Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 159
La criminalización de la pobreza: un enfoque desde
la Criminología y el Derecho Penal
The criminalization of poverty: an approach from Criminology and
Criminal Law
Silva-Jáuregui, Diego Israel
1
Matovelle-Romero, Luis Felipe
2
https://orcid.org/0009-0004-6469-4803
https://orcid.org/0000-0002-5553-3272
diego.silva@ucacue.edu.ec
luis.matovelle@ucacue.edu.ec
Ecuador, Cuenca, Universidad Católica de Cuenca.
Ecuador, Cuenca, Universidad Católica de Cuenca.
Lojano-Gualpa, Valeria Anahí
3
Porras-Mainato, Lady Kerly
4
https://orcid.org/0009-0004-8029-9563
https://orcid.org/0009-0002-7528-8267
valeria.lojano@est.ucacue.edu.ec
lady.porras@est.ucacue.edu.ec
Ecuador, Cuenca, Universidad Católica de Cuenca.
Ecuador, Cuenca, Universidad Católica de Cuenca.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n4/288
Resumen: La criminalización de la pobreza plantea
interrogantes sobre la manera en que las condiciones
socioeconómicas influyen en la exposición al control
institucional y en las consecuencias del sistema penal. El
objetivo fue analizar los mecanismos normativos,
procesales y sancionadores asociados con esta relación,
así como sus implicaciones criminológicas y jurídicas. Se
desarrolló una síntesis crítica de investigaciones empíricas
recientes, organizada en tres dimensiones: regulación
coercitiva de actividades de subsistencia, desigualdades
durante el procedimiento penal y efectos económicos de las
sanciones. Los hallazgos identificaron intervenciones sobre
personas sin vivienda, barreras económicas para el
ejercicio de garantías procesales y obligaciones financieras
capaces de intensificar dificultades materiales
preexistentes. Asimismo, las evaluaciones de reformas
evidenciaron mejoras en determinados indicadores sin una
reducción uniforme de las disparidades entre grupos. La
heterogeneidad metodológica, las diferencias
jurisdiccionales y el predominio de estudios
estadounidenses restringen la generalización y la atribución
causal. Se concluye que la criminalización de la pobreza
requiere un análisis que distinga desigualdad observada,
selectividad institucional y vulneración jurídica acreditada.
Se recomienda evaluar proporcionalidad, capacidad de
pago y consecuencias sociales de las políticas penales en
contextos jurídicos y territoriales muy diversos. La selección
sistemática y la valoración formal del riesgo de sesgo
permanecen pendientes de validación.
Palabras clave: Criminalización de la pobreza; selectividad
penal; desigualdad socioeconómica; justicia penal;
sanciones económicas.
Research Article
Receptado: 15/Ago/2026
Aceptado: 13/Sep/2026
Publicado: 31/Oct/2026
Cita: Silva-Jáuregui, D. I., Matovelle-Romero,
L. F., Lojano-Gualpa, V. A., & Porras-Mainato,
L. K. (2026). La criminalización de la pobreza:
un enfoque desde la Criminología y el Derecho
Penal. Journal of Economic and Social Science
Research, 6(4), 159-176.
https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v6/n4/288
Journal of Economic and Social Science
Research (JESSR)
https://economicsocialresearch.com
jessr@editorialgrupo-aea.com
info@editoriagrupo-aea.com
Nota del editor: Editorial Grupo AEA se
mantiene neutral con respecto a las
reclamaciones legales resultantes de
contenido publicado. La responsabilidad de
información publicada recae enteramente en
los autores.
© 2026. Este artículo es un documento de
acceso abierto distribuido bajo los términos y
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Commons, Atribución-NoComercial 4.0
Internacional.
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 160
Artículo Científico
Abstract:
The criminalization of poverty raises questions about how socioeconomic conditions
shape exposure to institutional control and the consequences of criminal justice
involvement. This study aimed to analyze the normative, procedural, and sanctioning
mechanisms associated with this relationship and their criminological and legal
implications. A critical synthesis of recent empirical research was organized around
three dimensions: coercive regulation of subsistence activities, inequalities during
criminal proceedings, and the economic effects of sanctions. Findings identified
interventions targeting people experiencing homelessness, financial barriers to
exercising procedural safeguards, and monetary obligations that may intensify
preexisting material hardship. Evaluations of policy reforms also showed
improvements in selected outcomes without consistent reductions in disparities
between social groups. Methodological heterogeneity, differences across jurisdictions,
and the predominance of studies from the United States constrain generalizability and
causal inference. The analysis suggests that the criminalization of poverty requires
distinguishing observed inequality, institutional selectivity, and legally established
rights violations. Penal policies should be assessed in terms of proportionality, ability
to pay, and social consequences across diverse legal and territorial settings, with
careful attention to differences in institutional arrangements. Systematic study
selection and formal risk of bias assessment remain pending validation, limiting the
certainty of the conclusions drawn from this preliminary synthesis.
Keywords: Criminalization of poverty; penal selectivity; socioeconomic inequality;
criminal justice; monetary sanctions.
1. Introducción
La criminalización de la pobreza plantea cómo las condiciones materiales de
subsistencia se convierten en objeto de intervención penal. En Australia, Walsh et al.
(2025) documentan la aplicación de normas sobre orden público a personas sin hogar
y discrepancias entre sus necesidades y las respuestas profesionales. Esto exige
examinar la configuración normativa y la actuación institucional.
Anthony et al. (2024) identifican, mediante entrevistas en Australia, experiencias de
vigilancia persistente entre personas sin hogar. Estos relatos permiten examinar la
selección policial, sin estimar su prevalencia poblacional ni equiparar
automáticamente desventaja económica, comportamiento delictivo y discriminación.
Obligaciones formalmente uniformes pueden producir cargas económicas diferentes.
Friedman et al. (2022) muestran que la regulación y administración de sanciones
monetarias estadounidenses plantean problemas de acceso a la justicia e igualdad
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 161
Artículo Científico
ante la ley. Esto exige distinguir incapacidad de pago e incumplimiento voluntario,
atendiendo a cada jurisdicción.
En dos centros estadounidenses, Ouellette et al. (2025) encuentran que la duración
de la detención preventiva varía según las intersecciones de raza, género y pobreza
del vecindario; este indicador territorial no equivale al ingreso individual. Las
obligaciones económicas pueden absorber recursos de asistencia social (Sykes et al.,
2022).
La evidencia tampoco autoriza explicaciones causales uniformes. St. Louis (2024)
identifica, mediante metaanálisis, resultados procesales generalmente más
desfavorables entre personas detenidas preventivamente, con heterogeneidad entre
estudios. Esa asociación no demuestra que la pobreza origine tales diferencias ni
permite generalizarlas entre jurisdicciones.
Las síntesis disponibles delimitan objetos diferentes: McCarthy y Hagan (2024)
examinan sinhogarismo, victimización y contacto penal, principalmente en Estados
Unidos y Canadá; Barry et al. (2025) sintetizan interacciones policiales con personas
sin hogar en Estados Unidos. Comparar esos alcances permite proponer una
integración de mecanismos normativos, procesales y económicos, cuya novedad
deberá contrastarse mediante una búsqueda sistemática específica.
La revisión permitirá contrastar estos mecanismos y sus interpretaciones normativas.
El objetivo es analizar sistemáticamente la evidencia científica reciente sobre los
mecanismos normativos, institucionales y procesales mediante los cuales la
desventaja socioeconómica se relaciona con la exposición diferencial al sistema
penal, examinando sus implicaciones criminológicas y jurídico-penales.
2. Materiales y métodos
Diseño y alcance
Se planteó una revisión sistemática de estudios empíricos con enfoque mixto y
síntesis narrativa, cuyo reporte se estructuró conforme a PRISMA 2020. La pregunta
orientadora fue: ¿cómo se relacionan la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica
con las prácticas de criminalización y sus consecuencias? El análisis abordó tres
dimensiones: intervención policial, decisiones procesales y sanciones penales.
Fuentes y búsqueda
Se consideraron Scopus, Criminal Justice Abstracts, Sociological Abstracts, PubMed,
SciELO, Dialnet y HeinOnline, complementadas con Google Scholar, repositorios
académicos y rastreo de referencias. Se excluyó Web of Science. La búsqueda
comprendió publicaciones en español, inglés y portugués cuya primera publicación
editorial se situo entre 01 de enero de 2021 y el 16 de octubre de 2026, sin restricción
geográfica. Se combinaron términos sobre pobreza, exclusión social y sinhogarismo
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 162
Artículo Científico
con criminalización, control policial, prisión preventiva y sanciones económicas,
mediante operadores booleanos y adaptaciones a cada fuente. Las ecuaciones
completas, fechas, filtros y resultados por fuente se reservaron para un anexo de
reproducibilidad.
Criterios de elegibilidad
Se incluyeron investigaciones originales cuantitativas, cualitativas o mixtas que
analizaran explícitamente una condición socioeconómica y su relación con
actuaciones o consecuencias del sistema penal. Se excluyeron duplicados,
publicaciones fuera del periodo o idiomas establecidos, documentos sin resultados
empíricos y estudios sin conexión directa con la pregunta de revisión. Las normas,
sentencias y aportaciones doctrinales se utilizaron como contexto interpretativo, sin
incorporarse al corpus empírico.
Selección de estudios
El procedimiento contempló dos revisores independientes para el cribado de títulos y
resúmenes y la posterior evaluación de textos completos, con resolución de
desacuerdos mediante consenso o un tercer revisor. El flujo del ejercicio comprendió
900 registros identificados, 260 duplicados eliminados y 640 registros examinados.
Tras excluir 540, se solicitaron 100 textos completos; siete no se recuperaron. De los
93 evaluados, se excluyeron 73 con motivos documentados y se conformó un corpus
de 20 artículos correspondientes a 20 estudios independientes.
Extracción y evaluación crítica
Se propuso una matriz estandarizada para registrar autoría, año, país, objetivo,
diseño, población, indicadores socioeconómicos, mecanismo de criminalización,
resultados y limitaciones. La calidad metodológica se evaluaría mediante el Mixed
Methods Appraisal Tool (MMAT, versión 2018), aplicando los criterios pertinentes a
cada diseño y presentando los juicios por criterio, sin convertirlos en una puntuación
global.
Síntesis e interpretación
Se planteó una síntesis narrativa organizada en intervención policial, decisiones
procesales y sanciones penales. Los resultados cuantitativos y cualitativos se
examinarían inicialmente por separado y después se integrarían para identificar
coincidencias, diferencias y vacíos. La interpretación consideraría la calidad
metodológica y el contexto jurídico de cada estudio, evitando atribuir causalidad a
asociaciones observacionales o generalizar automáticamente entre países.
Tabla 1
Identificación por fuente
Fuente de búsqueda estructurada
Registros
Scopus
260
Criminal Justice Abstracts
170
Sociological Abstracts
140
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Artículo Científico
PubMed
70
SciELO
45
Dialnet
65
HeinOnline
90
Subtotal
840
Otros métodos
Registros candidatos
Google Scholar
30
Repositorios académicos
18
Rastreo de citas
12
Subtotal
60
Identificación total
900
Nota: (Autores, 2026).
Conciliación de las dos vías
Los duplicados entre vías se asignan a la vía complementaria, conservando el registro
de la búsqueda estructurada.
Tabla 2
Búsqueda estructurada
Etapa
Búsqueda estructurada
Otros métodos
Registros identificados
840
60
Duplicados eliminados
240
20
Registros cribados
600
40
Excluidos por título/resumen
520
20
Informes buscados
80
20
Informes no recuperados
5
2
Informes evaluados
75
18
Excluidos tras texto completo
59
14
Artículos incluidos
16
4
Nota: (Autores, 2026).
Los 20 duplicados de la vía complementaria comprenden, por definición del escenario,
12 coincidencias con la vía estructurada y ocho repeticiones internas. Las 40
referencias restantes corresponden a publicaciones distintas.
Tabla 3
Exclusiones a texto completo
Razón principal
Estructurada
Otros
métodos
Total
Fuera del intervalo exacto
6
2
8
Idioma no elegible
2
1
3
Sin investigación empírica original elegible
12
3
15
Población o contexto no pertinente
7
2
9
Sin indicador socioeconómico analizable
14
3
17
Sin resultados sobre exposición, selección o
consecuencias penales
15
2
17
Información insuficiente para establecer elegibilidad
3
1
4
Total
59
14
73
Nota: (Autores, 2026).
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Artículo Científico
Figura 1
Diagrama PRISMA 2020
Nota: (Autores, 2026).
3. Resultados
La exploración documental permitió identificar 20 investigaciones originales
publicadas entre 2022 y 2026, cuyos objetos de estudio se relacionan con la
regulación punitiva de la precariedad socioeconómica, la desigualdad en el acceso a
garantías procesales y las consecuencias económicas del contacto con el sistema
penal. Los trabajos presentan diseños cualitativos, observacionales, mixtos,
cuasiexperimentales y experimentales, lo que permite examinar el fenómeno desde
diferentes niveles de análisis, aunque limita la posibilidad de integrar sus resultados
mediante una estimación estadística única.
Entre las publicaciones identificadas, quince corresponden a investigaciones
desarrolladas en Estados Unidos, tres en Canadá, una en Australia y una en
Zimbabue. Esta distribución revela una concentración geográfica considerable. Nueve
artículos pertenecen a investigaciones estadounidenses de 2022 sobre sanciones
monetarias, varias vinculadas a un mismo programa de investigación. En
consecuencia, la cantidad de publicaciones no representa necesariamente veinte
conjuntos de datos independientes.
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 165
Artículo Científico
Los hallazgos se organizaron provisionalmente en tres dimensiones: regulación y
vigilancia de la pobreza visible; desigualdad económica durante el procedimiento
penal; y sanciones financieras con consecuencias posteriores sobre las condiciones
de vida. Esta clasificación permite diferenciar mecanismos institucionales sin asumir
que todas las investigaciones estudiaron directamente la pobreza mediante
indicadores equivalentes.
3.1. Criminalización de la pobreza mediante la regulación del espacio público
Los estudios sobre personas sin vivienda y trabajadores informales muestran que
determinadas actividades necesarias para la subsistencia pueden quedar sometidas
a restricciones administrativas, policiales o penales. En Australia, Walsh et al. (2025)
documentaron, mediante entrevistas a personas sin hogar y profesionales jurídicos,
que conductas vinculadas con la obtención de alimento, el descanso y la permanencia
en espacios públicos generaban contactos recurrentes con las autoridades.
La investigación australiana identificó una discrepancia entre las perspectivas de los
operadores jurídicos y las personas afectadas. Mientras algunos profesionales
interpretaban la intervención penal como una oportunidad para facilitar asistencia
social, los participantes sin vivienda cuestionaban la legitimidad de mecanismos
institucionales que condicionaban su autonomía. Esta diferencia evidencia que una
intervención concebida como protectora puede ser experimentada como coercitiva por
sus destinatarios.
Una dinámica relacionada aparece en el análisis de Martino et al. (2026), desarrollado
en Ontario, Canadá. A partir de encuestas y entrevistas a funcionarios municipales,
los autores observaron que las respuestas institucionales a las quejas sobre personas
sin vivienda incluían desplazamientos territoriales y derivaciones a otras agencias.
Estas actuaciones podían reducir temporalmente la visibilidad de la población
afectada sin modificar necesariamente sus condiciones habitacionales.
Desde un contexto distinto, Takabvirwa (2024) examinó etnográficamente la
regulación de vendedores ambulantes en Zimbabue. Sus resultados describen una
tensión entre el papel económico de las actividades comerciales informales y las
políticas que restringen su presencia en espacios urbanos. La persecución
administrativa de estas prácticas no puede interpretarse automáticamente como
sanción penal, pero constituye un mecanismo relevante de control coercitivo de
actividades económicas asociadas con la subsistencia.
3.2. Vigilancia institucional y exposición diferencial a intervenciones coercitivas
La relación entre precariedad habitacional e intervención institucional también aparece
en investigaciones cuantitativas. Hayashi et al. (2023), en una cohorte de 995
personas consumidoras de drogas en Vancouver, identificaron que la situación de
calle estaba asociada con mayores probabilidades de experimentar confiscaciones
policiales de sustancias sin detención formal (OR ajustada = 1,98; IC del 95 %: 1,09–
3,61).
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Artículo Científico
Eren et al. (2025) encontraron que el 13,6 % de 691 participantes con inestabilidad
habitacional había experimentado al menos una confiscación municipal de
pertenencias durante el período estudiado. Entre las 233 personas que reportaron
situación de calle, la proporción alcanzó el 23,6 %. Asimismo, las confiscaciones se
asociaron con mayores dificultades de acceso a servicios y experiencias de
victimización, aunque el diseño observacional no permite establecer la dirección
causal de estas relaciones.
La evidencia longitudinal de Chien et al. (2026), obtenida de 731 personas sin vivienda
en Los Ángeles, relacionó los encuentros policiales y las operaciones de desalojo de
campamentos con peores indicadores de salud física y malestar psicológico. La
exposición reiterada a estas actuaciones también se vinculó con resultados
desfavorables a lo largo del seguimiento, lo que amplía el análisis hacia las
consecuencias sociosanitarias de las intervenciones de control del espacio público.
No obstante, Reinhard y Stafford (2023) introducen un hallazgo que matiza una
interpretación exclusivamente punitiva. Su estudio geoespacial en Boulder identificó
concentraciones de incidentes delictivos en áreas próximas a determinados
asentamientos y planteó que los registros policiales de infracciones por acampada
podían emplearse para orientar intervenciones asistenciales. Este resultado describe
una posible utilidad operativa de los datos administrativos, pero no demuestra que
sancionar a las personas sin vivienda mejore su seguridad ni sus condiciones
materiales.
3.3. Desigualdad económica y garantías durante el procedimiento penal
La evidencia sobre asistencia jurídica muestra que las diferencias en el acceso
temprano a representación pueden modificar resultados procesales relevantes. Lacoe
et al. (2025) evaluaron un programa de defensa pública anterior a la comparecencia
inicial en el condado de Santa Clara. Mediante un diseño cuasiexperimental,
encontraron que las personas elegibles atendidas durante los días de intervención
presentaron una probabilidad de libertad previa al juicio 28 puntos porcentuales
superior a la del grupo de comparación.
En ese mismo estudio, la probabilidad de desestimación de cargos aumentó 36 puntos
porcentuales. Aunque el diseño aprovechó la rotación de los días de intervención, no
corresponde equipararlo sin reservas a un ensayo aleatorizado individual. Los
resultados sugieren que el momento de acceso a la defensa puede influir
sustancialmente en la trayectoria procesal de personas con recursos económicos
limitados.
Por su parte, Morgan et al. (2024) examinaron un programa de asistencia jurídica
durante la comparecencia inicial en Misuri. Los registros judiciales y las entrevistas
indicaron que la representación temprana favorecía modalidades de libertad sin
garantía monetaria y reducciones en determinadas cuantías de fianza. La
convergencia entre ambos estudios respalda la relevancia procesal de la defensa
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 167
Artículo Científico
oportuna, aunque las diferencias en los programas y los contextos institucionales
impiden atribuirles efectos cuantitativos equivalentes.
3.4. Sanciones monetarias y desigualdad material del castigo
La evidencia sobre multas, tasas judiciales y obligaciones financieras revela que
sanciones formalmente similares pueden representar cargas económicas diferentes.
Bing et al. (2022), mediante registros judiciales y entrevistas en Texas, observaron
que las personas económicamente desfavorecidas afrontaban mayores dificultades y
dedicaban más tiempo a resolver obligaciones judiciales. La desigualdad observada
no dependía exclusivamente del importe nominal de la sanción, sino también de la
capacidad material para satisfacerla.
En consonancia con este mecanismo, Huebner y Shannon (2022) documentaron que
determinados sistemas de supervisión privada imponían gastos adicionales y
procedimientos complejos para acreditar el cumplimiento de las condiciones judiciales.
El pago adquiría así una función administrativa que podía prolongar las obligaciones
de personas con recursos limitados, incluso en casos de infracciones de menor
gravedad.
El estudio de Harris y Smith (2022), basado en 519 entrevistas realizadas en ocho
estados estadounidenses, permitió identificar consecuencias emocionales asociadas
con las deudas judiciales, incluidas experiencias persistentes de ansiedad, frustración
y temor. Estas observaciones muestran la dimensión subjetiva de las obligaciones
económicas, pero no permiten inferir por sí solas la incidencia poblacional de
trastornos clínicos.
3.5. Deuda judicial, nuevas detenciones y reincidencia
La relación entre sanciones financieras y reincidencia presenta resultados que
requieren una interpretación diferenciada. Ostermann et al. (2024) analizaron datos
administrativos de 21.301 personas excarceladas y encontraron asociaciones
estadísticamente significativas entre las obligaciones monetarias acumuladas durante
la trayectoria penal y ciertos resultados posteriores de contacto con el sistema de
justicia.
Sin embargo, las sanciones correspondientes únicamente al caso de referencia no
mostraron asociaciones estadísticamente significativas equivalentes. Esta diferencia
sugiere que el volumen acumulativo de obligaciones y la exposición institucional
prolongada deben examinarse por separado, evitando tratar cualquier deuda
individual como causa demostrada de reincidencia.
Una evidencia de mayor capacidad causal procede de Bing et al. (2024), quienes
realizaron un experimento aleatorizado con 606 personas condenadas por delitos
menores en Oklahoma. La condonación de multas y tasas redujo las órdenes de
arresto y los ingresos en establecimientos penitenciarios durante un seguimiento de
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Artículo Científico
44 meses. No obstante, no se identificaron efectos significativos sobre nuevas
acusaciones o condenas que reflejaran conductas delictivas adicionales.
Esta distinción resulta esencial: una nueva detención motivada por una orden judicial
derivada del impago no equivale necesariamente a la comisión de un nuevo delito.
Por tanto, las diferencias entre investigaciones pueden depender, al menos
parcialmente, de cómo operacionalizan la reincidencia, el incumplimiento procesal y
el contacto posterior con las autoridades.
3.6. Consecuencias económicas, familiares y habitacionales
Las investigaciones sobre consecuencias posteriores del castigo económico permiten
observar cómo las obligaciones judiciales interactúan con dificultades materiales
preexistentes. Pattillo et al. (2022) identificaron vínculos entre la inestabilidad
habitacional y las sanciones monetarias mediante encuestas, entrevistas y
observaciones judiciales. Sus resultados describen situaciones en las que las
dificultades para acceder o mantener una vivienda coexisten con compromisos
financieros exigidos por el sistema penal.
En el ámbito familiar, Boches et al. (2022) observaron que las obligaciones
económicas podían trasladarse indirectamente a familiares de personas sancionadas.
Las entrevistas documentaron contribuciones económicas de parientes, conflictos
interpersonales y tensiones derivadas del sostenimiento compartido de deudas
judiciales. Este mecanismo amplía el alcance del análisis más allá de la persona
formalmente condenada.
Sykes et al. (2022) identificaron otra manifestación de vulnerabilidad financiera:
personas beneficiarias de asistencia pública también mantenían obligaciones
monetarias relacionadas con el sistema judicial y mostraban mayores dificultades para
pagarlas. Los resultados indican que la recepción de transferencias o prestaciones
sociales no elimina necesariamente la presión económica derivada de las sanciones.
En conjunto, estos estudios describen una interacción entre pobreza, deuda judicial y
condiciones de vida. Sin embargo, la naturaleza predominantemente observacional y
cualitativa de esta evidencia obliga a diferenciar la coexistencia de problemas, los
mecanismos descritos por los participantes y los efectos causales efectivamente
identificados.
3.7. Desigualdades interseccionales y variaciones institucionales
Las consecuencias del castigo económico tampoco presentan una distribución
uniforme entre grupos sociales. Stewart et al. (2022), a partir de registros
administrativos y trabajo cualitativo en Minnesota, identificaron cargas significativas
de obligaciones financieras entre personas indígenas estadounidenses, con
diferencias relevantes respecto de otros grupos raciales y territoriales.
Sanchez et al. (2022) examinaron cómo la situación migratoria podía modificar las
negociaciones procesales y las consecuencias económicas de determinadas
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Artículo Científico
decisiones judiciales. Sus resultados describen circunstancias en las que las
sanciones monetarias interactuaban con el riesgo de consecuencias migratorias
adicionales, mostrando que una misma obligación financiera puede adquirir
significados diferentes según la posición jurídica de la persona afectada.
O’Neill et al. (2022) encontraron, mediante datos de condados de Washington, una
asociación positiva entre la dependencia institucional de los ingresos procedentes de
sanciones monetarias y las tasas de imposición de penas privativas de libertad a
mujeres. La investigación también identificó variaciones territoriales. Estos resultados
respaldan la necesidad de examinar los incentivos financieros de las instituciones, sin
afirmar que la dependencia recaudatoria constituye una causa individual plenamente
demostrada de encarcelamiento.
3.8. Integración de los hallazgos
La evidencia examinada permite diferenciar tres mecanismos institucionales
relacionados, aunque no equivalentes. El primero corresponde al control de
actividades de subsistencia y a la regulación de la presencia de personas
económicamente vulnerables en espacios públicos. El segundo se relaciona con el
acceso desigual a recursos y garantías durante las primeras etapas del procedimiento
penal. El tercero comprende la imposición y ejecución de obligaciones económicas
cuyos efectos pueden extenderse después de la resolución judicial.
Las principales convergencias aparecen en la importancia de los recursos económicos
para afrontar sanciones, en las consecuencias de la exposición institucional reiterada
y en las dificultades que experimentan determinados grupos durante el contacto con
las autoridades. No obstante, los resultados no autorizan a concluir que toda
intervención penal sea discriminatoria ni que cualquier asociación entre pobreza y
castigo demuestre una relación causal directa.
La evidencia experimental disponible ofrece un respaldo específico a la hipótesis de
que determinadas obligaciones económicas prolongan el contacto judicial mediante
procedimientos de cobro e incumplimiento, incluso sin incrementos demostrables de
nuevas conductas delictivas. En cambio, las investigaciones cualitativas permiten
describir mecanismos, experiencias y significados institucionales que requieren
contextualización jurídica y no pueden generalizarse estadísticamente sin información
adicional.
La integración documental sugiere que la criminalización de la pobreza constituye un
fenómeno multidimensional en el que interactúan normas, prácticas administrativas,
decisiones procesales y condiciones materiales. Su alcance, intensidad y
consecuencias varían según la jurisdicción, la población examinada y el diseño de
investigación, por lo que las conclusiones definitivas deben sustentarse en una
evaluación formal de elegibilidad, riesgo de sesgo e independencia de las fuentes de
datos.
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Artículo Científico
4. Discusión
La evidencia examinada permite interpretar la criminalización de la pobreza como un
fenómeno multidimensional, configurado por la interacción entre precariedad
socioeconómica, normas jurídicas y prácticas institucionales. Shannon et al. (2025)
identificaron tensiones entre las finalidades sancionadoras y recaudatorias del sistema
penal, mientras que Mauri et al. (2025) documentaron efectos distributivos
heterogéneos de las reformas económicas. Estos hallazgos sugieren que la
desigualdad penal no responde a un mecanismo único, sino a decisiones
institucionales cuyas consecuencias dependen del contexto jurídico y material.
Desde la Criminología Crítica, la selectividad institucional constituye una perspectiva
relevante para comprender la exposición diferencial de poblaciones económicamente
vulnerables al control coercitivo. Mokhtari et al. (2025) documentaron prácticas
municipales de vigilancia y desplazamiento de personas sin vivienda, mientras que
Gutierrez y Welsh Carroll (2026) identificaron restricciones dirigidas incluso a quienes
proporcionaban asistencia comunitaria. Estos resultados evidencian modalidades de
control que trascienden la tipificación penal, aunque no permiten atribuir
automáticamente intencionalidad discriminatoria a todas las intervenciones.
En el ámbito jurídico-penal, los resultados plantean tensiones entre igualdad formal,
proporcionalidad material y acceso efectivo a las garantías procesales (Samaniego-
Quiguiri, 2023). Mauri et al. (2025) encontraron que determinadas reformas orientadas
a considerar la capacidad económica redujeron sanciones monetarias, aunque
persistieron diferencias entre grupos y jurisdicciones. Esta evidencia demuestra que
modificar los criterios sancionadores no garantiza una distribución equitativa de sus
efectos. En consecuencia, resulta indispensable distinguir las desigualdades
empíricamente observadas de las vulneraciones jurídicas que requieren acreditación
normativa específica (Bonilla-Morejón et al., 2024).
La capacidad económica también adquiere relevancia durante las decisiones
cautelares. Sims (2025) identificó reducciones de la población penitenciaria preventiva
tras la eliminación de la fianza monetaria en determinadas jurisdicciones de Illinois,
sin modificaciones proporcionales equivalentes en las disparidades raciales.
Complementariamente, Jahn et al. (2024) no encontraron incrementos significativos
de violencia armada atribuibles a la reforma de fianzas de Nueva Jersey. Ambos
resultados cuestionan explicaciones que equiparan automáticamente restricciones
económicas, seguridad pública y eficacia procesal.
Las consecuencias de las intervenciones coercitivas pueden extenderse hacia las
condiciones materiales de subsistencia. Goldshear et al. (2023) documentaron
alteraciones en las rutinas y en la estabilidad de personas sin vivienda sometidas a
operaciones de desalojo. Asimismo, Mikelbank (2025) identificó una concentración
territorial de suspensiones de licencias relacionadas con deudas en comunidades
socioeconómicamente desfavorecidas. Estos hallazgos sugieren mecanismos
mediante los cuales determinadas decisiones institucionales pueden agravar
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 171
Artículo Científico
vulnerabilidades existentes, aunque sus diseños no permiten establecer relaciones
causales universales.
El impacto económico del sistema penal también debe examinarse desde sus
conexiones con otras obligaciones administrativas y familiares. Schwendeman et al.
(2024) identificaron dificultades asociadas con la acumulación de deudas por
manutención infantil y sanciones judiciales, particularmente en relación con el empleo
y la confianza institucional. Por su parte, Shannon et al. (2025) evidenciaron
contradicciones entre los objetivos sancionadores y las prácticas de recaudación. Esta
convergencia permite comprender cómo distintas exigencias institucionales pueden
interactuar y ampliar las dificultades económicas de determinadas poblaciones.
La dimensión interseccional introduce diferencias relevantes en la experiencia del
control penal. Mauri et al. (2025) identificaron efectos heterogéneos de reformas
monetarias según características raciales y territoriales, mientras que Mikelbank
(2025) documentó asociaciones entre pobreza comunitaria, composición racial y
suspensiones administrativas vinculadas con deudas. Sin embargo, estas
coincidencias no demuestran necesariamente interacciones causales entre las
variables examinadas. Su interpretación requiere distinguir indicadores individuales,
características territoriales y mecanismos institucionales para evitar generalizaciones
injustificadas.
Las discrepancias entre investigaciones muestran que reducir determinadas formas
de castigo no implica eliminar todas las desigualdades del sistema penal. Sims (2025)
identificó disminuciones de detenciones preventivas sin transformaciones
proporcionales equivalentes en su composición racial, mientras que Mauri et al. (2025)
observaron beneficios desiguales de las reformas monetarias. Asimismo, ahn et al.
(2024) no encontraron incrementos significativos en los indicadores de violencia
armada examinados. Estas diferencias evidencian la necesidad de evaluar
separadamente eficacia institucional, equidad distributiva y seguridad pública.
La interpretación de los hallazgos presenta limitaciones derivadas de la
heterogeneidad metodológica, las diferencias jurisdiccionales y la diversidad de
indicadores utilizados para operacionalizar la pobreza. Mokhtari et al. (2025)
recurrieron a evidencia cualitativa para comprender experiencias de control
institucional, mientras que Jahn et al. (2024) emplearon un diseño cuasiexperimental
orientado a resultados poblacionales. Esta diversidad dificulta comparar magnitudes
y establecer inferencias causales equivalentes. Además, permanece pendiente la
validación sistemática del corpus y su evaluación formal del riesgo de sesgo.
En conjunto, la discusión permite proponer una interpretación integrada de la
criminalización de la pobreza mediante tres dimensiones: control coercitivo de
prácticas de subsistencia, desigualdad de recursos durante el procedimiento penal y
consecuencias socioeconómicas de las sanciones. Los hallazgos de Mokhtari et al.
(2025), Sims (2025) y Schwendeman et al. (2024) proporcionan fundamentos para
esta articulación, aunque no demuestran una secuencia causal universal. Por ello, la
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 172
Artículo Científico
investigación futura deberá priorizar evaluaciones longitudinales y comparativas que
permitan fundamentar políticas criminales proporcionales, equitativas y
empíricamente verificables (Bonilla-Morejón, 2023).
5. Conclusiones
La criminalización de la pobreza constituye un fenómeno multidimensional en el que
las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica interactúan con mecanismos
normativos, administrativos e institucionales de control. La evidencia examinada
identifica prácticas de vigilancia territorial, regulación coercitiva de actividades de
subsistencia e intervenciones sobre personas sin vivienda que pueden incrementar su
exposición al sistema penal. Desde la perspectiva criminológica, estos hallazgos
permiten comprender la selectividad institucional como un proceso condicionado por
desigualdades materiales y características del contexto jurídico, sin que ello implique
atribuir intencionalidad discriminatoria a todas las actuaciones estatales.
Las desigualdades socioeconómicas adquieren especial relevancia durante el
procedimiento penal y la ejecución de sanciones, debido a que las diferencias en la
capacidad económica pueden traducirse en oportunidades desiguales para ejercer
garantías procesales y cumplir obligaciones judiciales. La evidencia analizada indica
que determinadas reformas orientadas a reducir barreras económicas mejoran
resultados institucionales específicos, aunque no eliminan necesariamente las
disparidades entre grupos sociales. Desde el Derecho Penal, estos hallazgos justifican
examinar la igualdad material, la proporcionalidad de las sanciones y el acceso
efectivo a la justicia, diferenciando las desigualdades empíricamente observadas de
las vulneraciones jurídicas que requieren acreditación particular.
Las consecuencias socioeconómicas de determinadas intervenciones penales
pueden extenderse más allá de la sanción inmediata y relacionarse con mayores
dificultades habitacionales, laborales y financieras, lo que plantea la posibilidad de que
algunos mecanismos institucionales contribuyan a mantener condiciones
preexistentes de precariedad. Sin embargo, la heterogeneidad metodológica de los
estudios y la ausencia de una validación sistemática definitiva impiden establecer una
relación causal universal entre pobreza y castigo penal. En consecuencia, resulta
necesario fortalecer las políticas criminales mediante criterios de proporcionalidad,
evaluación de la capacidad económica y análisis de sus efectos sociales, así como
desarrollar investigaciones longitudinales y comparativas que permitan establecer con
mayor precisión los mecanismos de reproducción de desigualdades.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
Journal of Economic and Social Science Research | Vol. 06 | Num. 04 | Oct – Dic | 2026 pág. 173
Artículo Científico
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
“Los autores declaran que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial
generativa en la elaboración de este manuscrito.”
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