
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 03 | Jul – Sep | 2026 pág. 172
función redistributiva, ciertos estudios sobre infraestructura y protección social
sugieren que estos rubros podrían desincentivar el crecimiento económico, indicando
que el gasto social total no siempre guarda una relación positiva con el crecimiento
del Producto Interno Bruto global (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe [CEPAL], 2019). Finalmente, se observa que el choque derivado de la
pandemia de COVID-19 interrumpió los avances previos en la reducción de la
pobreza, lo que plantea la necesidad de una respuesta internacional coordinada para
garantizar la sostenibilidad futura.
En América Latina, la interdependencia entre el crecimiento económico, el gasto
público y social resulta determinante para mitigar la pobreza, operando bajo dinámicas
complejas que transcienden el incremento de la riqueza nacional. En este contexto, la
evidencia empírica en bloques como la Comunidad Andina sugiere que el gasto
público tiende a seguir la Ley de Wagner, donde el dinamismo del Producto Interno
Bruto actúa como motor que permite expandir la estructura estatal para financiar la
infraestructura necesaria para el desarrollo. Paralelamente, el gasto público social se
identifica como el instrumento redistributivo por excelencia del Estado, aunque su
efectividad en la reducción de la carencia monetaria regional suele verse limitada por
la dependencia del ciclo económico, la política fiscal y diversas ineficiencias en la
focalización del presupuesto destinado a los grupos vulnerables. En consecuencia, la
integración de estas variables bajo un modelo dinámico permite comprender que la
superación de la pobreza, además de actividad económica, requiere una mejora
sustancial en el bienestar humano y en la calidad institucional estatal.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, ofrece un marco regional de estudio relevante debido a sus objetivos comunes
de integración, desarrollo integral y reducción de la vulnerabilidad externa. No
obstante, dentro de la Comunidad Andina existen una marcada heterogeneidad,
mientras que a inicios de los 2000, Bolivia y Colombia presentaban una peor
distribución del ingreso (índice de Gini), Perú y Venezuela exhibían una mejor
distribución, con Ecuador en una posición intermedia. Además, la evidencia empírica
analizada para el bloque andino (1985-2015) sugiere que el comportamiento fiscal
suele seguir la Ley de Wagner, donde el incremento del Producto Interno Bruto
(PIB) actúa como motor principal que permite expandir el tamaño del Estado y
financiar servicios públicos esenciales (Herrera-Acosta et al., 2026).
Sin embargo, el Gasto Público Social es el instrumento idóneo para mitigar la
privación, su efectividad en países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ha sido
limitada por ineficiencias en la focalización y por el choque devastador de la pandemia
de COVID-19, que contrajo el PIB regional en un 7,4% y disparó la pobreza a niveles
no vistos en una década (Cavallo & Powell, 2021). En consecuencia, la aplicación de
un modelo de vectores autorregresivos para datos panel (PVAR), es fundamental para
cuantificar la interdependencia entre estas variables, permitiendo diseñar políticas
fiscales que no solo impulsen la riqueza nacional, sino que aseguren una reducción
sostenible de la pobreza en la región. (Feijóo & Peralta, 2017)