min; colas
por
especialid
ad
Segundo
nivel
Rural
Media
(cobertura
provincial
o zonal)
Media
baja
(desabasto
recurrente)
Media
(capacidad
limitada;
depende
de capital
provincial)
Media
(traslado
interurban
o; tiempos
prolongad
os)
Media
(referencia
frecuente;
contrarrefe
rencia
tardía)
120240
min;
variabilida
d
estacional
Tercer
nivel
Urbano
Alta (alta
especialid
ad)
Alta
(compra y
abastecimi
ento
priorizado)
Alta
(complejid
ad
avanzada)
Alta
(SOP/UTI
con
traslados
críticos
disponible
s)
Alta
(protocolos
y sistemas
informático
s)
120360+
min; listas
de espera
según
servicio
Tercer
nivel
Rural
N/A
(acceso
N/A
(abastecim
N/A
(resuelto
Baja
media
Mediaalta
(dependie
Traslado +
espera;
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Artículo Científico
por
referencia)
iento en
centro
receptor)
en
ciudades)
(traslados
largos;
condicione
s
climáticas)
nte de red
y
coordinaci
ón)
días a
semanas
Nota: Clasificaciones cualitativas (alta/media/baja; N/A) sintetizan hallazgos reportados en Ecuador y
ALC respecto de brechas urbanorurales, abastecimiento, transporte y tiempos de espera; su objetivo
es reflejar direccionalidad y no magnitudes exactas (Brusnahan et al., 2022; Quizhpe et al., 2022;
Houghton et al., 2020).
3.4. Barreras financieras e indirectas: La carga oculta del acceso
Incluso en contextos de gratuidad formal, múltiples estudios describen costos
indirectos como obstáculos decisivos: transporte, alimentación, alojamiento temporal
y compra de fármacos no disponibles en el establecimiento (Brusnahan et al., 2022;
Houghton et al., 2020). Además, las pérdidas de ingreso por jornadas de espera
prolongadas penalizan a trabajadores informales y hogares con responsabilidades de
cuidado, aumentando el riesgo catastrófico no por copagos, sino por gastos
contingentes. Estos hallazgos, frecuentes en América Latina, evidencian que la
protección financiera debe incluir la disminución de costos no médicos, de lo contrario
la gratuidad queda desvirtuada en su efecto equitativo. Desde la bioética, la remoción
de tales barreras se enmarca en las obligaciones positivas del Estado para posibilitar
el acceso real y no meramente nominal (Houghton et al., 2020; Ruano et al., 2021).
3.5. Dimensiones culturales e interculturalidad
La aceptabilidad de los servicios emergió como determinante transversal. En áreas
indígenas y rurales, se describieron tensiones entre el modelo biomédico hegemónico
y prácticas tradicionales (p. ej., partería, fitoterapia), sumadas a barreras idiomáticas
y de comunicación clínica (Brusnahan et al., 2022; Ruano et al., 2021). La falta de
acomodaciones interculturales (intérpretes, adecuación de espacios, reconocimiento
de prácticas) afectó la confianza y la continuidad del cuidado, especialmente en salud
sexual y reproductiva. Experiencias locales que integraron agentes comunitarios e
iniciativas de parto culturalmente pertinente mostraron mejoras en oportunidad y
satisfacción, aunque con desafíos de sostenibilidad y estandarización. Estos
resultados fundamentan, en clave bioética, la necesidad de políticas de no
discriminación y de respeto a la autonomía cultural compatibles con la seguridad
clínica (Ruano et al., 2021).
3.6. Migración y acceso
La literatura reciente sobre población migrante en la región andina describe barreras
organizativas (requisitos administrativos, cupos y horarios limitados, información
fragmentada) como causa principal de necesidades no satisfechas, seguidas de
obstáculos financieros y de estigmatización (Houghton et al., 2020; Roberti et al.,
2024). En comparación con residentes no migrantes, los hogares migrantes reportaron
mayor incertidumbre normativa, dificultades para afiliarse o validar documentos y
exposición a prácticas discriminatorias, particularmente en salud sexual y
reproductiva. Desde la bioética, la debida diligencia estatal se traduce en asegurar
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 130
Artículo Científico
vías de acceso no condicionadas por estatus migratorio, y en mecanismos de
acomodación razonable para remover barreras evitables. La ausencia de estas
garantías vulnera los principios de justicia y igual respeto (Roberti et al., 2024;
Houghton et al., 2020).
La Tabla 3 sintetiza evidencia reciente sobre migración y acceso a servicios de salud
en Ecuador y la región andina, con foco en los tipos de barreras, los servicios más
afectados y las respuestas institucionales implementadas. La literatura comparada
muestra que, frente a la población no migrante, las personas migrantes, en particular
de origen venezolano, enfrentan con mayor frecuencia barreras organizativas
(afiliación, cupos, autorizaciones), seguidas de obstáculos financieros (costos
indirectos de transporte y medicamentos no provistos) y legales/administrativos
(validación de documentos) (Houghton et al., 2020; Ruano et al., 2021; Gómez-Valle
et al., 2024). Estos impedimentos se traducen en necesidades no satisfechas,
demoras y discontinuidad del cuidado, especialmente en APS, salud sexual y
reproductiva, vacunación y manejo de crónicos. En respuesta, varios sistemas han
adoptado rutas rápidas, exenciones documentales en urgencias,
intérpretes/mediadores y dispositivos de APS móvil, con impacto positivo pero aún
heterogéneo (Roberti et al., 2024). Desde la bioética aplicada, tales medidas se
fundamentan en los principios de no discriminación, igual respeto y debida diligencia,
y se benefician de marcos procedimentales como Accountability for Reasonableness
para legitimar la priorización en contextos de escasez (Daniels, 2000).
Tabla 3
Migración y acceso a servicios de salud en Ecuador y la región andina
País/territ
orio
Población
migrante/estatu
s
Barreras
predominante
s
Servici
os más
afectad
os
Indicado
res
típicos
observad
os
Respuestas
institucionales
reportadas
Observaci
ones
bioéticas
Ecuador
Quito/Gua
yaquil
Venezolana y
andina;
regular/irregular
Organizativas
(citas, cupos,
información
fragmentada);
Financieras
(transporte,
medicamentos
no provistos);
Estigma
APS,
SSR,
vacuna
ción,
control
de
crónico
s
Alta
proporció
n de
necesida
des no
satisfech
as;
tiempos
prolongad
os; baja
continuid
ad
Rutas rápidas en
triaje; exenciones
documentales
para urgencias;
mediación
comunitaria;
referencia a ONG
Énfasis en
no
discrimina
ción y
acomodaci
ón
razonable;
vigilancia
de trato
digno
Ecuador
Frontera
norte y
corredores
internos
Mixta
(venezolana/colo
mbiana); tránsito
y asentamiento
Legales/admini
strativas
(validación de
documentos);
Geográficas
(distancia a
nodos);
Idiomáticas
puntuales
Urgenci
as, APS
itinerant
e, salud
mental
Demoras
en
afiliación;
subregistr
o de
atencione
s;
interrupci
ón
Puntos de
atención móvil;
apoyo de
cooperación;
derivación
interinstitucional
Debida
diligencia
estatal en
continuida
d
terapéutica
y
protección
de
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Artículo Científico
terapéutic
a
vulnerable
s
Colombia
Bogotá/Ca
ribe
Venezolana;
regularización
progresiva
Organizativas
(afiliación,
autorizaciones)
; Financieras
(costos
indirectos);
Estigma
APS,
salud
matern
a,
crónico
s
Brecha
respecto
a no
migrantes
en uso
oportuno;
barreras
administr
ativas
Permisos
temporales/regul
arización;
ventanillas
dedicadas;
intérpretes y
enlaces
Principios
de
igualdad y
justicia
distributiva
en acceso
primario
Perú
Lima/ciud
ades
intermedia
s
Venezolana;
heterogénea
Organizativas
(cupos,
horarios);
Financieras;
Información
incompleta
APS,
SSR,
vacuna
s
Necesida
des no
satisfech
as
mayores
en SSR;
discontin
uidad en
controles
Jornadas de
atención
ampliada;
coordinación con
municipalidades y
ONG
Garantías
mínimas
de acceso
y
reducción
de
barreras
no
médicas
Chile
Santiago/n
orte
grande
Venezolana y
andina;
regularización
por etapas
Administrativas
(registro, citas);
Culturales/idio
máticas;
Estigma
APS,
salud
mental,
urgenci
as
Tiempos
de espera
superiore
s; menor
adherenci
a a
seguimie
nto
Oficinas de
migración en
centros;
intérpretes;
priorización de
embarazadas/niñ
ez
Enfoque
de
derechos y
proporcion
alidad de
medidas
Región
andina
(síntesis)
Migrantes
intrarregionales y
extrarregionales
Predominio de
barreras
organizativas y
financieras;
obstáculos
legales
contextuales;
factores de
estigma
APS,
SSR,
vacuna
ción,
salud
mental
y
crónico
s
Desventaj
a
sistemátic
a frente a
no
migrantes
en
indicador
es de
acceso y
calidad
Exenciones
documentales en
urgencias; rutas
rápidas;
intérpretes/media
dores; APS móvil
Aplicación
de marcos
A4R para
priorizació
n
transparen
te y
apelable
en
contextos
de
escasez
Nota: La tabla resume hallazgos cualitativos y comparativos de la región andina privilegiando la
direccionalidad de brechas entre migrantes y no migrantes; no pretende sustituir estimaciones
específicas por país/indicador (Houghton et al., 2020; Ruano et al., 2021; Roberti et al., 2024).
3.7. Procedimientos justos y priorización: A4R como estándar bioético operativo
Transversalmente, se identificó déficit de transparencia y participación en listas de
espera, criterios de derivación y asignación de recursos críticos, lo que redujo la
legitimidad percibida de las decisiones en contextos de escasez. El marco de
Accountability for Reasonableness (A4R)—publicidad, relevancia, apelación y
cumplimiento—aparece en la literatura como referencia para robustecer la justificación
pública de la priorización en sistemas segmentados (Daniels, 2000). Su aplicación
práctica en redes fragmentadas exigiría trazabilidad de decisiones, espacios de
deliberación clínica-comunitaria y auditorías de equidad. La evidencia sugiere que,
cuando los criterios son explícitos y revisables, mejora la aceptabilidad social de
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 132
Artículo Científico
decisiones difíciles y disminuye la arbitrariedad percibida (Daniels, 2000; Ruano et al.,
2021).
3.8. Síntesis de patrones: de la cobertura nominal a la equidad sustantiva
Integrando los hallazgos, la región presenta un desfase entre cobertura nominal y
acceso efectivo y digno. Ecuador logró disminuir desigualdades de utilización, pero
persisten barreras geográficas, financieras indirectas, organizativas y culturales que
afectan de modo desproporcionado a mujeres, pueblos indígenas, población rural y
migrantes (Quizhpe et al., 2022; Brusnahan et al., 2022). La confluencia de
segmentación, debilidades de la APS resolutiva y escasez de insumos explica la
heterogeneidad subnacional del acceso y su impacto en resultados de salud. En clave
bioética, la equidad requiere acciones positivas que garanticen disponibilidad en
periferias, minimicen costos indirectos y consoliden procedimientos justos, con
evaluación continua de impacto distributivo (Roberti et al., 2024; Daniels, 2000).
La Tabla 8 operacionaliza los hallazgos mediante una matriz que vincula cada tipo de
barrera con las poblaciones más afectadas, la evidencia empírica de referencia y un
conjunto de respuestas bioéticas/operativas con sus indicadores de seguimiento. Este
enfoque permite traducir la síntesis regional y el caso ecuatoriano en un plan de acción
verificable, alineado con los principios de justicia, no discriminación, igual respeto y
con estándares procedimentales como Accountability for Reasonableness (A4R)
(Daniels, 2000; Ruano et al., 2021; Camacho-Esquivel et al., 2025). La matriz prioriza
dominios claves identificados en la literatura reciente: costos indirectos,
distancia/tiempo, trámites organizativos, aceptabilidad intercultural,
documentación/afiliación, disponibilidad de insumos, salud mental y brecha digital
(Brusnahan et al., 2022; Houghton et al., 2020; Quizhpe et al., 2022; Roberti et al.,
2024). Además, propone indicadores simples y auditables (p. ej., fill rate, tiempos
medianos de espera, continuidad terapéutica) que pueden desagregarse por quintil de
ingreso, etnicidad y territorio para monitorear impacto distributivo. De este modo, la
tabla actúa como puente entre los resultados y la implementación.
Tabla 4
Barreras y poblaciones afectadas
Tipo de barrera
Poblaciones más
afectadas
Respuesta
bioética/operativa
propuesta
Indicadores de
seguimiento
sugeridos
Financiera (costos
indirectos)
Hogares rurales; Q1Q2;
mujeres cuidadoras;
migrantes
Vales/transporte
sanitario; entrega
domiciliaria de
fármacos esenciales;
compras estratégicas
para evitar gasto de
bolsillo
Mediana de gasto no
médico por consulta;
% usuarios que
compran
medicamentos fuera;
razón de interrupción
terapéutica
Geográfica
(distancia/tiempo)
Población rural y
periurbana; adultos
mayores
Redistribución de
talento humano;
teleconsulta con apoyo
local; expansión de
Tiempo de viaje y
espera (mediana);
densidad de
profesionales por
10.000 hab.; %
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 133
Artículo Científico
APS resolutiva y
laboratorios satélite
derivaciones
resueltas en <30 días
Organizativa
(citas/cupos/referencias)
Usuarios de subsistemas
público y seguridad
social; crónicos
Gestión de colas;
ventanillas únicas;
trazabilidad digital de
referencia
contrarreferencia;
auditoría de listas de
espera
Tasa de no
presentación; %
contrarreferencias
con informe en 7 días;
tiempo mediano a
primera consulta
especializada
Cultural/intercultural
(aceptabilidad/confianza)
Pueblos indígenas;
mujeres en SSR;
migrantes
Intérpretes/mediadores
; parto culturalmente
pertinente; formación
en comunicación
clínica y enfoque de
derechos
Satisfacción
reportada; %
atenciones con
mediación lingüística;
continuidad
posparto/SSR a 42
días
Legal/administrativa
(documentación/afiliación
)
Migrantes y solicitantes
de refugio
Exenciones
documentales en
urgencias;
regularización sanitaria
temporal; rutas rápidas
de afiliación
Tiempo mediano de
afiliación; %
urgencias atendidas
sin documentación;
tasa de cobertura en
migrantes
Disponibilidad de
insumos/medicamentos
Todos los usuarios;
mayor impacto en Q1
Q2 y rural
Abastecimiento
basado en listas
esenciales; compras
centralizadas;
monitoreo público del
fill rate
Fill rate mensual por
establecimiento; %
prescripciones
surtidas completas;
quejas por
desabasto/10.000
atenciones
Salud mental (acceso y
continuidad)
Adolescentes y adultos
jóvenes; zonas de alta
movilidad laboral
Equipos comunitarios;
integración de salud
mental en APS;
telepsicología en
periferias
Cobertura de primera
consulta; continuidad
a 90 días; abandono
antes de 3 sesiones
Transparencia y
priorización (A4R)
Usuarios en espera de
procedimientos/quirófan
o; oncológicos
Publicación de criterios
y listas; paneles de
apelación; auditorías
de equidad con
participación social
Cumplimiento de los 4
criterios A4R; %
decisiones revisadas;
variación de tiempos
de espera por quintil
Comunicación clínica
(alfabetización en salud)
Personas con baja
escolaridad; adultos
mayores
Materiales claros;
consentimiento
informado reforzado;
navegación del
paciente
Índice de
comprensión
posconsulta; %
reconsultas evitables
en 30 días; errores
por malentendidos
Tecnología y
telemedicina (brecha
digital)
Rural y periferias
urbanas; mujeres
cuidadoras
Puntos de conectividad
comunitaria; asistencia
digital; integración de
telemedicina con
entrega de fármacos
Consultas
telemédicas
efectivas/1000 hab.;
fallas por
conectividad;
resolución sin
derivación presencial
Nota: Las categorías y respuestas propuestas se basan en evidencia revisada por pares y en marcos
bioéticos procedimentales; su propósito es orientar la priorización y el monitoreo evitando
sobreinterpretar magnitudes puntuales (Daniels, 2000; Ruano et al., 2021; Roberti et al., 2024).
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 134
Artículo Científico
3.9. Implicaciones operativas para Ecuador
Los resultados delinean cuatro líneas de acción integradas, en primer lugar, la
disponibilidad exige redistribuir estratégicamente el talento humano, asegurar el
abastecimiento continuo y fortalecer el transporte sanitario en territorios periféricos.
En segundo término, la organización demanda optimizar la gestión de colas,
robustecer los circuitos de referencia–contrarreferencia y consolidar compras
estratégicas con plena trazabilidad pública. Tercero, la interculturalidad requiere
institucionalizar intérpretes y mediadores, así como adecuaciones culturalmente
pertinentes en salud sexual y reproductiva. Finalmente, la protección financiera
ampliada debe mitigar los costos no médicos mediante vales de transporte y entrega
domiciliaria de fármacos esenciales. La implementación de este paquete debe
acompañarse de un monitoreo de equidad con indicadores desagregados y de la
adopción del estándar Accountability for Reasonableness (A4R) para orientar la
priorización y garantizar mecanismos de revisión. La evidencia disponible sugiere que,
en conjunto, estas medidas convierten la cobertura formal en acceso equitativo y
refuerzan la legitimidad ética del sistema (Quizhpe et al., 2022; Roberti et al., 2024;
Daniels, 2000).
4. Discusión
Los hallazgos del presente artículo confirman que, en América Latina, la ampliación
de cobertura formal no se traduce automáticamente en acceso efectivo ni en calidad
homogénea entre grupos sociales y subsectores de atención. La evidencia
comparativa reciente en Colombia, México, Perú y Uruguay muestra que, aun con
altos niveles de contacto con el sistema, sólo una proporción minoritaria de usuarios
reporta disponer de una fuente de atención de alta calidad; además, necesidades
frecuentes como salud mental y preventiva, permanecen insatisfechas, con gradientes
pro-ricos particularmente marcados en el subsector privado y, en menor medida, en
la seguridad social (Roberti et al., 2024). Estos patrones son concordantes con la
literatura que describe la segmentación y la fragmentación como ejes estructurales de
la inequidad en la región, con efectos en oportunidad, continuidad y experiencia del
usuario (Ruano et al., 2021). Nuestros resultados sintetizados en la Tabla 1 donde se
observa mayor contribución del subsector privado a la desigualdad y un desempeño
relativamente más homogéneo en Uruguay, son coherentes con este cuerpo de
evidencia y subrayan que el diseño institucional modula quién accede, cuándo y cómo
(Roberti et al., 2024).
Desde la bioética, estas asimetrías comprometen principios de justicia distributiva y
de no maleficencia, pues la falta de acceso a atención competente, respetuosa y
confiable conlleva daño evitable. La Comisión de “High-Quality Health Systems” del
Lancet Global Health ha demostrado que la baja calidad explica más muertes evitables
que la no utilización en muchos contextos de ingresos bajos y medios, lo que ubica la
calidad como un imperativo moral, no sólo técnico (Kruk et al., 2018a; Kruk et al.,
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 135
Artículo Científico
2018b). En este marco, la Accountability for Reasonableness (A4R) de Daniels ofrece
un estándar procedimental para tomar decisiones de priorización legítimas bajo
escasez: publicidad, relevancia, posibilidad de revisión y cumplimiento (Daniels, 2000;
Hasman & Holm, 2005). La aplicación práctica de A4R en redes segmentadas implica
transparentar criterios de asignación como por ejemplo listas de espera, derivaciones
y autorización de procedimientos; y someterlos a escrutinio público, atendiendo
argumentos clínicos y sociales pertinentes. Nuestros hallazgos indican que muchos
“cuellos de botella” (autorizaciones, tiempos, derivaciones) recaen de forma
desproporcionada sobre los quintiles de menor ingreso en los subsectores público y
de seguridad social, lo que sugiere un campo prioritario para intervenciones de justicia
procedimental (Roberti et al., 2024).
En el caso ecuatoriano, la evidencia disponible, aunque anterior al periodo de estudio,
ya documentaba desigualdades por condición socioeconómica, ruralidad y etnicidad
en el uso de servicios, con menor probabilidad de atención preventiva y barreras
financieras y geográficas persistentes (López-Cevallos & Chi, 2009, López-Cevallos &
Chi, 2010). Este trasfondo ayuda a interpretar por qué, pese a esfuerzos de
fortalecimiento de la atención primaria y expansión del gasto, persisten brechas en
acceso oportuno y continuidad del cuidado señaladas en nuestra síntesis. A la luz de
la Comisión de Sistemas de Alta Calidad, avanzar en Ecuador exige pasar de
“cobertura nominal” a “cobertura efectiva con calidad”, midiendo de forma sistemática
dominios de competencia técnica, experiencia del usuario y confianza, y
desagregando por territorio, etnicidad y régimen de aseguramiento (Kruk et al., 2018a;
Roberti et al., 2024).
La comparación por subsectores (público, seguridad social y privado) permite
comprender mecanismos de producción de inequidad más allá de promedios
nacionales. El subsector privado concentra mejores resultados en experiencia
reportada y tiempos de respuesta, pero contribuye con mayor peso a la brecha pro-
rica, al ser financieramente inaccesible y espacialmente concentrado (Roberti et al.,
2024). La seguridad social ofrece mayor continuidad, pero reproduce barreras
burocráticas como autorizaciones y derivaciones, que afectan más a usuarios con
menor capital informacional y menor “capacidad de agencia” para navegar el sistema.
Por su parte, el subsector público presenta cobertura amplia con heterogeneidad
subnacional en oportunidad y disponibilidad. El caso de Uruguay, con un sistema
integrado y un fondo único que atenúa la segmentación efectiva, exhibe brechas
relativamente menores, reforzando la tesis de que reglas de financiamiento y arreglos
de provisión importan para la equidad (Roberti et al., 2024).
En síntesis, proponemos un paquete integrado de implicaciones bioéticas y de política
pública que sitúe la calidad como eje de la equidad y operacionalice la justicia
procedimental en los tres subsectores (público, seguridad social y privado): primero
institucionalizar la Accountability for Reasonableness (A4R) en decisiones meso y
micro como listas de espera, derivaciones y autorizaciones, mediante publicidad de
criterios, participación social significativa, mecanismos de apelación y garantía de
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Artículo Científico
cumplimiento, para asegurar decisiones legítimas bajo escasez (Daniels, 2000;
Hasman & Holm, 2005); segundo adoptar metas explícitas de cobertura efectiva con
calidad como competencia clínica, experiencia del usuario, continuidad y confianza,
con medición y auditoría periódicas desagregadas por quintil de ingreso, territorio y
etnicidad, dado que la baja calidad produce daño evitable y exacerba desigualdades
(Kruk et al., 2018a, 2018b); tercero, fortalecer una Atención Primaria de Salud
resolutiva con equipos multiprofesionales y financiamiento orientado a resultados de
acceso efectivo y calidad, a la luz de la evidencia de reducción de brechas cuando la
APS se escala con coherencia operativa; y cuarto, avanzar en des-segmentación
operativa mediante fondos de financiamiento más integrados, canastas explícitas y
compra estratégica intersubsectorial, con comparativos públicos de desempeño y
contratos con incentivos a calidad y equidad, para evitar circuitos paralelos pro-rico y
aproximar modelos de integración que muestran brechas menores en la región (Atun
et al., 2015; Roberti et al., 2024).
Para Ecuador, las prioridades bioéticas derivadas de la evidencia son: cmo primer
putno establecer estándares y auditorías de razonabilidad pública en la gestión de
cupos, derivaciones y autorizaciones; segundo robustecer la APS con equipos
comunitarios en zonas rurales e indígenas, incorporando métricas de competencia
técnica y experiencia del usuario; tercero transparentar y comparar desempeño entre
MSP, IESS/ISSFA/ISSPOL y proveedores privados contratados, con metas explícitas
de reducción de brechas; y cuarto fortalecer sistemas de información que permitan
medir cobertura efectiva y calidad percibida de forma desagregada (López-Cevallos &
Chi, 2009, López-Cevallos & Chi, 2010; Kruk et al., 2018a). Una fortaleza es el enfoque
comparativo por subsector, que evita promedios que ocultan heterogeneidades. Sin
embargo, la síntesis cualitativa relativa de indicadores, derivada de fuentes con
métricas no idénticas, limita la cuantificación de efectos. Futuros estudios deberían
integrar mediciones estandarizadas de calidad, cobertura efectiva y confianza, y
vincularlas con resultados clínicos y financieros a nivel de paciente (Roberti et al.,
2024; Kruk et al., 2018a). En Ecuador, persiste la necesidad de estudios recientes
(2020–2025) que articulen barreras financieras, geográficas y culturales con
resultados clínicos y de experiencia del usuario para informar intervenciones
bioéticamente justificables (López-Cevallos & Chi, 2009, López-Cevallos & Chi, 2010).
5. Conclusiones
La evidencia integrada para Ecuador y diversos países de América Latina revela que
la equidad en el acceso a los servicios de salud continúa condicionada por la
segmentación estructural entre los subsectores público, seguridad social y privado.
Esta segmentación, combinada con desigualdades socioeconómicas y territoriales,
genera rutas de atención que difieren en oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad.
En la práctica, dichas brechas se traducen en tiempos de espera prolongados, desvío
hacia gasto de bolsillo y renuncias a la atención por barreras administrativas o
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 01 | EneMar | 2026 pág. 137
Artículo Científico
culturales. La perspectiva bioética exige juzgar estos resultados no sólo por su
eficiencia, sino por su legitimidad moral y su impacto en grupos históricamente
vulnerados. El principio de justicia interpela a que las coberturas formales se
materialicen en acceso real y digno. Ello supone enfrentar no sólo déficits de oferta,
sino también arreglos institucionales que perpetúan decisiones opacas. En síntesis,
las disparidades observadas no son inevitables: responden a reglas y prácticas
modificables.
El análisis por subsector muestra que la ausencia de criterios explícitos de priorización
y referencia-contrarreferencia incrementa la variabilidad no justificada en la asignación
de turnos, procedimientos y traslados. Cuando las decisiones se rigen por criterios
implícitos o puramente administrativos, aumentan las demoras evitables y se
profundizan los gradientes “pro-ricos”. En contraste, allí donde hay reglas públicas,
verificables y auditables, se reduce la incertidumbre y mejora la experiencia del
paciente. La bioética clínica y de la salud pública coincide en que la razonabilidad, la
transparencia y la posibilidad de revisión son condiciones mínimas de justicia
procedimental. Convertir estos principios en instrumentos operativos no es un lujo
académico, sino un requisito para ordenar la demanda, orientar la oferta y asignar
recursos con imparcialidad. El equilibrio entre necesidad clínica, urgencia social y
efectividad esperada debe guiar la gestión cotidiana. Así, la coherencia entre normas
y práctica se vuelve un indicador moral y técnico a la vez.
El componente migratorio añade capas de vulnerabilidad que el sistema aún no
absorbe adecuadamente: barreras documentales, lingüísticas, económicas y de
discriminación sutil que comprometen la continuidad del cuidado. Estas barreras no
sólo afectan a personas en movilidad humana; exponen debilidades generales de los
procedimientos de registro, verificación de identidad y aseguramiento de beneficios.
Una respuesta bioéticamente robusta demanda rutas específicas de acceso para
situaciones de documentación incompleta, mediación intercultural y apoyos logísticos
que mitiguen costos indirectos. Esto incluye traducción comunitaria, horarios
extendidos, navegación de pacientes y coordinación intersectorial para alojamiento y
transporte sanitario. La focalización territorial con base en datos permite priorizar
puntos de mayor flujo migratorio y comunidades receptoras con infraestructura
limitada. La reducción de la incertidumbre administrativa protege la dignidad y evita la
medicalización de problemas sociales. Tales ajustes fortalecen la confianza pública y
disminuyen inequidades acumulativas.
A partir de la síntesis realizada, proponemos cinco líneas de acción inmediatas y
verificables. Primero, estandarizar criterios clínicos y sociofamiliares de priorización,
con escalas públicas aplicables a consulta, diagnóstico, quirúrgico y rehabilitación.
Segundo, simplificar y digitalizar trámites críticos como afiliación, agendamiento y
derivaciones, incorporando canales no presenciales y alternativas para usuarios sin
conectividad. Tercero, reducir costos indirectos con transporte focalizado, ventanillas
únicas, recordatorios y articulación con redes locales de apoyo. Cuarto,
institucionalizar mediación intercultural en establecimientos con diversidad lingüística
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Artículo Científico
y nacional, junto con capacitación en comunicación clínica centrada en la persona.
Quinto, crear comités locales de acceso y equidad con representación ciudadana,
capaces de revisar casos complejos, monitorear indicadores y emitir
recomendaciones vinculantes. Estas acciones, de bajo costo relativo y alto potencial
de impacto, convierten los principios en prácticas estables. Su evaluación continua
permitirá iterar y escalar con base en resultados.
Reconocemos límites inherentes al alcance descriptivo y a la heterogeneidad de
fuentes secundarias sintetizadas, lo que impide estimar con precisión magnitudes y
efectos causales. No obstante, el estudio ofrece una hoja de ruta para alinear
decisiones clínicas, de gestión y de política con estándares bioéticos exigentes. La
agenda futura debe incorporar métricas comparables entre subsectores, tiempos de
espera ajustados por gravedad, tasas de no-atención por costos indirectos, frecuencia
de apelaciones resueltas favorablemente, y análisis económico de intervenciones
costo-efectivas. Se sugiere, además, diseñar pilotos controlados de navegación de
pacientes, mediación intercultural y desburocratización selectiva, con evaluación
rigurosa de resultados y equidad. La adopción progresiva de estas reformas
fortalecerá la legitimidad moral del sistema y su resiliencia ante choques sanitarios o
sociales. En definitiva, avanzar hacia la equidad implica pasar del discurso a la
ingeniería institucional del acceso. Sólo con reglas claras, procesos auditables y
espacios reales de deliberación el sistema será, a la vez, efectivo y justo.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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