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Journal of Economic and Social Science Research
ISSN: 2953-6790
Vol. 5 - Núm. 2 / Abril – Junio 2025
Jurisprudencia educativa como pilar de la equidad y
el acceso al derecho a la educación
Educational jurisprudence as a pillar of equity and access to the right
to education
Llanos-García, Renata Valeria
1
Ocampo-Valle, Gabriela Fernanda
2
https://orcid.org/0009-0009-1772-8640
https://orcid.org/0009-0003-1829-1811
renata.llanos@ueb.edu.ec
gabriela.ocampo@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, Bolivar.
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, Bolivar.
Bonilla-Fierro, Luis Fernando
3
Calero-Brito, Eduardo Efraín
4
https://orcid.org/0009-0006-7308-5326
https://orcid.org/0000-0002-3441-7774
ferchobonilla1996@hotmail.com
eduardo.calero@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, Bolivar.
Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, Bolivar.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n2/188
Resumen: Este artículo analiza el papel de la
jurisprudencia como instrumento clave para garantizar el
derecho a la educación con enfoque de equidad. A partir de
una revisión bibliográfica sistemática, se examinaron 330
documentos científicos extraídos de la base de datos
Scopus entre 2020 y 2025, utilizando las palabras clave
educational y jurisprudence. Se emplearon herramientas
analíticas como “documents by country or territory” para
explorar la distribución geográfica y las tendencias
temáticas. Los resultados evidencian una fuerte
concentración de la producción académica en el norte
global, especialmente en Estados Unidos y Rusia, con
escasa representación del sur global. Se identificaron tres
grandes aportes de la jurisprudencia educativa: la garantía
del acceso universal, la protección de poblaciones
vulnerables y la promoción de reformas normativas e
institucionales. No obstante, persisten desafíos como la
desigualdad en la aplicación judicial, la baja difusión de las
sentencias y la falta de transversalidad con otros derechos
fundamentales. Estos hallazgos se interpretan a la luz de
estudios previos y permiten concluir que, aunque la
jurisprudencia educativa ha fortalecido el marco de
equidad, su impacto efectivo depende de condiciones
institucionales, voluntad política y articulación intersectorial.
Palabras clave: jurisprudencia educativa; derecho a la
educación; equidad; justicia social; políticas públicas.
Research Article
Received: 14/Mar/2025
Accepted: 07/Abr/2025
Published: 30/Abr/2025
Cita: Llanos-García, R. V., Ocampo-Valle, G.
F., Bonilla-Fierro, L. F., & Calero-Brito, E. E.
(2025). Jurisprudencia educativa como pilar de
la equidad y el acceso al derecho a la
educación. Journal of Economic and Social
Science Research, 5(2), 51-66.
https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n2/188
Journal of Economic and Social Science
Research (JESSR)
https://economicsocialresearch.com
info@editoriagrupo-aea.com
Nota del editor: Editorial Grupo AEA se
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© 2025. Este artículo es un documento de
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Internacional.
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Abstract:
This article analyzes the role of jurisprudence as a key instrument for guaranteeing the
right to education with a focus on equity. Based on a systematic literature review, 330
scientific documents extracted from the Scopus database between 2020 and 2025
were examined using the keywords educational and jurisprudence. Analytical tools
such as “documents by country or territory” were used to explore geographical
distribution and thematic trends. The results show a strong concentration of academic
production in the global north, especially in the United States and Russia, with little
representation from the global south. Three major contributions of educational
jurisprudence were identified: the guarantee of universal access, the protection of
vulnerable populations and the promotion of normative and institutional reforms.
Nevertheless, challenges persist, such as inequality in judicial application, low
dissemination of judgments and lack of transversality with other fundamental rights.
These findings are interpreted in the light of previous studies and allow us to conclude
that, although educational jurisprudence has strengthened the equity framework, its
effective impact depends on institutional conditions, political will and intersectoral
articulation.
Keywords: educational jurisprudence; right to education; equity; social justice; public
policies.
1. Introducción
La educación es reconocida como un derecho humano fundamental, indispensable
para el desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, en muchos contextos de
América Latina persisten profundas desigualdades en el acceso, permanencia y
calidad del sistema educativo, especialmente entre poblaciones vulnerables. Ante esta
realidad, la jurisprudencia educativa ha emergido como una herramienta crítica para
garantizar la equidad y proteger los derechos educativos frente a la omisión o
insuficiencia del accionar estatal. Este artículo propone examinar, desde una
perspectiva jurídico-social, cómo la jurisprudencia contribuye a la materialización del
derecho a la educación como principio de justicia y equidad, centrándose en su
impacto normativo, estructural y cultural en los marcos legales contemporáneos.
En este contexto, el problema que se identifica se relaciona con la brecha existente
entre el reconocimiento formal del derecho a la educación y su efectiva garantía,
particularmente en poblaciones que han sido históricamente marginadas por factores
estructurales como la pobreza, el desplazamiento forzado, la discriminación étnica o
de género, y la falta de infraestructura institucional. Aunque las constituciones y
tratados internacionales consagran el derecho a la educación, su cumplimiento
depende no solo de políticas públicas eficaces, sino también de un aparato judicial
que, mediante la jurisprudencia, obligue al Estado a adoptar medidas concretas para
garantizarlo. Tal como han señalado García Moreno y Vargas Fonseca (2023), el
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acceso equitativo a los derechos en contextos territoriales diferenciados requiere una
lectura interseccional del ordenamiento jurídico, especialmente cuando se entrelazan
derechos sociales, culturales y ambientales, como ocurre en territorios étnicos.
Uno de los factores que afecta directamente la realización del derecho a la educación
es la débil articulación entre las normas jurídicas y su aplicación efectiva por parte de
las autoridades competentes. La falta de transversalización del debido proceso y de
enfoques garantistas en las decisiones judiciales puede conducir a la vulneración
sistemática de derechos fundamentales, como lo destacan Arcos-Chaparro y Epia-
Silva (2024) en su análisis sobre relaciones laborales. Esta deficiencia, extrapolada al
ámbito educativo, implica que niñas, niños y adolescentes de comunidades excluidas
frecuentemente ven limitado su acceso a una educación digna por ausencia de
mecanismos judiciales eficaces que protejan sus intereses frente al incumplimiento
estatal. Además, la interpretación restrictiva de los derechos sociales por parte de
algunos tribunales dificulta la consolidación de una jurisprudencia robusta que actúe
como catalizadora de transformaciones estructurales en los sistemas educativos.
Asimismo, otro aspecto relevante es la creciente complejidad jurídica y tecnológica en
los procesos educativos contemporáneos. La integración de tecnologías digitales en
los entornos escolares ha generado nuevos desafíos legales relacionados con la
protección de datos personales, la seguridad de la información y la equidad en el
acceso a recursos tecnológicos. En este sentido, Barahona-Martínez et al., (2024)
advierten que los avances tecnológicos sin regulación adecuada pueden profundizar
la desigualdad, si no se establecen marcos normativos y jurisprudenciales que
aseguren la inclusión digital y protejan los derechos de los estudiantes. A ello se suma
la necesidad de revisar y reformar los marcos constitucionales y legales para
responder a las transformaciones sociales y tecnológicas, como lo argumenta Barzola-
Plúas (2022), quien subraya la importancia de reformas constitucionales que
fortalezcan el rol garantista del Estado en relación con los derechos sociales
fundamentales, entre ellos, la educación.
Justificar una revisión crítica del papel de la jurisprudencia educativa en la
consolidación de la equidad y el acceso al derecho a la educación radica en el
reconocimiento de que los fallos judiciales no solo resuelven controversias
individuales, sino que también constituyen precedentes normativos que pueden
transformar políticas públicas, prácticas institucionales y percepciones sociales sobre
la justicia educativa. En este sentido, la jurisprudencia actúa como una forma de
justicia redistributiva que permite visibilizar las asimetrías sociales y exigir al Estado
medidas afirmativas para corregirlas. Su estudio resulta viable y pertinente dado el
creciente número de decisiones judiciales en América Latina que, en los últimos años,
han sentado bases para una interpretación más progresiva del derecho a la
educación, favoreciendo a grupos históricamente discriminados y ampliando el
alcance del control constitucional sobre las políticas educativas.
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El objetivo de esta investigación consiste en analizar el papel de la jurisprudencia
educativa como un pilar fundamental para garantizar el derecho a la educación con
criterios de equidad, revisando fallos judiciales, marcos normativos y estudios
doctrinarios relevantes en el contexto latinoamericano. Este artículo de revisión
bibliográfica pretende contribuir a la comprensión del potencial transformador de las
decisiones judiciales, resaltando su función no solo como mecanismos de reparación
individual, sino como herramientas estructurales para la democratización del acceso
a la educación. A partir del estudio de fuentes científicas y jurídicas actualizadas, se
busca ofrecer una visión crítica e informada que permita fundamentar propuestas
orientadas a fortalecer el rol del poder judicial en la protección del derecho a la
educación como componente esencial del desarrollo humano y la cohesión social.
2. Materiales y métodos
La presente investigación se desarrolló bajo una metodología de revisión bibliográfica,
orientada a identificar, analizar y sintetizar la producción académica existente sobre el
papel de la jurisprudencia en el ámbito educativo a nivel internacional. El objetivo fue
establecer un panorama detallado del desarrollo teórico y práctico de la jurisprudencia
educativa, así como su incidencia en el acceso equitativo al derecho a la educación.
Como antecedente metodológico, se reconoce el valor de los estudios bibliométricos
en la consolidación de revisiones sistemáticas, ya que permiten detectar tendencias,
vacíos y aportes significativos dentro de un campo disciplinar determinado. En este
sentido, la revisión bibliográfica no solo se limitó a identificar literatura relevante, sino
que se complementó con un análisis cuantitativo de la producción científica, con el
propósito de comprender la distribución geográfica y temática de los estudios
existentes.
Para alcanzar este propósito, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de literatura
científica en la base de datos Scopus, reconocida por su rigurosidad en la indexación
de publicaciones académicas de alto impacto. La estrategia de búsqueda se
estructuró en torno al uso de palabras clave específicas: educational y jurisprudence.
Estas palabras fueron seleccionadas por su pertinencia directa con el objeto de
estudio, y se aplicaron en los campos de título, resumen y palabras clave, a fin de
ampliar el espectro de recuperación documental sin comprometer la relevancia
temática.
El periodo de búsqueda comprendió desde el año 2020 hasta el año 2025, con el fin
de incluir investigaciones recientes y relevantes que reflejen la evolución y tendencias
contemporáneas en torno al tema. Bajo estos criterios, se identificaron un total de 330
documentos, los cuales constituyen el universo base del análisis bibliométrico. Esta
cantidad de documentos evidencia el interés creciente por el estudio de la
jurisprudencia educativa y su impacto en los marcos normativos y en las políticas
públicas educativas.
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Posteriormente, se procedió al uso de las herramientas analíticas integradas en la
plataforma Scopus, que permiten visualizar, segmentar y categorizar la información
recopilada. Entre estas herramientas, se utilizó la opción documents by country or
territory, la cual permitió determinar la distribución geográfica de la producción
científica en torno a la temática analizada. Este análisis fue fundamental para
identificar los países con mayor participación en la generación de conocimiento sobre
jurisprudencia educativa.
Figura 1.
Distribución de documentos sobre jurisprudencia educativa por país o territorio (2020–
2025)
Nota: La figura presenta los diez países con mayor número de publicaciones científicas indexadas en
Scopus que contienen las palabras clave educational y jurisprudence, en el periodo 2020–2025. Fuente:
Elaboración propia con base en Scopus (2025).
Los resultados obtenidos, representados en la Figura 1, mostraron que los Estados
Unidos encabezan el listado con una amplia ventaja, acumulando más de 120
publicaciones sobre el tema durante el periodo analizado. Le sigue la Federación Rusa
con aproximadamente 40 documentos, y en menor medida el Reino Unido, Indonesia,
Italia, Canadá, España, Francia, Malasia y Australia, cada uno con una contribución
menor pero significativa. Este panorama evidencia una fuerte concentración de la
producción científica en contextos anglosajones y euroasiáticos, lo cual sugiere una
posible brecha en la representación académica de regiones como América Latina o
África en el estudio de la jurisprudencia educativa.
Además del análisis por país, se consideró la revisión exhaustiva del contenido de los
documentos más relevantes, seleccionados con base en su frecuencia de citación,
tipo de publicación (artículos de investigación y revisiones), y pertinencia temática.
Este proceso permitió establecer categorías emergentes de análisis y detectar
enfoques comunes, como la judicialización de los derechos educativos, la
interpretación constitucional del derecho a la educación, y el rol del poder judicial en
la equidad educativa.
El tratamiento metodológico aplicado se caracterizó por un enfoque cualitativo-
cuantitativo, en el cual las herramientas métricas permitieron construir un panorama
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general, mientras que la revisión crítica y reflexiva de los documentos seleccionados
permitió una interpretación más profunda y contextualizada de los hallazgos. Esta
combinación metodológica aseguró la solidez analítica del estudio, así como la validez
de sus conclusiones frente a los objetivos propuestos.
3. Resultados
3.1. Tendencias globales en la producción científica sobre jurisprudencia
educativa
El análisis bibliométrico de la producción científica sobre jurisprudencia educativa
revela una clara concentración geográfica del conocimiento, particularmente en países
del norte global. Estados Unidos y la Federación Rusa se posicionan como los
territorios con mayor número de publicaciones indexadas en la base de datos Scopus
entre los años 2020 y 2025. Esta supremacía no solo se explica por la solidez de sus
sistemas de investigación y universidades, sino también por la articulación entre
política pública, derecho y educación como componentes estructurales del desarrollo
nacional. En el caso específico de la Federación Rusa, investigaciones recientes
evidencian un interés creciente por vincular el desarrollo institucional y social con el
fortalecimiento del acceso equitativo a derechos fundamentales, entre ellos, el
educativo, como parte de una visión integral del desarrollo sostenible (Baicherova et
al., 2023). Esta tendencia responde a una lógica de acumulación académica centrada
en países con mayores capacidades institucionales, lo cual, si bien garantiza rigor y
volumen de producción, genera un sesgo geopolítico que limita la diversidad de
enfoques.
Por otro lado, regiones como América Latina, África y partes del sudeste asiático
presentan una baja representación en la literatura sobre jurisprudencia educativa, a
pesar de enfrentar retos estructurales profundos en materia de equidad educativa. La
escasa visibilidad de estos contextos en los repositorios internacionales refleja no
necesariamente una falta de investigación local, sino dificultades relacionadas con la
financiación, la indexación de revistas regionales, y las barreras lingüísticas y
epistemológicas. En este sentido, Núñez-Ribadeneyra (2023) subraya que las
asimetrías en la producción y circulación del conocimiento jurídico tienen efectos
directos sobre la manera en que se conciben y aplican los derechos humanos,
contribuyendo a la reproducción de lógicas excluyentes en el acceso a la justicia y a
la educación.
La revisión muestra un aumento constante en el volumen de publicaciones sobre
jurisprudencia educativa desde el año 2020. Este incremento está directamente
relacionado con las consecuencias jurídicas y sociales de la pandemia de COVID-19,
que puso en evidencia las profundas desigualdades estructurales en el acceso a
derechos básicos, especialmente en contextos educativos. La crisis sanitaria obligó a
los sistemas judiciales a responder a nuevos desafíos derivados del cierre de
instituciones educativas, la migración forzada hacia plataformas digitales y la falta de
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recursos para garantizar la continuidad del aprendizaje en poblaciones vulnerables.
Estos factores catalizaron una reflexión crítica en el ámbito jurídico, impulsando
investigaciones centradas en la función del poder judicial como garante de derechos
fundamentales en escenarios de excepción.
Autores como Samaniego-Quiguiri (2023) destacan que el contexto pospandémico
reactivó el interés por analizar los mecanismos institucionales de acceso a la justicia
desde una perspectiva de equidad, no solo en el ámbito penal o civil, sino también en
lo referente a los derechos sociales. La jurisprudencia emergente en este periodo
refleja un cambio de paradigma, donde el derecho a la educación es reinterpretado no
como una prestación discrecional del Estado, sino como un mandato vinculante que
debe garantizarse incluso en condiciones de crisis. Esta transformación ha derivado
en un mayor volumen de estudios doctrinarios y empíricos orientados a evaluar la
capacidad del sistema jurídico para actuar como compensador de desigualdades
estructurales en el campo educativo.
La literatura académica revisada evidencia ciertos enfoques recurrentes en el estudio
de la jurisprudencia educativa a nivel internacional. Predomina el análisis de la
interpretación judicial del derecho a la educación, particularmente en lo relativo a su
estatus como derecho fundamental exigible. Las investigaciones también abordan el
rol del Estado como garante del acceso equitativo y la necesidad de establecer
mecanismos correctivos frente a situaciones de discriminación, exclusión o
negligencia institucional. Este enfoque está alineado con los principios de justicia
social y derechos humanos que, según Núñez-Ribadeneyra (2023), deben orientar la
actuación del sistema legal para responder de manera efectiva a las desigualdades
históricas.
No obstante, el panorama bibliográfico presenta vacíos importantes en temas
emergentes que afectan directamente el ejercicio del derecho a la educación en el
siglo XXI. Por ejemplo, la literatura revisada evidencia escasa atención a la protección
de datos personales en entornos digitales escolares, el derecho a la conectividad
como extensión del derecho a la educación, y los desafíos éticos de la inclusión digital.
Este desbalance temático es preocupante en la medida en que la transformación
tecnológica del entorno educativo está reconfigurando tanto las condiciones de acceso
como los marcos normativos de protección. Basnukaev et al., (2024) señalan que
cualquier estrategia de desarrollo sostenible debe considerar la interdependencia
entre el acceso equitativo a los recursos tecnológicos y la garantía efectiva de
derechos fundamentales, lo cual aplica directamente al ámbito educativo y su
regulación jurídica. Por tanto, se requiere una ampliación del enfoque jurisprudencial
hacia nuevas dimensiones que consideren los desafíos contemporáneos del
aprendizaje mediado por tecnologías y su regulación legal.
3.2. Principales aportes de la jurisprudencia a la equidad educativa
Uno de los principales aportes de la jurisprudencia en materia educativa ha sido la
consolidación del derecho a la educación como un derecho fundamental plenamente
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exigible ante instancias judiciales. Las decisiones emitidas por tribunales
constitucionales y cortes supremas en distintas jurisdicciones han establecido
precedentes vinculantes que obligan al Estado a remover los obstáculos que impiden
el acceso equitativo a la educación, ya sean de tipo económico, geográfico, cultural o
institucional. Este reconocimiento judicial ha promovido una comprensión de la
educación no como una prestación condicionada por los recursos estatales, sino como
un deber jurídico impostergable y universal.
En este sentido, aunque el enfoque central de algunos sectores ha estado
tradicionalmente vinculado al desarrollo económico y productivo, como en el caso del
sector agroindustrial, el análisis de experiencias comparadas en contextos de
planificación estatal permite identificar la relevancia de un aparato institucional sólido
para garantizar derechos fundamentales. Por ejemplo, estudios como el de Denisova
et al. (2021), que analizan la financiación pública en sectores estratégicos como el
agrícola en la Unión Europea y Rusia, evidencian la importancia de un soporte
financiero estatal estructurado como base para la reproducción de capital social y
humano. Este principio es análogo a lo requerido en el ámbito educativo, donde la
jurisprudencia ha enfatizado la obligación del Estado de generar condiciones
materiales para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, evitando que las
restricciones presupuestarias justifiquen su incumplimiento.
Las decisiones judiciales también han desempeñado un papel central en la protección
de los derechos educativos de grupos históricamente excluidos. La jurisprudencia
contemporánea ha evolucionado hacia enfoques más inclusivos, estableciendo
criterios específicos de protección para comunidades indígenas, personas con
discapacidad, migrantes y otros sectores en condición de vulnerabilidad. Estas
resoluciones judiciales no solo reconocen las desigualdades estructurales que
enfrentan estas poblaciones, sino que también exigen la adopción de medidas
afirmativas por parte del Estado, tales como la adecuación curricular, la accesibilidad
de infraestructuras y la asignación de recursos diferenciales.
Aunque los estudios referenciados se enmarcan en contextos productivos y
ambientales, los principios metodológicos que plantean pueden trasladarse a la
comprensión de las necesidades diferenciadas de las comunidades educativas. Por
ejemplo, Khomiakov y Azikov (2021) destacan la importancia de adaptar los modelos
de intervención estatal a las condiciones específicas de los territorios, tomando en
cuenta variables ecológicas y sociales. Esta perspectiva de adaptación territorial
puede aplicarse al campo educativo mediante políticas judicialmente impulsadas que
reconozcan la diversidad cultural, lingüística y geográfica de las poblaciones
atendidas, garantizando así una educación con enfoque de derechos y pertinencia
contextual.
Otro de los aportes destacados de la jurisprudencia ha sido su capacidad para
impulsar transformaciones legales y administrativas orientadas a mejorar la equidad
educativa. Muchas decisiones judiciales han servido como catalizadoras de reformas
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normativas que modifican marcos legales obsoletos, exigen la creación de nuevas
instituciones o ajustan políticas públicas en función de los estándares constitucionales
de igualdad y no discriminación. Esta dinámica ha permitido el fortalecimiento de
estructuras institucionales con capacidad para garantizar el cumplimiento efectivo del
derecho a la educación, particularmente en contextos donde el accionar del legislador
ha sido insuficiente o postergado.
La función transformadora de la jurisprudencia guarda analogía con los procesos de
innovación institucional que se observan en otros sectores estratégicos del Estado.
Así lo exponen Khoruzhy et al., (2020), quienes destacan cómo la implementación de
sistemas de reporte integrados en organizaciones del sector agroindustrial ha
generado nuevas dinámicas de responsabilidad, monitoreo y mejora continua. De
forma similar, en el ámbito educativo, las sentencias judiciales han propiciado la
adopción de mecanismos de control institucional más eficientes y orientados a
resultados, obligando a los Estados a rendir cuentas respecto al cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales en materia de educación.
La necesidad de adecuar los métodos de intervención pública a realidades locales se
refleja en la propuesta de Korotkikh et al., (2021), quienes abordan metodologías
adaptativas para la gestión de recursos técnicos en regiones específicas. En el campo
jurídico-educativo, esta lógica se traduce en el requerimiento de medidas
diferenciadas, impulsadas por la jurisprudencia, que aseguren no solo el acceso
formal a la educación, sino su efectividad real en función de las particularidades
sociales y territoriales.
3.3. Retos persistentes en la consolidación de una jurisprudencia educativa
efectiva
A pesar de los avances logrados en materia de jurisprudencia educativa, persisten
desafíos estructurales que limitan su eficacia como mecanismo transformador del
acceso equitativo al derecho a la educación. Estos retos están estrechamente
vinculados a factores contextuales como la debilidad institucional, la falta de
mecanismos de difusión y apropiación de sentencias judiciales, y la ausencia de un
enfoque intersectorial que articule el derecho a la educación con otros derechos
fundamentales. El análisis de estos obstáculos permite comprender por qué, en
muchas regiones, la jurisprudencia sigue teniendo un impacto restringido,
especialmente en contextos del sur global donde las condiciones sociojurídicas son
más frágiles y heterogéneas.
Una de las barreras más significativas en la consolidación de una jurisprudencia
educativa efectiva es la disparidad regional en la aplicación y ejecución de las
decisiones judiciales. Si bien algunos países cuentan con sistemas constitucionales
robustos que garantizan la ejecución inmediata de sentencias relacionadas con
derechos educativos, en otras regiones la debilidad institucional y la falta de
autonomía judicial limitan gravemente su efectividad. Este fenómeno es similar al
observado en sectores estratégicos como el agrícola, donde el desarrollo competitivo
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está condicionado por la capacidad institucional local para implementar políticas
públicas sostenibles (Pashtetsky et al., 2020).
En contextos con escasa capacidad operativa, las sentencias judiciales pueden
convertirse en declaraciones formales sin impacto material en el sistema educativo.
La ausencia de mecanismos de monitoreo y seguimiento, así como la fragmentación
del poder judicial, agravan esta situación, haciendo que el derecho a la educación
continúe siendo vulnerado de manera sistemática. Esta realidad evidencia una justicia
desigual, donde el acceso efectivo a los derechos depende más del territorio o del
nivel de desarrollo institucional que del marco legal vigente.
Tabla 1.
Factores institucionales que afectan la aplicación judicial del derecho a la educación
por región
Región
Autonomía
judicial
Infraestructura
jurídica
Ejecución de
sentencias
Nivel de
acceso a
justicia
América Latina
Media
Media
Baja
Media
Europa
Occidental
Alta
Alta
Alta
Alta
África
Subsahariana
Baja
Baja
Muy baja
Baja
Asia Central y
Meridional
Baja
Media
Media
Baja
Nota: Elaboración propia a partir del análisis comparado de sistemas judiciales en regiones
seleccionadas. La tabla muestra las diferencias estructurales que inciden en la aplicación efectiva de
la jurisprudencia educativa (Autores, 2025).
Como se observa, regiones con mayores niveles de autonomía judicial e
infraestructura institucional presentan una ejecución más efectiva de sentencias en
materia educativa. En contraste, los países con menores capacidades estatales
tienden a experimentar una aplicación parcial o nula de la jurisprudencia, lo que
genera un acceso desigual a la justicia educativa. Esta disparidad limita la
consolidación de una cultura jurídica basada en derechos.
Otro obstáculo importante es la escasa difusión de las decisiones judiciales
relacionadas con el derecho a la educación. Muchas sentencias relevantes no son
ampliamente publicadas ni sistematizadas, lo que impide su apropiación por parte de
actores clave como docentes, autoridades escolares, organizaciones sociales y
comunidades educativas. Sin una estrategia de comunicación jurídica efectiva, el
potencial transformador de estas resoluciones se ve considerablemente reducido.
Este fenómeno puede compararse con los desafíos observados durante la pandemia
en la cadena de suministro alimentaria, donde la falta de coordinación y de algoritmos
de gestión adecuados impidió una respuesta eficiente frente a la crisis (Slozhenkina
et al., 2021). Del mismo modo, la falta de estructuras de diseminación y capacitación
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jurídica dentro del sistema educativo impide que la jurisprudencia tenga un impacto
concreto en la toma de decisiones escolares o en las políticas públicas sectoriales.
Tabla 2.
Estrategias judiciales de difusión y su nivel de implementación en sistemas educativos
Estrategia de difusión
Nivel de
implementación
Impacto en el acceso a
derechos
Publicación oficial en línea
Medio
Medio
Capacitación a funcionarios
Bajo
Bajo
Sistematización
jurisprudencial
Bajo
Bajo
Divulgación en medios
Muy bajo
Muy bajo
Nota: Datos estimados en base a observaciones en sistemas educativos de países con menor
desarrollo institucional. Se evidencian vacíos importantes en la diseminación del contenido y relevancia
de las sentencias educativas (Autores, 2025).
Las sentencias judiciales pierden poder de transformación cuando no llegan a quienes
deben aplicarlas o beneficiarse de ellas. La falta de institucionalización de estrategias
de difusión impide que los precedentes se conviertan en herramientas de cambio
sistémico. En este sentido, el fortalecimiento de redes estratégicas de difusión y
formación jurídica puede aumentar el impacto de la jurisprudencia educativa, como lo
sugieren los modelos de redes colaborativas en otros sectores (Stadnyk et al., 2021).
Se identifica una débil articulación entre el derecho a la educación y otros derechos
fundamentales, lo cual reduce el alcance e impacto de la jurisprudencia en contextos
reales. Las decisiones judiciales tienden a abordar el derecho educativo de manera
aislada, sin considerar su interdependencia con otros derechos como la salud, la
protección de datos personales, el acceso al agua potable en entornos escolares o la
sostenibilidad ambiental del espacio educativo.
Esta carencia de enfoque integral contrasta con enfoques intersectoriales aplicados
en otros ámbitos, como el ambiental, donde se promueve la integración de políticas
para enfrentar retos globales como el cambio climático y la sostenibilidad territorial
(Tarasova et al., 2024). En el ámbito educativo, adoptar una perspectiva transversal
permitiría abordar con mayor eficacia problemas estructurales que afectan la
permanencia y calidad del aprendizaje, especialmente en zonas rurales y
desfavorecidas (Zhussupov et al., 2020).
4. Discusión
La consolidación de la jurisprudencia educativa como una herramienta efectiva para
garantizar el derecho a la educación sigue enfrentando desafíos estructurales que
limitan su impacto, especialmente en contextos con debilidad institucional y escasa
articulación normativa. Los resultados expuestos permiten afirmar que, si bien existe
una producción científica creciente sobre la temática —particularmente desde el año
2020—, esta se encuentra concentrada geográficamente en países del norte global,
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como Estados Unidos y Rusia, lo cual restringe la pluralidad epistémica y dificulta la
incorporación de enfoques situados que respondan a las realidades de regiones
históricamente subrepresentadas, como América Latina y África (Denisova et al.,
2021; Pashtetsky et al., 2020). Esta concentración del conocimiento también perpetúa
modelos jurídicos que no necesariamente responden a los desafíos socioeducativos
del sur global, generando un desequilibrio en la producción y apropiación de
estándares jurídicos aplicables al derecho a la educación.
Además, el análisis bibliográfico evidencia que, si bien se ha incrementado la atención
hacia el derecho educativo como derecho fundamental exigible, la mayoría de los
estudios continúan centrados en su dimensión formal, omitiendo con frecuencia una
visión holística que contemple la intersección con otros derechos, tales como la
protección de datos personales, el acceso a servicios de salud escolar, o las
condiciones ambientales adecuadas para el aprendizaje (Basnukaev et al., 2024;
Zhussupov et al., 2020). Esta falta de transversalidad normativa refleja una limitación
conceptual que obstaculiza el diseño de políticas públicas integrales y que, por ende,
restringe el impacto estructural de la jurisprudencia.
En este marco, la jurisprudencia ha desempeñado un papel relevante al exigir al
Estado la eliminación de barreras económicas, geográficas y culturales que impiden
el acceso equitativo al sistema educativo, así como al favorecer a comunidades
históricamente excluidas, entre ellas pueblos indígenas, migrantes y personas con
discapacidad (García Moreno & Vargas Fonseca, 2023; Samaniego-Quiguiri, 2023).
No obstante, su efectividad depende en gran medida del grado de institucionalización
que posean los sistemas judiciales y del compromiso del poder público para
implementar y monitorear las decisiones emitidas. En países con marcos normativos
frágiles o con baja autonomía judicial, muchas sentencias quedan en el plano
declarativo, sin mecanismos adecuados para garantizar su cumplimiento. Esta
realidad, como lo señala Núñez-Ribadeneyra (2023), contribuye a perpetuar un
acceso desigual a la justicia y refuerza la exclusión estructural en el ámbito educativo.
La limitada difusión de las decisiones judiciales representa un obstáculo adicional para
la consolidación de una cultura jurídica transformadora. Sin una estrategia institucional
de comunicación, formación y apropiación de la jurisprudencia por parte de las
comunidades educativas, estas decisiones pierden su potencial normativo y
pedagógico. Esta situación se asemeja a los vacíos de coordinación observados en
otros sectores, como el agroindustrial durante la pandemia, donde la falta de
algoritmos organizativos redujo la eficiencia de las intervenciones (Slozhenkina et al.,
2021). En este sentido, fortalecer redes de divulgación jurídica y fomentar el acceso
abierto a decisiones judiciales con lenguaje comprensible es una condición sine qua
non para democratizar el conocimiento jurídico y aumentar el impacto social de la
jurisprudencia educativa.
Por otro lado, los aportes de la jurisprudencia al fortalecimiento de políticas públicas
no deben entenderse únicamente en términos reactivos. Las decisiones judiciales han
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servido como detonantes de reformas legales e institucionales que han obligado a los
Estados a adoptar medidas correctivas frente a la desigualdad educativa, generando
nuevas dinámicas de gobernanza basadas en la exigibilidad de derechos y en la
rendición de cuentas. Como señalan Khoruzhy et al., (2020), la transformación
institucional depende de la creación de mecanismos de reporte, seguimiento y
evaluación que permitan monitorear la efectividad de las decisiones judiciales, aspecto
que cobra especial relevancia en el campo educativo, donde los impactos son de largo
plazo y afectan a generaciones enteras.
Se observa que el potencial de la jurisprudencia como pilar de la equidad educativa
requiere una revisión crítica de su alcance, instrumentos y límites. Es necesario
avanzar hacia una concepción más sistémica de la justicia educativa, que no se limite
a garantizar el acceso, sino que incorpore la calidad, la inclusión y la protección
integral de los estudiantes como elementos centrales del derecho a la educación. Para
ello, resulta imprescindible articular la jurisprudencia con enfoques interdisciplinares,
que incluyan la sociología del derecho, la pedagogía crítica, y los estudios territoriales,
con el fin de construir respuestas jurídicas sensibles a las múltiples formas de
exclusión que persisten en los sistemas educativos contemporáneos.
5. Conclusiones
El presente estudio ha permitido establecer una visión amplia, crítica y fundamentada
sobre el papel de la jurisprudencia como mecanismo esencial para garantizar la
equidad y el acceso efectivo al derecho a la educación. A partir del análisis sistemático
de la producción académica reciente indexada en Scopus, se confirma que, durante
el periodo 2020–2025, ha existido un crecimiento sostenido en las investigaciones
relacionadas con la jurisprudencia educativa, motivado en gran parte por las tensiones
que emergieron tras la pandemia de COVID-19 y los desafíos persistentes de
desigualdad estructural. Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme ni
equilibrado. La producción científica sobre el tema se concentra geográficamente en
países del norte global, lo que revela un desequilibrio epistemológico significativo y
una limitada inclusión de enfoques situados desde el sur global, particularmente de
América Latina, África y ciertas regiones de Asia.
A pesar de las limitaciones en la distribución del conocimiento, se evidencian aportes
concretos de la jurisprudencia al fortalecimiento del derecho a la educación como
derecho fundamental. Entre estos se encuentra la exigibilidad jurídica del acceso
universal, la protección efectiva de poblaciones vulnerables y la generación de
procesos de reforma normativa impulsados por decisiones judiciales. La
jurisprudencia ha actuado como catalizadora de cambios estructurales, obligando a
los Estados a adoptar medidas afirmativas, revisar políticas públicas y establecer
estándares mínimos de equidad, inclusión y no discriminación en los sistemas
educativos. No obstante, estos avances están condicionados por el contexto
institucional de cada país, lo que significa que su impacto no es homogéneo. En
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aquellos Estados donde el poder judicial carece de autonomía, recursos o capacidad
de ejecución, las decisiones judiciales tienden a quedarse en el plano simbólico, sin
transformar las condiciones reales de acceso a la educación.
Otro hallazgo relevante del estudio es la identificación de obstáculos persistentes que
limitan la consolidación de una jurisprudencia educativa efectiva. Entre ellos, destaca
la falta de mecanismos adecuados de difusión y socialización de las sentencias, lo
cual impide su apropiación por parte de actores clave como docentes, comunidades
escolares, autoridades locales y organizaciones sociales. Esta debilidad compromete
la dimensión pedagógica y normativa de la jurisprudencia, y restringe su potencial
como herramienta de transformación social. Asimismo, se constata una limitada
articulación entre la jurisprudencia educativa y otros derechos fundamentales
conexos, como el derecho a la salud escolar, a la conectividad digital, a un ambiente
limpio o a la protección de datos personales. Esta falta de transversalidad dificulta el
abordaje integral de los problemas educativos contemporáneos, y evidencia la
necesidad de avanzar hacia modelos jurídicos que reconozcan la interdependencia
de los derechos y la complejidad de las condiciones territoriales.
Aunque la jurisprudencia ha demostrado ser un pilar normativo importante para
garantizar la equidad educativa, su capacidad transformadora está directamente
vinculada a tres factores principales: la solidez del sistema judicial, la calidad del
entramado institucional que la acompaña y la voluntad política de los Estados para
cumplir y ampliar el alcance de las decisiones judiciales. De igual manera, es
imperativo reconocer que el derecho a la educación no puede entenderse de forma
aislada, sino que requiere una visión sistémica que lo relacione con las múltiples
dimensiones del bienestar humano y del desarrollo sostenible. La educación como
derecho fundamental debe ser interpretada a la luz de los principios de justicia social,
dignidad, participación y equidad intergeneracional, lo que exige una jurisprudencia
más amplia, inclusiva y contextualizada.
Se concluye que la consolidación de una jurisprudencia educativa efectiva, legítima y
transformadora implica no solo mejorar los marcos normativos y las capacidades
institucionales, sino también democratizar el conocimiento jurídico, fortalecer la cultura
de derechos en las comunidades educativas y promover investigaciones que integren
enfoques interdisciplinarios. Solo así será posible avanzar hacia sistemas educativos
más equitativos, resilientes y verdaderamente centrados en la justicia.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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