Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 29
Usos del suelo en la provincia de Cotopaxi y su futuro
al 2030: un análisis cualitativo desde la gobernanza
territorial y la acción pública
Land Use in Cotopaxi Province and Its Future Through 2030: A
Qualitative Analysis from the Perspectives of Territorial Governance
and Public Action
Zapata-Espín, Olga Mariela
1
Montenegro-Cueva, Efren Gonzalo
2
https://orcid.org/0009-0004-1373-0181
https://orcid.org/0000-0001-8196-4984
olga.zapata0806@utc.edu.ec
efren.montenegro@utc.edu.ec
Ecuador, Latacunga, Universidad Técnica de
Cotopaxi.
Ecuador, Latacunga, Universidad Técnica de
Cotopaxi.
Paladines-Camacho, Carlos Eduardo
3
https://orcid.org/0000-0001-7664-0387
carlos.paladines@alianzaestrategica.org
Ecuador, Investigador Independiente.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n4/281
Resumen: La planificación del uso del suelo en Cotopaxi
presenta tensiones entre la aptitud biofísica del territorio y las
decisiones político-administrativas, agravadas por presiones
socioambientales y deficiencias de coordinación institucional.
El estudio tuvo como objetivo analizar las características del
uso del suelo provincial y establecer bases para una
planificación territorial resiliente hacia 2030. Se desarrolló una
investigación cualitativa, mediante un estudio de caso que
integró el análisis documental de instrumentos de planificación
y 23 entrevistas semiestructuradas a representantes gremiales
y comunitarios de cuatro parroquias, procesadas mediante
codificación en dos ciclos y triangulación de información. Los
resultados evidenciaron limitaciones en el acceso y
comprensión de información territorial, fragmentación
institucional y desigualdad entre quienes conservan los
páramos y quienes aprovechan sus recursos hídricos.
Asimismo, se identificó el capital social comunitario como
recurso complementario para la gestión territorial. Estos
hallazgos revelan que la existencia de normativa no garantiza
una gobernanza efectiva, especialmente cuando persisten
debilidades institucionales y mecanismos insuficientes de
participación. Se concluye que la resiliencia territorial requiere
articular recursos legales, financieros, cognitivos, de control y
comunitarios mediante políticas públicas coordinadas,
participativas y sostenibles.
Palabras clave: uso del suelo; ordenamiento territorial;
gobernanza multinivel; capital social.
Research Article
Receptado: 20/Jul/2026
Aceptado: 14/Ago/2026
Publicado: 31/Oct/2026
Cita: Zapata-Espín, O. M., Montenegro-Cueva,
E. G., & Paladines-Camacho, C. E. (2026).
Usos del suelo en la provincia de Cotopaxi y su
futuro al 2030: un análisis cualitativo desde la
gobernanza territorial y la acción pública.
Journal of Economic and Social Science
Research, 6(4), 29-49.
https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n4/281
Journal of Economic and Social Science
Research (JESSR)
https://economicsocialresearch.com
jessr@editorialgrupo-aea.com
info@editoriagrupo-aea.com
Nota del editor: Editorial Grupo AEA se
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Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 30
Octubre – Diciembre 2026
Abstract:
Territorial planning in Cotopaxi province faces a structural disconnect between the
biophysical aptitude of the land and political-administrative occupation decisions, a
tension that climate change and anthropic pressure will intensify toward 2030. This
article aimed to determine the characteristics of land use in Cotopaxi to establish
technical grounds for resilient long-term territorial planning. A qualitative case study
design was adopted, triangulating a documentary corpus of current planning
instruments (national, provincial, cantonal, and parish-level) with 23 semi-structured
interviews conducted with representatives of productive associations and indigenous
and peasant communities across four parishes, analyzed through the two-cycle coding
process of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). Results show that, of the four public
action resources theorized by Subirats et al. (2008), the cognitive resource is the most
consistently deficient, more so than regulatory availability, which proved relatively
robust. The study also identified a systematic asymmetry between those who bear the
cost of páramo conservation and those who benefit from water resources without
corresponding responsibility, as well as a fifth resource not contemplated in the original
theoretical framework: community social capital (collective labor, assembly-based
governance, local knowledge), present throughout the peasant corpus as a de facto
territorial management mechanism. The study concludes that Cotopaxi's territorial
resilience toward 2030 depends less on the availability of regulation than on
institutional capacity to coordinate legal, financial, cognitive, control, and community
resources across levels of government.
Keywords: land use; land-use planning; multilevel governance; social capital.
1. Introducción
A nivel global, el suelo constituye un activo biofísico no renovable, cuya gestión
sostenible, se vuelve imprescindible para una mejor seguridad alimentaria, regulación
hídrica y mitigación del cambio climático (IPCC, 2019). No obstante, en la literatura
académica se evidencia una tendencia recurrente a tratar el suelo, como una
plataforma inerte para el crecimiento urbano, antes que, como un sistema biofísico,
con capacidades y límites definidos (Lambin et al., 2003; Veldkamp & Lambin, 2001).
En Ecuador, este patrón se puede evidenciar en la urbanización de baja densidad
sobre suelos de alta aptitud agrícola (Clase I y II), en un contexto normativo que
establece que, es atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
municipales y metropolitanos, la competencia de clasificar, subclasificar y regular el
uso del suelo urbano y rural, mientras que los GAD provinciales, tiene una influencia
complementaria en vialidad rural, riego, fomento productivo y gestión ambiental
(LOOTUGS, 2016; Barros, 2024).
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Específicamente, la provincia de Cotopaxi, se puede considerar el epicentro de esta
contradicción, ya que su ordenamiento se ha realizado de forma aislada, sin
considerar de manera integrada características territoriales determinantes como: (a)
ser la principal fuente de recursos hídricos de la región, (b) funciona como centro
logístico nacional y (c) constituir, a la vez, un eje de conectividad para el comercio del
País, ubicado en una zona de altísimo riesgo volcánico. Además, existe
documentación dispersa al respecto, de los cuales se puede citar por ejemplo,
estudios multitemporales de cobertura vegetal en Isinliví (Ugsha, 2023), Salamalag
Chico (Quillupangui, 2023), Belisario Quevedo (Shigui, 2025), Ashigua-Mulaló (Albán,
2025) y los páramos de Cuturiví (Chancusig, 2024). Pos otra parte, se han realizado
estudios sobre el retroceso glaciar del volcán Cotopaxi (Molina et al., 2024). No
obstante, no existe una síntesis que conecte esa evidencia biofísica dispersa y de
alcance limitado, con la arquitectura de gobernanza multinivel que efectivamente
regula esas transformaciones. Esta desconexión entre la aptitud natural del suelo y
las decisiones políticas de ocupación genera una vulnerabilidad sistémica que el
cambio climático puede agravar hasta 2030 (Barros-Esquivel et al., 2025), y es
precisamente ese el vacío que esta investigación busca cubrir.
Con el fin de identificar con precisión la brecha de conocimiento que sustenta este
estudio, la Tabla 1 sintetiza la filiación institucional, el objetivo, la metodología y el
resultado principal de los antecedentes investigativos citados.
Tabla 1
Filiación institucional, objetivos, metodología y resultados de los antecedentes
investigativos citados.
Estudio
Filiación
institucional
Objetivo
Metodología
Resultado
principal
Ugsha (2023)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Tesis de
Ingeniería
Ambiental)
Evaluar la cobertura
vegetal del páramo
de Isinliví (2013-
2022)
Análisis
multitemporal con
imágenes
satelitales y SIG
42,75% del
páramo analizado
sufrió cambios
drásticos por
avance de la
agricultura de
altura
Quillupangui
(2023)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Tesis de
Ingeniería)
Analizar la
cobertura vegetal
del páramo de
Salamalag Chico,
Guangaje (2014-
2022)
Clasificación
Corine Land Cover
La cobertura
arbustiva/herbácea
decreció de 50%
(2014) a 43%
(2018), con
recuperación
parcial a 48%
(2022)
Shigui (2025)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Tesis de
pregrado)
Analizar el cambio
de cobertura
vegetal en Belisario
Quevedo,
Latacunga (2013-
2023)
Comparación
multitemporal de
imágenes
satelitales
Expansión
sostenida del uso
antrópico hacia
cotas superiores
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Estudio
Filiación
institucional
Objetivo
Metodología
Resultado
principal
Albán (2025)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Tesis de
pregrado)
Analizar la
cobertura vegetal
de Ashigua, Mulaló
(2014-2024)
Análisis
multitemporal de
cobertura vegetal
Expansión de
actividades
agropecuarias
intensivas hacia
ecosistemas de
protección
Chancusig
(2024)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Tesis de
grado)
Estudiar factores
abióticos (suelo y
agua) en los
páramos de
Cuturiví, 3400-3800
m s.n.m. (2017-
2022)
Corine Land
Cover, Landsat,
ArcGIS/QGIS,
enfoque
cualitativo-
comparativo
Degradación física
y química del suelo
y del agua por
actividades
agropecuarias
Molina,
Aimacaña y
Toaquiza
(2024)
Universidad
Técnica de
Cotopaxi (Proyecto
de investigación)
Analizar el
retroceso glaciar del
volcán Cotopaxi
Teledetección
mediante Índice de
Diferencia
Normalizada de
Nieve (NDSI)
Contracción de la
superficie glaciar
de 12,63 km²
(2000) a 6,80 km²
(2024),
aproximadamente
46% de pérdida
Nota: (Autores, 2026).
Estos antecedentes, aunque metodológicamente sólidos, comparten una limitación
común: se concentran en la dimensión biofísica del cambio de cobertura y no abordan
la dimensión de gobernanza que determina su gestión. Esta es, precisamente, la
brecha de conocimiento que la presente investigación busca cerrar mediante la
triangulación de evidencia documental y empírica sobre gobernanza territorial, y el
insumo que permitirá, en la discusión, contrastar los resultados alcanzados con estos
estudios previos.
Con base en lo expuesto, la pregunta de investigación que guía este estudio es la
siguiente: ¿Cuáles son las características del uso del suelo en la provincia de Cotopaxi
que permiten establecer bases técnicas para una planificación territorial resiliente a
largo plazo (2030)? Los objetivos específicos que se persiguen son: desarrollar el
marco teórico y normativo del ordenamiento territorial y los usos del suelo en Ecuador;
diagnosticar el estado actual del uso del suelo en la provincia, identificando los
principales usos (agrícola, urbano, rural) y su distribución espacial; y determinar los
retos y desafíos que enfrenta la provincia en su proceso de ordenamiento territorial y
gestión de usos del suelo.
El estudio fue desarrollado con un enfoque cualitativo, utilizando análisis documental
de instrumentos de planificación vigentes con evidencia empírica primaria recogida en
campo a través de entrevistas. Con este diseño de investigación, es posible superar
la limitación de los estudios previos muy contextualizados, con el propósito de
determinar el uso del suelo como una construcción socioespacial regulada por el
Estado, y no solo como un dato biofísico. La presente investigación aporta una
contribución importante a la administración pública, al ofrecer una base técnica que
los GAD pueden utilizar para alinear sus instrumentos de planificación de cara a 2030.
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Una segunda contribución se enfoca en la academia, al sistematizar un cuerpo de
evidencia local dispersa que hasta ahora no había sido leído sobre la gobernanza
territorial.
Revisión de literatura
Marco Conceptual
Previo a la explicación de los sustentos teóricos de esta investigación, es necesario
establecer la diferencia entre cuatro conceptos que la literatura especializada
distingue con precisión, pero que, en la gestión pública y algunos instrumentos
técnicos, suelen emplearse como sinónimos (FAO, 1976). La cobertura del suelo, que
hace referencia a la condición biofísica fácilmente observable de la superficie terrestre,
en un momento dado; la cual incluye lo siguiente: vegetación natural, cultivos, cuerpos
de agua, superficie edificada. Un segundo término es el uso del suelo, que se define
como la función económica y social que las personas asignan a esa cobertura
(agrícola, urbana, industrial, de conservación), configurándose como una categoría
socioeconómica más que física. La clasificación del suelo, definida como la categoría
jurídico-administrativa que el Estado asigna a un predio o conforme a lo establecido
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS),
donde se estipula también, lo que puede y no puede hacerse en él. El último concepto
en la capacidad de uso o aptitud del suelo, que se concibe como el potencial biofísico-
productivo del mismo, determinado por variables como la pendiente, la profundidad y
la fertilidad (FAO, 1976). El problema que plantea esta investigación se ubica
precisamente en la brecha entre estas dos últimas categorías; es decir, entre la aptitud
biofísica y la clasificación jurídico-administrativa, que no siempre coinciden, y es esa
falta de coincidencia, en sí misma, una decisión política.
Geografía crítica y producción socio-espacial del territorio
La geografía crítica, es un constructo que se consolidó gracias a los aportes de David
Harvey y Milton Santos, permitiendo romper con la concepción positivista tradicional,
del espacio como categoría física neutra, descriptiva y geométrica (Harvey, 2005;
Santos, 2000; CEPAL, 2021). De esta manera, el espacio se convierte en un medio
de absorción de excedentes de capital, donde la urbanización, la reconfiguración de
la propiedad agraria y el desarrollo desigual constituyen estrategias de acumulación.
Bajo este punto de vista, la planificación territorial y las normativas de zonificación, ya
no son herramientas técnicas neutrales; sino que pasan a ser espacios concebidos
por el poder estatal, donde suelen entrar en conflicto con el espacio vivido por las
comunidades campesinas e indígenas en su territorialidad cotidiana. Específicamente
en el contexto donde se desarrolló esta investigación, este marco permite identificar
al menos seis procesos concretos, como manifestaciones de esa producción desigual
del espacio: (a) la expansión urbana de baja densidad sobre suelo agrícola de alta
aptitud; (b) los conflictos entre suelo rural de producción y suelo rural de expansión
urbana; (c) la presión agropecuaria de altura sobre los páramos; (d) la tensión entre
el territorio indígena y los instrumentos técnicos de zonificación; (e) la exposición al
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riesgo volcánico del corredor logístico del lugar; y (f) el propio ejercicio de la regulación
pública como mecanismo de profundización de esas asimetrías. Otros abordajes
latinoamericanos sobre desarrollo territorial cuestionan, además, el paradigma
extractivista como horizonte de ocupación del suelo (Ramírez-Miranda & Cruz, 2024;
Sampaio, 2020), lo que amplía el debate sobre qué modelo de territorio se persigue
hacia 2030 y no únicamente sobre cómo regularlo (Palacios-López et al., 2024).
Teoría de la acción pública y recursos del Estado
Para comprender cómo el ordenamiento territorial, se configura como factor de
intervención estatal, es necesario analizar las herramientas de la Teoría de la Acción
Pública. De acuerdo con Joan Subirats, las políticas públicas se definen como
propuestas de regulación colectiva, frente a problemas y contradicciones sociales;
donde el Estado contemporáneo, ha dejado de operar como una estructura vertical y
soberana, convirtiéndose en un actor relacional que tiene interacción con el sector
privado y la sociedad civil (Subirats, 1989; Subirats & Gomà, 1996; Subirats et al.,
2008). En el ordenamiento territorial, los actores movilizan cuatro tipos de recursos
que, de alguna manera pueden condicionar el éxito o fracaso de la acción estatal. En
la presente investigación esto se operacionalizan a través de los recursos normativos
y legales; los recursos financieros; los recursos cognitivos y los recursos de fuerza;
siendo estos últimos todos los relacionados a la capacidad legítima de coacción para
sancionar infracciones. El reto de la administración pública en general y de Cotopaxi
en particular, consiste en articular estos cuatro recursos de forma ética y transparente.
Otro de los pilares que sustenta esta investigación, es la Gobernanza Multinivel
(GMN), definida como un modelo de gestión pública, en el que la autoridad y las
competencias de planificación, son distribuidas y coordinadas entre niveles de
gobierno y entre actores estatales y sociales (Hooghe & Marks, 2003; Bache &
Flinders, 2004; Sanchez-Simbaña, 2025). Desde esta perspectiva, las fronteras
políticas y administrativas muy pocas veces coinciden con la escala real de los
problemas públicos, haciendo necesario diseñar e implementar mecanismos de
cooperación vertical y horizontal. Específicamente en Ecuador, la implementación de
este tipo de Gobernanza, debe enfrentar cuatro barreras estructurales recurrentes
(García & Vargas, 2023; Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
[CONGOPE], 2022; Huaman, 2026): (a) fragmentación entre marcos normativos
nacionales, provinciales y cantonales, que muchas veces se traslapan o entran en
conflicto; (b) recursos financieros insuficientes que limitan la autonomía real de los
GAD y los hacen dependientes de transferencias del gobierno central; (c) débil
capacidad técnica, por la escasez de cuadros profesionales especializados en
municipalidades y juntas parroquiales pequeñas; y (d) dificultades de coordinación
interinstitucional. Para hacer frente a estos desafíos, se pueden aplicar tres principios
de articulación (horizontal, vertical y temporal), que orienten las políticas de corto plazo
hacia metas sostenibles de largo plazo.
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Marco normativo del uso del suelo en Ecuador
Respecto al marco normativo, se debe señalar que el COOTAD otorga a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, la competencia de planificar el desarrollo y ordenar el
territorio, no obstante, no es una competencia homogénea entre niveles de gobierno;
ya que, los GAD municipales y metropolitanos, regulan de forma exclusiva la
clasificación, subclasificación, uso y gestión del suelo urbano y rural a través del Plan
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), mientras que, el GAD provincial, tiene una
influencia complementaria que está relacionada a la vialidad rural, riego y drenaje,
gestión ambiental y fomento productivo (Barros, 2024). Esta distinción es fundamental
para el contexto donde se desarrollar esta investigación, considerando que, el GAD
Provincial y los GAD municipales, tienen sus operaciones en el mismo territorio, pero
con instrumentos y competencias distintas, haciendo necesario la implementación de
una coordinación explícita, que la normativa no garantiza. De acuerdo con lo
estipulado en el artículo 18 de la LOOTUGS, el suelo urbano se subclasifica en
consolidado, no consolidado y de protección; además, de acuerdo con el artículo 19,
el suelo rural se subclasifica en de producción, de aprovechamiento extractivo, de
expansión urbana y de protección, cada uno con un tratamiento urbanístico específico,
que constituye uno de los ejes más importantes con los que, el sector público, impone
reglas para guiar la transformación material del territorio. La vigilancia de este régimen
corresponde a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que bajo la
Resolución SOT-DS-2020-008 tipifica como infracción muy grave la transformación
ilegal de suelo rural a urbano, o de suelo rural de producción a suelo rural de
expansión urbana (Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, 2020). A nivel nacional, este marco cantonal y provincial, debe además
alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo (Secretaría Nacional de Planificación,
2025).
Cambio de cobertura vegetal en Cotopaxi
Respecto a los cambios en la cobertura vegetal, la evidencia empírica buenas que se
han realizado investigaciones en distintas parroquias de la provincia, donde se ha
encontrado patrón consistente de presión antrópica sobre los ecosistemas
altoandinos. En Isinliví (cantón Sigchos), el análisis de cobertura vegetal entre 2013 y
2022, determinó que el 42,75% del territorio de páramo analizado, sufrió cambios
drásticos con la agricultura de altura como principal responsable del retroceso de la
vegetación arbustiva y herbácea (Ugsha, 2023). Así mismo, en la comunidad
Salamalag Chico (parroquia Guangaje, cantón Pujilí), la tierra arbustiva y herbácea de
páramo, decreció del 50% de la superficie comunal en 2014 al 43% en 2018, con una
recuperación parcial al 48% en 2022, que se atribuye al abandono temporal o rotación
de cultivos. En el mismo periodo, la cobertura forestal, que ha estado ocupada
mayoritariamente por plantaciones exóticas de pino, disminuyó del 7% al 2%
(Quillupangui, 2023). En la parroquia Belisario Quevedo, de acuerdo con Shigui (2025)
y en la comuna Ashigua de la parroquia Mulaló, de acuerdo con los estudios de Albán,
(2025), ubicadas en el cantón Latacunga, los análisis demuestran una expansión
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sostenida del uso antrópico hacia las cotas superiores de la montaña. De forma
complementaria, el estudio de los páramos de Cuturiví (cantón Pujilí), muestra una
degradación física y química del suelo y del agua entre los 3.400 y 3.800 m s.n.m.
durante el quinquenio 2017-2022 (Chancusig, 2024). Estas investigaciones,
constituyen una evidencia contextual valiosa, que no se recomienda generalizar de
forma automática al conjunto de la provincia, cuya extensión y heterogeneidad
ecosistémica, excede ampliamente los casos documentados (Lambin et al., 2003).
Retroceso glaciar del volcán Cotopaxi y su relación con el recurso hídrico
Según Molina et al. (2024) la superficie glaciar del volcán Cotopaxi, se contrajo de
12,63 km² en el año 2000 a 6,80 km² en el año 2024. De acuerdo con estos autores,
bajo una extrapolación preliminar de la tendencia observada, los autores proyectan la
desaparición total del glaciar hacia 2060; una proyección debe leerse como un
escenario referencial y no como una certeza, dado que una extrapolación lineal simple
no incorpora variables como precipitación, ceniza volcánica, radiación, topografía y
variabilidad climática interanual, todas determinantes en la dinámica de glaciares
tropicales (IPCC, 2019; Molina et al., 2024).
Respeto al campo de estudio del cambio de uso del suelo, se verifica que existen
estudios con enfoque cuantitativo, en los que, a través del uso de Cadenas de Markov
y modelos de Autómatas Celulares (CA-Markov), simulan escenarios de crecimiento
urbano y degradación de cobertura, acompañados con sistemas de calibración,
validación y análisis de incertidumbre (Verburg et al., 2004). Por ejemplo, en Ecuador,
González (2019), modeló el cambio de uso del suelo al año 2030 en el Parque
Nacional Machalilla mediante el módulo Land Change Modeler (LCM) de TerrSet junto
con ArcGIS. La validación de este tipo de modelos exige procedimientos específicos,
como la comparación retrospectiva entre mapas históricos y mapas reales, que van
más allá del índice Kappa (Pontius & Millones, 2011; Varga et al., 2019). El presente
estudio no emplea estas técnicas de modelación espacial cuantitativa; sin embargo,
se referencian como antecedente metodológico del campo y como línea de
investigación complementaria a futuro, dado que el diseño cualitativo adoptado,
prioriza la dimensión de gobernanza y acción pública sobre la modelación biofísica.
Es importante acotar que, la conversión del páramo hacia tierras agrícolas no solo
desestabiliza los servicios hidrológicos, sino que también reduce la capacidad de
almacenamiento de carbono del suelo y compromete la resiliencia climática del
altiplano andino (Chuncho, 2019).
2. Materiales y métodos
Para desarrollar este estudio, se aplicó un enfoque cualitativo con un diseño de
Estudio de Caso (Yin, 2018). La investigación se realizó en la provincia de Cotopaxi,
con triangulación de dos fuentes: corpus documental de instrumentos de planificación
y normativa (Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, Secretaría Nacional de
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Planificación, 2025; Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial provincial de
Cotopaxi, (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi [GADPC],
2024); Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Latacunga, GADML, 2024; y Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Toacaso, GADPRT, 2024), y
entrevistas semiestructuradas a informantes clave (gremios industriales y productivos;
comunidades indígenas y campesinas).
La población de referencia está compuesta por dos universos de actores vinculados a
la regulación y el uso del suelo en la provincia de Cotopaxi: (a) representantes de
gremios y asociaciones productivas con actividad económica formal o semiformal en
los cantones de la provincia, en sectores con incidencia documentada sobre el uso del
suelo (agropecuario-lácteo, floricultor, agroindustrial, extractivo-constructivo, textil-
artesanal, logístico, turístico rural y de comercio agrícola); y (b) miembros de
comunidades indígenas y campesinas asentadas en parroquias con frontera agrícola
activa o páramo bajo presión, identificadas a partir de la evidencia documental
revisada en la sección 2.6 (Isinliví, Guangaje, Mulaló y Toacaso).
La muestra utilizada es no probabilística, de tipo intencional por criterio (Patton, 2002),
y estuvo compuesta por 23 informantes: 8 representantes de gremios, y 15 miembros
de comunidades, distribuidos en cuatro parroquias, con un criterio de heterogeneidad
interna deliberada; es decir, en cada comunidad, se buscó incluir al menos un dirigente
u autoridad comunitaria, una persona vinculada a la gestión del agua (junta de riego o
agua potable), una productor o productora, un joven o técnico agropecuario, y, cuando
fue posible, una persona mayor con memoria histórica del territorio. El cierre de la
muestra se determinó por saturación temática y no por representatividad estadística,
incorporando nuevos informantes cuando las respuestas adicionales dejaron de
aportar categorías o matices no registrados previamente en el análisis. Con esta
composición no se buscó incrementar la representatividad en sentido probabilístico de
la población total, sino maximizar la variación interna de perspectivas dentro de cada
grupo, conforme al propósito interpretativo. De acuerdo con los lineamientos
propuestos por Miles et al. (2014), los datos recolectados a través de las entrevistas
aplicadas fueron grabados, previa autorización de los informantes, y luego transcritos
textualmente. Cada entrevista se identificó con un código de anonimato (A01–A08
para gremios; B01–B15 para comunidades)
El análisis sigue el modelo de tres flujos concurrentes de Miles et al. (2014), que
incluye las siguientes fases: (a) condensación de datos (seleccionar, focalizar y
abstraer la información mediante codificación), (b) despliegue de datos (organizar la
información condensada en matrices que permitan ver patrones) y (c) elaboración y
verificación de conclusiones. Estos tres flujos no son secuenciales sino iterativos a lo
largo del análisis.
Técnica de Codificación
En la primera fase de codificación, se aplicaron códigos descriptivos y en vivo a las
entrevistas, partiendo de una lista primaria de códigos, derivada del marco teórico
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planteado que incluye: clasificación normativa del suelo, recursos de la acción pública
(legal, financiero, cognitivo, de control), barreras de gobernanza multinivel, conflictos
de uso y coherencia horizontal-vertical-temporal. La lista está abierta a códigos
emergentes que no se anticiparon en la teoría; por ejemplo: percepciones sobre riesgo
volcánico, migración o brecha generacional.
Los códigos de primer ciclo se agruparon en códigos de patrón consolidando
categorías más amplias que permitieron identificar temas transversales en los datos
analizados. Este ciclo es el que traduce la codificación en interpretación, a través de
un ejercicio analítico sobre qué patrones conectan los testimonios obtenidos. Durante
la codificación, se elaboran memos analíticos que registran interpretaciones
emergentes. Los hallazgos se organizan en matrices de despliegue, que permiten
comparar de forma sistemática gremios y comunidades, y detectar convergencias y
divergencias entre el discurso normativo y el testimonio de campo.
Análisis desarrollado
Se realizó en primera instancia, un análisis dentro de cada grupo de informantes
(gremios; comunidades), y luego un análisis cruzado entre ambos grupos y entre
parroquias, siguiendo la lógica de comparación constante propuesta por Miles et al.
(2014). La credibilidad se sustenta en la triangulación entre documento, entrevista y
literatura académica, más que en técnicas de validación propias de la modelación
espacial cuantitativa. La transferibilidad se limita al contexto de Cotopaxi. Previo a la
aplicación de cada una de las entrevistas, se obtuvo el consentimiento informado de
los participantes; además se mantuvo el anonimato de los participantes, mediante
códigos alfanuméricos (A01–A08, B01–B15).
3. Resultados
Las 23 entrevistas realizadas, fueron codificadas siguiendo el proceso de dos ciclos
propuesto por Miles et al. (2014): 8 a representantes de distintos gremios (A01–A08)
y 15 a comunidades de cuatro parroquias (B01–B15). Antes de sistematizar por
categoría teórica, se realizó el análisis por casos, lo cual se recomienda como paso
previo a cualquier síntesis cruzada, ya que preserva la particularidad de cada sector
y cada parroquia antes de analizarla bajo un patrón general.
Tabla 2
De códigos de primer ciclo a códigos de patrón
Categoría a priori
Códigos de primer ciclo
(ejemplos)
Código de patrón
Clasificación normativa del
suelo
"no del todo", "trata de manera
similar actividades muy
distintas", "debería existir una
escala"
Poca Flexibilidad en la
Clasificación normativa
Recursos de la acción
pública
"mapas comprensibles", "no
siempre se explicó a todas las
Brecha Cognitiva
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Octubre – Diciembre 2026
Categoría a priori
Códigos de primer ciclo
(ejemplos)
Código de patrón
familias", "difícil entender cómo
afecta a nuestra parcela"
Barreras de gobernanza
multinivel
"los plazos de cada institución
no coinciden", "una institución
repara lo que otra obra dañó"
Fragmentación Operativa
Coherencia
horizontal/vertical/temporal
"los proyectos de conservación
ayudan, pero duran poco",
"toman fotografías y luego no
regresan"
Intervención no proactiva
Recursos y capacidades
(gremios)
"ventanilla que reúna los
requisitos", "una sola oficina
para coordinar"
Falta de Integración Institucional
Saberes y prácticas locales
(comunidades)
"minga", "asamblea", "no
quemar el pajonal", "guardar
semillas"
Capital Social Comunitario
(emergente)
"no podemos atribuirlo solo a
eso", "hay que evitar una
explicación única"
Atribución Multicausal
(emergente)
"las mujeres... reciben menos
información", "las mujeres a
veces no somos escuchadas"
Brecha de Género
Nota: (Autores, 2026).
3.1. Análisis dentro de casos: gremios y comunidades
Respecto del análisis de casos a nivel de gremios, agrupar a los ocho gremios
únicamente por sector económico oculta un patrón más útil, ya que se diferencian
mejor según el tipo de presión territorial que enfrentan. Un primer grupo enfrenta
presión por el uso continuo del suelo; por ejemplo, se afirma que "algunas fincas
lecheras se han dividido entre herederos o se han vendido por lotes" (A01); "predios
antes agrícolas se convirtieron en plataformas logísticas" (A06); "en las entradas de
los cantones aparecieron bodegas y centros de acopio sobre antiguas parcelas" (A08).
Un segundo grupo considera el agua y el paisaje como recursos críticos, no el suelo
en sí; se menciona por ejemplo que "el recurso principal es la información hídrica
actualizada y verificable" (A02); "el paisaje como infraestructura territorial" (A07). Un
tercer grupo enfrenta un problema de escala y formalización más que de localización:
"una planta artesanal de baja emisión no debería tener los mismos condicionamientos
que una fábrica grande" (A03); "debería existir una escala: actividad artesanal
compatible, taller condicionado y planta que requiere zona productiva" (A05).
En el análisis de casos por comunidades se evidencia un patrón de abandono por
migración, con afirmaciones como: "varias parcelas están con pasto o sin trabajar
porque sus dueños viven en Quito o Latacunga" (B03), junto con el avance del cultivo
hacia zonas más altas debido a la presión de herencia (B01). Los participantes
mencionan que su mayor necesidad es una mayor conectividad y educación técnica
como alternativa a la migración definitiva (B01, B03).
Por otra parte, la gestión comunitaria del agua aparece más institucionalizada (junta
administradora, B05) y donde es más explícita la tensión entre conservación y
necesidad inmediata; se menciona por ejemplo que, "la gente entra por necesidad de
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Octubre – Diciembre 2026
pasto o cultivo, especialmente cuando no tiene suficiente tierra abajo" (B04, en
referencia a informante B12 con el mismo patrón). También una de las parroquias
menciona una pérdida importante de semillas y diversidad de cultivos tradicionales
frente al monocultivo de pasto (B06).
Según los participantes B08–B10, se evidencia también un patrón más urbano
principalmente en las comunidades más cercanas a Latacunga y la carretera principal:
"donde antes había pastos continuos ahora hay urbanizaciones, bodegas y talleres"
(B08). Es importante destacar también que uno de los informantes comunitarios (B10,
técnico agropecuario) usa explícitamente un lenguaje técnico-territorial equivalente al
de los gremios, describiendo el territorio como un "gradiente" antes que, como dos
zonas separadas, y pidiendo "un visor sencillo con capas de agua, riesgo y uso actual".
Según los informantes B11–B15, una parroquia es la que cuenta con la mayor
diversidad de perfiles y la única donde el conflicto se describe explícitamente como
intercomunitario y no solo entre la comunidad y la autoridad. Así mismo, solo una
parroquia cuenta con una propuesta institucional concreta de remuneración por
conservación ("guardaparques comunitarios con remuneración estable", B12).
3.2. Resultados según las categorías teóricas
Los ocho representantes de los gremios coinciden en que existen aspectos a mejorar
respecto de la clasificación urbano-rural establecida en la LOOTUGS, ya que, a decir
de ellos, no refleja adecuadamente las actividades mixtas ni aquellas que se
desarrollan a pequeña escala. A las opiniones ya señaladas de A01, A03, A04, A05 y
A07, se incorporan las del sector florícola y logístico. Se menciona por ejemplo que
“la clasificación debería incorporar intensidad de uso, capacidad de carga hídrica y
medidas de amortiguamiento, no solamente el nombre general del suelo” (A02). Por
su parte, se menciona también que “una zona puede ser compatible en el mapa y no
tener una intersección segura” (A06). Este fue el único tema en el que todos los
integrantes de un mismo grupo coincidieron en su opinión.
El análisis también permitió identificar la existencia de dificultades en el acceso y
comprensión de la información sobre planificación territorial. En las comunidades,
únicamente B10, técnico agropecuario, y B15, integrante joven de un colectivo
ambiental, señalaron conocer el PDOT y el PUGS. Los otros 13 participantes
señalaron que reciben la información de manera incompleta, tardía o a través de sus
dirigentes. Además, en cinco entrevistas se evidenciaron brechas de género (B02,
B04, B06, B09 y B13).
La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno también fue
mencionada, de una u otra manera, por los informantes. A nivel gremial, esta
descoordinación se evidencia en la falta de coincidencia entre los plazos y criterios
utilizados por las instituciones (A02, A04 y A06). A nivel de las comunidades, por otra
parte, se percibe a través de mensajes institucionales contradictorios (B04) y de
intervenciones que terminan sin capacitar adecuadamente a los beneficiarios en
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Octubre – Diciembre 2026
territorio (B06 y B12). La Superintendencia de Ordenamiento Territorial fue
mencionada únicamente por cuatro participantes de forma directa, uno de forma
indirecta. Ningún representante a nivel gremial, la señaló expresamente. En todos los
casos, las referencias se debieron a su escasa visibilidad o al desconocimiento de sus
funciones.
En 11 de las 15 entrevistas realizadas en las comunidades, se señaló que, no siempre
quienes asumen la responsabilidad de conservar el territorio, reciben los beneficios
de esa conservación. Esta desigualdad se presenta de varias maneras; por ejemplo:
entre comunidades ubicadas aguas arriba y aguas abajo (B11), entre familias con
mayor o menor cantidad de tierra dentro de una misma comunidad (B04), y entre
habitantes antiguos y nuevos residentes (B09). Otro aspecto recurrente, fue la
percepción de que las instituciones solo intervienen, cuando el problema ya se ha
presentado, con acciones que duran muy poco tiempo. Esta situación fue señalada
por seis de los ocho gremios y por nueve de las 15 comunidades. En los gremios se
destaca que este problema tiene relación con la falta de anticipación y claridad en las
normas; mientras que las comunidades, destacan la poca continuidad del
acompañamiento estatal. B12 lo resumió al señalar que “los proyectos de
conservación ayudan, pero duran poco”.
Además, a nivel comunitario se menciona que, la existencia del estrés hídrico no tiene
una sola causa. Las causas incluyen el retroceso del glaciar, la reducción del pajonal,
la presencia de zanjas, los eucaliptos, los cambios en las precipitaciones, la pérdida
de vegetación y el aumento del consumo de agua (B01 y B03). También se menciona
como causa, la compactación del suelo provocada por el ganado y la dependencia del
páramo local (B04 y B05). En otra comunidad, los participantes mencionaron que este
problema tiene relación con el crecimiento de la población y con la construcción de
viviendas y obras que impiden que el agua se filtre en el suelo. B08 lo expresó como
la presencia de “más construcciones y cemento sobre el suelo”, mientras que B10
insistió en la necesidad de evitar explicaciones basadas en una sola causa. También
se mencionaron las fugas en la infraestructura y la pérdida de vegetación (B14). B15
presentó una de las ideas más claras al afirmar que “el retroceso del glaciar es una
señal importante para la región, pero no explica todo”. Solo B04 y B05 expresaron
cierta incertidumbre sin plantear con claridad otras posibles causas; no obstante,
tampoco atribuyeron el problema exclusivamente al retroceso del glaciar.
3.3. Modelo de uso del suelo en Cotopaxi al 2030
Con el fin de sintetizar la respuesta a la pregunta de investigación y visualizar las
relaciones entre las categorías identificadas, la Tabla 2 y la Figura 1, organiza los
hallazgos en cinco niveles relacionales, desde el problema estructural hasta el modelo
orientador. Esta síntesis constituye una primera aproximación exploratoria a un
modelo cualitativo, y no un modelo teórico definitivo, quedando abierta como base
para futuras investigaciones que profundicen en su estructuración —cualitativa o
cuantitativa— con nueva evidencia empírica.
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Octubre – Diciembre 2026
Tabla 3
Modelo uso del suelo en Cotopaxi al 2030
Nivel del
modelo
Categorías integradas
Relación principal
Aporte para
tomadores de
decisiones
Problema
estructural
Tensión entre aptitud
biofísica y decisiones
político-administrativas
El suelo no es solo dato
físico; es una
construcción
socioespacial regulada
por el Estado
Evitar decisiones de
uso del suelo basadas
únicamente en
clasificación normativa
o presión económica
Barreras
institucionales
Rigidez de la clasificación
normativa, brecha cognitiva,
fragmentación operativa e
intervención no proactiva
La normativa existe, pero
no se traduce
automáticamente en
gestión efectiva
Priorizar información
clara, coordinación
interinstitucional y
seguimiento
permanente
Barreras
socioambientales
Asimetría beneficio-carga,
estrés hídrico multicausal,
brecha de género
Los impactos y las
responsabilidades se
distribuyen de forma
desigual
Diseñar mecanismos
de compensación,
inclusión y
corresponsabilidad
territorial
Recurso
emergente
Capital social comunitario
(minga, asamblea, saberes
locales)
Opera como mecanismo
de gestión territorial de
facto, no contemplado en
la teoría original
Reconocer, financiar e
incorporar
formalmente este
recurso en el PDOT, el
PUGS y programas de
conservación
Modelo
orientador
Gobernanza territorial
resiliente al 2030
La resiliencia depende de
articular recursos legales,
financieros, cognitivos, de
control y comunitarios
Construir una política
territorial coordinada,
preventiva,
participativa y basada
en evidencia
Nota: (Autores, 2026).
Figura 1
Modelo uso de suelo con base en síntesis relacional a partir de la codificación de dos
ciclos de Miles et al. (2014)
Nota: (Autores, 2026).
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Octubre – Diciembre 2026
Este modelo responde directamente a la pregunta de investigación y a los tres
objetivos específicos planteados: recoge el marco teórico y normativo (nivel de
problema estructural y barreras institucionales), el diagnóstico del uso del suelo y su
distribución espacial (barreras institucionales y socioambientales), y los retos y
desafíos identificados (recurso emergente y modelo orientador). Se trata de una
aproximación exploratoria que aporta a la brecha de conocimiento existente y abre
paso a futuras investigaciones orientadas a la estructuración de un modelo teórico,
cualitativo o cuantitativo, sobre la gobernanza del uso del suelo en contextos
territoriales similares.
4. Discusión
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten confirmar que el marco
teórico, por sí solo, no ofrecía una premisa de partida respecto a que el uso del suelo
en Cotopaxi es una construcción socioespacial muy discutida y no un dato biofísico
neutro. La geografía crítica anticipaba una tensión entre el espacio concebido por el
Estado, con el espacio en el que viven las comunidades; y justamente el trabajo de
campo realizado, permitió precisar el mecanismo de esa tensión. En 11 de las 15
entrevistas realizadas a nivel comunitario, se evidencia una asimetría entre quienes
asumen el costo de la conservación y quienes obtienen el beneficio. Esta asimetría
beneficio-carga, no es un hallazgo aislado ya que, aparece en las cuatro parroquias
estudiadas, con ciertas variantes; lo que le da solidez como patrón territorial y no solo
como queja puntual de un informante.
Sobre el supuesto orientador respecto a la articulación de recursos legales,
financieros, cognitivos y de control, se puede afirmar que esta es condición necesaria,
aunque no suficiente, para un desarrollo territorial resiliente al 2030, considerando
que, el recurso cognitivo es señalado como la deficiencia más importante por la
mayoría de los informantes. Por otra parte, la normativa, en cambio, existe y es
relativamente robusta desde 2016; lo cual confirma que el cuello de botella no es la
ausencia de reglas, sino la imposibilidad práctica de que los actores accedan a ellas,
las comprenda y las usen para tomar decisiones informadas.
El hallazgo relevante de esta investigación es la existencia de un repertorio de
prácticas de acción colectiva, como minga, asamblea, sanciones internas, cuidado
rotativo de vertientes, conservación de semillas, que opera como mecanismo de
gestión territorial, en ausencia o insuficiencia de los otros cuatro recursos teorizados
por Subirats et al. (2008). Esto sugiere que el modelo de cuatro recursos de la acción
pública es insuficiente para describir la gobernanza territorial en contextos indígena-
campesinos, donde el capital social comunitario funciona como un quinto recurso, pero
con efectos de gobernanza equivalentes, que hasta ahora ha sido invisible para la
política pública. La propia advertencia de una informante es, en sí misma, una
hipótesis para la investigación futura, enfocada en analizar qué ocurre cuando el
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Octubre – Diciembre 2026
Estado delega, de facto, en el capital social comunitario funciones que le
corresponden, sin reconocerlas ni remunerarlas.
Estos hallazgos, contrastados con los fundamentos teóricos de partida, muestran
tanto coincidencias como matices. Respecto a la geografía crítica (Harvey, 2005;
Santos, 2000), la evidencia empírica confirma que el territorio es un espacio producido
de forma desigual, pero precisa el mecanismo de esa desigualdad en una asimetría
medible entre quienes conservan y quienes se benefician, algo que la teoría planteaba
de forma más general. Respecto a la Teoría de la Acción Pública (Subirats et al.,
2008), los resultados no solo confirman los cuatro recursos teorizados, sino que
revelan una jerarquía funcional entre ellos y la necesidad de ampliar el modelo con un
quinto recurso comunitario. Respecto a la Gobernanza Multinivel (Hooghe & Marks,
2003; Bache & Flinders, 2004; García & Vargas, 2023; CONGOPE, 2022), las barreras
estructurales previstas por la literatura se confirman, aunque con una manifestación
diferenciada según el tipo de actor, un matiz que los antecedentes revisados no habían
documentado. Al contrastar estos hallazgos con los antecedentes investigativos
empíricos (Tabla 1), se observa una complementariedad relevante: mientras
Quillupangui (2023), Shigui (2025), Albán (2025) y Chancusig (2024) documentan la
dimensión biofísica del cambio de cobertura vegetal en distintas parroquias, y Molina,
Aimacaña y Toaquiza (2024) documentan el retroceso glaciar mediante teledetección,
ninguno de estos estudios aborda la dimensión de gobernanza que determina cómo
se gestionan esas transformaciones. La presente investigación cierra parcialmente
esa brecha al mostrar que la causa del estrés hídrico, según los propios actores
territoriales, no puede reducirse al retroceso glaciar que documentan estos
antecedentes, sino que responde a un sistema de causas locales y accionables, lo
que eleva el nivel científico de la discusión al integrar evidencia biofísica previa con
evidencia de gobernanza territorial de primera mano.
Implicaciones teóricas
Esta investigación aporta algunos resultados importantes a la literatura científica.
Primero, existe una jerarquía funcional entre los recursos de Subirats: el recurso
cognitivo antecede y condiciona la eficacia de los otros tres. Segundo, una ampliación
del modelo de cuatro recursos mediante un quinto recurso no estatal, compuesto por
el capital social comunitario, que la teoría de la acción pública, formulada desde una
matriz estatal-céntrica, no incorpora pero que resulta determinante a nivel comunitario.
Tercero, una matización de las barreras de gobernanza multinivel (García & Vargas,
2023; CONGOPE, 2022), las cuales no se distribuyen simétricamente, sino que se
manifiestan como fragmentación procedimental para el sector regulado y como
intervención discontinua para las comunidades. Cuarto, la atribución multicausal del
estrés hídrico, con variantes específicas por parroquia, se configura como corrección
a nivel epistemológico, frente a narrativas deterministas que establecen causas únicas
del problema hídrico.
Implicaciones prácticas para la gestión pública
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Octubre – Diciembre 2026
De la brecha cognitiva se deriva la prioridad más clara que es la implementación de
un sistema de información territorial interoperable, con lenguaje accesible y bilingüe,
con canales diferenciados por género, dado que la brecha de información afecta de
forma desproporcionada a las mujeres de acuerdo a los hallazgos del estudio. De la
fragmentación operativa se deriva la necesidad de una inspección técnica conjunta o
puntos de atención interinstitucional; además, es necesario establecer mecanismos
de compensación por servicios hidrológicos entre usuarios aguas abajo y
comunidades conservadoras aguas arriba, a través de políticas públicas articuladas
entre actores territoriales. Por otra parte, el capital social comunitario como recurso no
estatal, se configura en una recomendación relevante; para esto, los GAD deben dejar
de tratar la minga y la vigilancia comunitaria, como aporte voluntario gratuito, e
incorporarlas con financiamiento, en los instrumentos de gestión del PDOT y el PUGS.
5. Conclusiones
El presente estudio, tuvo como propósito principal analizar las características del uso
del suelo en Cotopaxi, que pueden servir como base para una planificación territorial
resiliente al 2030. Los resultados obtenidos evidencian que el principal problema no
se encuentra únicamente en las condiciones físicas y ambientales del territorio, sino
que está relacionado con la manera desigual en que se distribuyen los recursos, la
información y las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno y los
actores locales. Si bien existe normativa consolidada, así como estudios sobre la
degradación de los páramos y el retroceso glaciar, esta información todavía no llega
de forma clara y oportuna a las personas e instituciones que deben aplicarla o
enfrentar directamente sus consecuencias.
Respecto al desarrollo del marco teórico y normativo del ordenamiento territorial en
Ecuador, se elaboró una síntesis integral sobre los aportes de la geografía crítica, la
teoría de la acción pública y la gobernanza multinivel. A estos enfoques se añadió un
elemento que no había sido considerado inicialmente: el capital social de las
comunidades. Este recurso, basado en la organización, la cooperación y el
conocimiento local, cumple un papel importante en la gestión del territorio, aunque
generalmente no sea reconocido desde una visión centrada exclusivamente en las
instituciones del Estado.
Respecto al segundo objetivo específico, enfocado en diagnosticar el estado actual
del uso del suelo y su distribución espacial, la información documental se
complementó con los testimonios recogidos durante las entrevistas. Todos los
representantes de los gremios señalaron que la clasificación que divide el suelo
únicamente en urbano y rural no representa adecuadamente las actividades
productivas mixtas y de pequeña escala que se desarrollan en la provincia. Asimismo,
el 73 % de los participantes comunitarios indicó que la ocupación del páramo responde
principalmente a las necesidades económicas de las familias y al crecimiento de la
población, más que a una política pública planificada.
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Octubre – Diciembre 2026
En cuanto al tercer objetivo específico, relacionado con la identificación de los
principales retos del ordenamiento territorial en Cotopaxi, los hallazgos permiten
reconocer cuatro desafíos prioritarios. El primero consiste en reducir las dificultades
de acceso y comprensión de la información territorial, problema señalado con mayor
frecuencia por los dos grupos entrevistados. El segundo se relaciona con la falta de
coordinación entre los distintos niveles de gobierno, situación presente en todas las
entrevistas. El tercero implica corregir la desigualdad existente entre las comunidades
que conservan las fuentes de agua y los sectores que reciben sus beneficios, realidad
identificada en las cuatro parroquias estudiadas. Finalmente, es necesario reconocer
y financiar el trabajo comunitario que actualmente sostiene, sin remuneración, una
parte importante de la gestión y conservación del páramo.
La evidencia cualitativa también respalda el supuesto que orientó el estudio: la
viabilidad del ordenamiento territorial para 2030 depende más de la adecuada
articulación de los recursos que de la mera existencia de leyes y normas. Los
resultados permiten precisar que, entre los cuatro recursos considerados inicialmente,
el recurso cognitivo, es el más importante. A este se suma un quinto recurso, de
carácter comunitario y no estatal, que debe ser reconocido e incorporado en la
planificación. Si no se consideran los conocimientos, las formas de organización y las
experiencias de quienes habitan el territorio, cualquier estrategia para Cotopaxi al
2030 corre el riesgo de diseñarse sobre una realidad distinta de la que viven y
describen sus propias comunidades.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
“Los autores declaran que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial
generativa en la elaboración de este manuscrito.”
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